Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El 12 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, más de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, descendieron de varios autobuses y vehículos para iniciar un bloqueo en la carretera federal que une a la ciudad de México con Acapulco, a la altura del hotel Parador del Marqués, al sur de la capital del estado.
La demanda de los estudiantes era la misma que habían reiterado durante varios meses: ser recibidos por el gobernador Ángel Aguirre para tener una respuesta concreta a los compromisos que el mandatario había contraído ante los normalistas en su visita a la Normal el 26 de septiembre de 2011. Nunca imaginaron que, ante la nueva protesta, la respuesta sería aterradora.
Al poco tiempo de que el bloqueo se había instalado, sin que previamente se priorizaran o agotaran canales de diálogo político y sin que se apersonaran en el lugar funcionarios con capacidad de interlocución de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero, aparecieron en el sitio, alrededor de las 12 del día, elementos de la Policía Federal Preventiva portando armas largas. A los pocos minutos llegaron policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, encabezados por el subsecretario de Prevención y Operación Policial de dicha Secretaría, General Ramón Miguel Arriola Ibarra. También se encontraba ahí Moisés Alcaraz, director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Las autoridades que se encontraban en el lugar quedaron supeditadas a los mandos policiacos. Los elementos de la Policía Federal Preventiva se apostaron en el lugar en son de ataque. Comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra los estudiantes. La agresión fue escalando, con la llegada de más refuerzos de la Policía Federal, quienes realizaron los primeros disparos al aire. Fue la señal funesta que desencadenó la acción violenta. Ante esta embestida policial algunos estudiantes se apertrecharon cerca de la gasolinera.
La acción incontrolable de los policías arremetió con todo. Fue en ese instante que una bomba de gasolina se incendió. El caos se apoderó de la gente. Las llamas alcanzaron a uno de los empleados de la gasolinera, que lamentablemente perdió la vida.
Minutos después, según coinciden tanto los testimonios de quienes presenciaron los hechos como las mismas crónicas periodísticas, arribaron al lugar varios elementos de la Policía Investigadora Ministerial del estado, portando armas de grueso calibre y vestidos de civil, sin ninguna insignia oficial visible que los distinguiera como miembros de este cuerpo policial. Como ya es costumbre, llegaron cortando cartucho y abrieron fuego en el lugar donde se concentraba la mayoría de los estudiantes, quienes se confundían con las personas que habían descendido de sus vehículos por el bloqueo de la carretera.
Los disparos de armas de fuego se prolongaron entre las 12:10 y las 12:30, llegando a ser, por momentos, de una intensidad inusitada. No se trataba de un enfrentamiento, porque ningún estudiante disparó. Fueron más bien víctimas de la acción gansteril protagonizada por los policías estatales, ministeriales y federales.
Cuando la metralla cesó, los estudiantes buscaron dónde guarecerse. Creyeron que terminaría la pesadilla, sin embargo, los elementos de las diversas corporaciones los buscaron hasta en las faldas de los cerros.
Las detenciones arbitrarias se prolongaron durante más de una hora. En ese momento, miembros de las fuerzas armadas llegaron al lugar de los hechos donde acordonaron el lugar y, finalmente reabrieron la carretera federal después de las 14:00 horas. La represión encarnizada contra los estudiantes muestra de cuerpo entero a las corporaciones policiales de nivel federal y estatal, quienes actúan sin ningún control, sin atender los protocolos que están obligados a cumplir para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que se manifiestan públicamente y hacer un uso adecuado de la fuerza.
Como organismo de derechos humanos, logramos documentar en el lugar de los hechos graves violaciones a estos derechos contra los estudiantes normalistas quienes se manifestaban pacíficamente.
La ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús
Tras el fallido “operativo”, se comprobó que dos jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron privados arbitrariamente de la vida al haber sido lesionados por impactos de bala, quedando sus cuerpos tendidos en la cinta asfáltica de la autopista después de los incidentes.
Más tarde se sabría que se trataba de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, originarios de Atoyac de Álvarez y Tixtla, respectivamente, de 19 y 20 años de edad.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, se trató de dos ejecuciones extrajudiciales causadas por un uso excesivo, desproporcionado e irracional de la fuerza pública, caracterizado por un empleo innecesario de las armas letales.
Más allá de la calificación legal de los hechos y la documentación de las violaciones, es importante mencionar que las historias de vida de Jorge Alexis y Gabriel encarnan el trayecto vital de muchos de los jóvenes que llenan las aulas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Originario de Tixtla, Gabriel fue un joven entregado al estudio y a la lucha. Desde que estuvo en el Colegio de Bachilleres se caracterizó por tener buenas calificaciones. Muy pronto fue nombrado delegado nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Sus compañeros lo recuerdan como un joven muy activo, comprometido y audaz. Fue fiel a sus raíces como hijo de una familia indígena que se forja en el trabajo del campo y que crece en medio de precariedades.
Jorge Alexis nació en la Y Griega, en la entrada de Atoyac de Álvarez. Fue hijo de una familia humilde, que también fincó todas sus esperanzas en Alexis para que lograra el sueño de ser maestro y estar en posibilidades de ayudar económicamente a sus padres.
Jorge Alexis y Gabriel levantaron la voz para exigir lo que a todo estudiante por derecho le corresponde: contar con recursos económicos para sufragar sus estudios. Su protesta era para exigir al gobernador que cumpliera con su compromiso de darle solución a su pliego petitorio. Su visita a la Normal el 26 de septiembre de 2011 fue premonitoria y funesta por lo que sucedería tres años después, con la desaparición de los 43 estudiantes de esta Normal, que es la cuna de la resistencia y de la dignidad.
Texto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan/ Foto: José Luis de la Cruz/Archivo
