Ruta de fuga
Andrés Juárez
Echar el agua sobre los ríos resecos no parecía lo más eficiente. Los agricultores de Chihuahua se opusieron desde noviembre del año pasado a que se abrieran las compuertas de la presa La Boquilla durante el estiaje, solicitaban que el agua se pagara a Estados Unidos en el límite marcado, es decir en octubre de este año. Sin embargo, las autoridades federales del agua rompieron el diálogo unilateralmente y abrieron las compuertas, liberando con ello una ola de protestas. En los últimos días llegó a la cúspide el conflicto, con la muerte de una mujer, esposa de un agricultor que sigue recuperándose de una herida grave, algunos dicen que provocada por la Guardia Nacional, aunque no se ha comprobado. Luego del conflicto, seis subdirectores de Conagua han renunciado y llega una nueva visión: el manejo del agua como bien común. Ya veremos si logra permear las duras capas del subsuelo institucional o prevalece la visión neoliberal del agua como mercancía.
El conflicto por el agua en Chihuahua es real, galopante y manipulado con fines electorales, sin duda, de ambos bandos, pero de ninguna manera es un conflicto nuevo, como se ha insistido desde la tribuna oficial. El conflicto por el agua es añejo e involucra un pésimo manejo sociopolítico de la Conagua, así como la extracción ilegal del agua para riego por parte de familias como los tristemente célebres Le Baron, colonos menonitas, ejidatarios y productores de nuez. El conflicto internacional ha escalado rápidamente hasta llegar al secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, mediante una carta del gobernador de Texas, acusando a México de resistirse a entregar la cuota de agua que le corresponde por el Tratado Internacional de Aguas de 1944.
“Cuando, habiendo desatendido el diálogo en curso, Conagua abre las compuertas de una presa tan importante como La Boquilla, no sólo deja el paso libre a miles de metros cúbicos adicionales de agua, sino también a la resistencia espontánea y furiosa de los productores y la población, a descalificaciones, lucros políticos y hasta a los infiltrados y provocadores”, advertía desde marzo el experto e investigador-docente de la UACJ, Víctor Manuel Quintana. A la apertura unilateral de las compuertas se suma la ausencia de un espacio claro y oficial de diálogo –un espacio lo abre la Conagua, otro la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, y otro el gobierno de Chihuahua–, más la consiguiente información contradictoria generada hacia los campesinos.
Durante décadas se ha dicho que el tratado internacional de aguas es benéfico para México, mientras se deja de lado que cuando se firmó, hace 75 años, Estados Unidos no tenía la cantidad de megapresas que tiene ahora tanto en la cuenca del río Colorado –donde una de ellas da agua a la ciudad de Las Vegas– como en la cuenca del río Grande-Bravo. Aparte de la calidad de agua que se deja para Baja California. Pero se sabe que es particularmente malo para Chihuahua, que aporta en buena medida la cuota de agua quinquenal que se manda al vecino del norte. Los agricultores del estado lo saben y se han defendido cada quinquenio para evitar que, por beneficiar la agricultura de Texas, de Tamaulipas y estados vecinos, se deje sin agua a los chihuahuenses. La diferencia de este año parece ser el pésimo manejo de la crisis por parte de las autoridades federales.
La presidencia de la República ha denunciado el manejo electoral y conspirativo contra el gobierno actual, si bien desde 2019 se dejó crecer el conflicto hasta que derivó en enfrentamientos en marzo de 2020, luego la llegada de la Guardia Nacional, la resistencia por parte de los agricultores, los disturbios por la apertura de la presa Las Vírgenes en julio, hasta la expulsión de la GN y el lamentable “accidente” en el que perdió la vida una mujer y fue herido su esposo agricultor. También se deja fuera el cierre de los espacios de diálogo, y sobre todo la gestión del agua basada en el mercado que produjo el conflicto socioambiental por el agua del estado.
La sobreexplotación de los acuíferos de Chihuahua, la apertura ilegal de pozos, el tráfico de concesiones de agua entre rancheros y colonos, además de la negativa a que se use el agua de las presas para cumplir con el acuerdo internacional, obedece a que el uso del agua –¡de un desierto!– está basada en el mercado, en abastecer a la agroindustria y a unas ciudades fronterizas en franca expansión, en vez de establecer un manejo basado en el agua como bien común. Aquí hago eco de las propuestas de Víctor M. Quintana: urge la conformación de un espacio de información, diálogo, debate y construcción de consensos, con información suficiente, adecuada y precisa proporcionada por la CILA y Conagua; la construcción de un mecanismo conjunto y corresponsable de las instalaciones e infraestructura hidráulica; acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas de entrega del agua a Estados Unidos y a los distritos de riego que deben, también, ser reordenados en sus sistemas de producción… y retomo los apuntes de Quintana nuevamente: “podemos convertir el conflicto actual del agua en la oportunidad para reordenar este bien común para todas y todos, para la vida”.
La caminera
El presidente de México ordenó un limpia en la Comisión Nacional del Agua y seis subdirectores generales –el grupo más poderoso del sector ambiental, no hay duda– presentaron su renuncia. Llegan, entre otras personas, Elena Burns, que durante décadas ha estudiado temas del agua y ha impulsado una iniciativa ciudadana que marca el uso del agua como bien común: agua para todos. Veremos qué pasa.
