Representantes de ocho organizaciones nacionales e internacionales estuvieron dos días en la región, como parte de la campaña impulsada por Tlachinollan “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, y constataron que no existen medidas para prevenir la violencia contra las mujeres que ha aumentado durante la pandemia, y contra defensores de derechos humanos y periodistas. Obtuvieron información sobre actos de intimidación, amenazas, ataques a la integridad física y de que y no hay sentencias condenatorias de los responsables
Tlapa, Guerrero, 13 de mayo de 2021. La misión de observación de organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos que estuvo en Tlapa dos días documentó la situación de violencia en la región Montaña pidió que se hagan investigaciones imparciales para que se sancionen a los responsables y no haya impunidad.
Los representantes de las organizaciones dieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en donde participaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Artículo 19; Brigadas Internacionales de Paz-México (PBI) y el Espacio OSC.
De Serapaz, Paola Pacheco lamentó la falta de atención integral a los casos de desaparición en la Montaña y solicitó a las autoridades municipales, estatales y federales que se realicen investigaciones imparciales y efectivas donde se sancione a los responsables, se hagan procesos de identificación forense de los cuerpos y se garantice la seguridad en la búsqueda de personas desaparecidas y para las familias que denuncian con la Guardia Nacional y la Comisión de Búsqueda, sobre todo al colectivo Luciérnaga.
De la Red TDT, Mariana Mendoza comentó sobre la violencia de género y feminicidio que en el contexto de pandemia se agravó en las comunidades ante la lejanía a las instituciones para el acceso a la justicia lo que genera impunidad y los agresores siguen libres.
Y que no existen protocolos con perspectiva de género, no hay asesores jurídicos, hay carencia de personal y no se garantiza el derecho de las víctimas a ser escuchadas y acceder a la justicia.
De Espacios OSC, Mario Hurtado dijo que se constataron los actos de intimidación, vigilancia, amenazas, ataques a la integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas y ausencia de los planes de protección con las particulares de cada estado; y no hay sentencias condenatorias de los incidentes reportados.
Llamaron a las autoridades a que reconozcan la labor de los defensores para el fortalecimiento de la democracia y se abstengan de discursos que estigmaticen el ejercicio periodístico.
Demandan que se generen medidas de protección, prevención de manera articulada atendiendo el contexto rural.
De Fundar, Ángel Ruiz dijo que los patrones criminales de la ausencia del Estado y colusión de las dos generan las condiciones de violencia y eso lleva a la impunidad, por lo que se debe cambiar la visión de estado.
Se deben fortalecer las instituciones e investigar cómo funcionan para poder desmantelar la red de complicidades.
De PBI, Lena Weber dijo que escucharon testimonios preocupantes y aumento de casos de feminicidios, desapariciones en la región y un alto grado de impunidad.
Le recordó a las autoridades que deben respetar los derechos humanos de prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos porque sólo así se puede garantizar su integridad de los defensores, así como atender lo psicoemocional y también considerar a las personas que por un familiar desaparecido o por otro caso se convierten en defensoras emergentes.
Del Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra comentó que la colusión de las autoridades hace que haya dilación en la investigación de los casos y pidió a las organizaciones que sigan acompañando a los defensores de la Montaña, luego de escuchar los testimonios.
Y les dijo que buscaran un diálogo con las autoridades estatales y federales para exponer los casos que documentaron porque a ellos no les han abierto las puertas porque no les interesa la Montaña ni lo que pasa porque hay otras prioridades, dijo.
Rosales Sierra comentó que por la campaña se empiezan agilizar algunas investigaciones y reencauzar como el caso de Nereida y su hija para ser tomada como feminicidio y no como suicidio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que han tenido reuniones con las dependencias ante la dilación de los casos, sobre todo las desapariciones con el colectivo Luciérnaga con la revisión de las llamadas y algunas cosas frenadas con el argumento de la pandemia.
Rosales Sierra dijo que por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no han tenido reacciones, pero sí en el plano regional y estatal donde se van a tener reuniones.
Las organizaciones dijeron que Tlachinollan documentó, de marzo 2020 a 2021, 20 casos de feminicidio, 15 de violencia sexual, cuatro desapariciones y 73 casos de violencia económica.
Y que, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sólo atendió algunos puntos relacionados con el caso del homicidio de Arnulfo Cerón Soriano y de ahí no ha tenido otras intervenciones.
Barrera Hernández comentó sobre los usos y costumbres, que el pago de la dote matrimonial se ha traducido en dinero mercantilizado en la vida de las mujeres, porque el dinero manda y como Tlachinollan han intervenido, pero es una situación difícil.
Las instituciones del Estado no han documentado ni protegido los derechos de las mujeres de la comunidad y las han dejado en el abandono, lo cual resalta en los municipios más pobres como en la zona me´phaa y la na savi.
Implementen medidas para prevenir la violencia: Organizaciones
La visita se situó en el marco de la campaña por la vida “Mar de agravios, Montaña de quebrantos” y Tlachinollan difundió un boletín en que solicitan a las autoridades federales, estatales y municipales que se implementen medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas.
Se brinden las medidas de protección adecuadas tanto para las víctimas de violaciones a derechos humanos como por las personas defensoras y periodistas, mismas que consideramos necesario que se realicen por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ante la labor de defensa que realicen para luchar contra la impunidad en sus casos.
Piden que se atiendan las problemáticas estructurales de desaparición de personas y feminicidios, para lo cual es necesario que se realicen investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas para que las víctimas accedan a la verdad y la justicia.
Que realicen acciones tendientes a revertir la violencia que prevalece en la Montaña de Guerrero y se haga un reconocimiento público de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de aquellas víctimas que han trascendido su dolor para luchar contra la impunidad.
Mencionaron que, de acuerdo a los testimonios de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género y de agresiones a personas defensoras y periodistas se percataron de una grave falta de atención por parte de las instituciones públicas a la situación de violencia estructural que se vive en la región, la falta de medidas de protección efectivas para las víctimas de violaciones a derechos humanos y personas defensoras, así como medidas para la atención a víctimas.
Consideraron que los testimonios de las víctimas dieron cuenta de la inacción de las autoridades, que hay un trato denigrante y discriminatorio de quienes conducen las investigaciones, así como dilaciones y graves irregularidades en las indagatorias que impide que las víctimas accedan a la justicia, propiciando la impunidad.
Plantean que no existen medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y la agresión a defensores de derechos humanos, por el contrario, la actuación ilegal de los grupos delictivos que existen en la región en connivencia con las autoridades propicia un aumento exponencial de las agresiones contra mujeres y defensores de derechos humanos y periodistas sumando a esto la descalificación de la labor de defensores de derechos humanos y periodistas.
Y que la problemática se han profundizado desde el año pasado por la pandemia por Covid-19, ante el cierre de las instituciones públicas, la reducción del personal y presupuesto de los diversos organismos públicos que atienden estas problemáticas, así como las propias medidas confinamiento que han agudizado la violencia de género que se vive en la región.
Las organizaciones firmantes recalcaron su preocupación ante la falta de atención la violencia en la región y especialmente de la problemática estructural de desaparición de personas y violencia de género.
Y que ha hecho que las personas surjan como defensores emergentes para luchar contra la impunidad y pidieron garantizar las investigaciones imparciales y exhaustivas en los casos, así como la sanción de los responsables, ya que es el único camino para romper el ciclo de violencia que se vive en la Montaña de Guerrero.
Texto y foto: Carmen González Benicio
