En 25 años este organismo está centrado en proteger los derechos de las víctimas, dice el director, en respuesta a los ataques de Pichardo García.
Chilpancingo, Guerrero, 6 de julio 2019. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, aclaró anoche que en el trabajo de 25 años este organismo está centrado en proteger los derechos de las víctimas y de hacer una defensa centrada en los principios básicos de los derechos humanos.
La aclaración fue a raíz del señalamiento del presidente municipal de Tlapa del partido Morena, Dionicio Merced Pichardo García, quien cuestionó el trabajo de investigación de la abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio y de la reportera de El Sur, Carmen González Benicio, en el caso la joven madre Yaqueline Cruz Nemorio, quien exige que le devuelvan a su hijo que le quitó el Ayuntamiento por medio del DIF municipal para entregárselo a una pareja.
El miércoles el El Sur se publicó la historia de Yaqueline Cruz Nemorio, de 23 años, que dio a luz a Luis Miguel el 29 de octubre de 2018, en el hospital de Tlapa, y quien aquejada por trastorno depresivo, y sin plena conciencia de sus actos, dejó a su bebé en una calle, pero desde el mismo día lo busca y lo reclama. Sin embargo el presidente municipal Pichardo García, la presidenta del DIF, Concepción Espíndola Alvarado, y la subprocuradora de Defensa del Menor, Lariza Mejía Martínez, se niegan a entregar al niño.
Ayer el alcalde publicó en su perfil del Facebook que “estamos siendo acusados falsamente por la licenciada que dice ser defensora de los derechos humanos y por la pseudo periodista Carmen González del periódico El Sur, diciendo que no queremos devolver al niño y que recibimos dinero, incluso, la licenciada Ney (Tlachinollan) dice que no actúo con perspectiva de género, porque no le doy el lado a la madre del niño.
Barrera Hernández dijo que el caso es delicado que tiene que contextualizarse tomando en cuenta la situación sicológica de la mamá, el contexto en que actuó la autoridad, en este caso el DIF municipal de Tlapa, “y obviamente aquí nos preocupa mucho que el procedimiento del DIF no fue el adecuado porque de acuerdo con las normas lo que procede es que una vez de que se tiene conocimiento de que hay un menor abandonado, se debe entregar preferentemente a la familia de la mamá”.
Explicó que ese es el problema en este caso. Dijo que la actuación de la autoridad municipal no fue la más indicada en términos del procedimiento que establece que hay que buscar a la familia de la mamá para poder garantizar que el menor quede cobijado por el núcleo familiar.
Barrera Hernández añadió que lamentablemente en este caso se procedió a darlo a otra familia, y esto no garantizó que se pudiera tener una protección desde el punto de vista de los lazos familiares y afectivos.
Además informó que ya hay una determinación del Ministerio Público de que el niño se regrese a la abuela materna, para cumplir con esa norma.
Dijo que lo que preocupa a Tlachinollan en este caso es que la mamá del niño sufrió un problema grave en el momento de que ella fue abandonada y se sentía desamparada, “hay una crisis que enfrenta y los sicólogos le dan esa interpretación”.
El director de Tlachinollan añadió que es lamentable que por este trabajo de defensa que se realiza ahora el presidente municipal denueste a la defensora de derechos humanos, Arias Vitinio y que se desacredite su actuación en defensa de la víctima.
Agregó que también es lamentable que se descalifique el trabajo de la periodista Carmen González y se le descalifique y se le trate como una persona que no es periodista. “Yo creo que eso es muy grave de descalificar públicamente el trabajo de una compañera que lleva años haciendo un seguimiento de las noticias”.
Aclaró que lo que expuso en la nota no son sus opiniones, sino resultado de su trabajo de investigación en un caso que es de interés público.
Por su parte Vidulfo Rosales Sierra aclaró que la depresión post parto que sufrió la Señora Yaquelín que obligó a abandonar a su hijo, es una conclusión a la que llegaron expertos. Dijo que la primera opinión la emitió el sicólogo del Ayuntamiento de Tlapa y el segundo dictamen sería ratificado por un sicólogo del hospital de Huamuxtitlán, y que “no es una opinión empírica de Tlachinollan ni de nadie más”.
También explicó que el Ayuntamiento debió dar al menor en primer término a la familia ampliada; abuela, tíos u otros familiares cercanos de acuerdo a la Ley para la Protección de Niños y Adolescentes y no a personas distintas como lo hizo.
Informó que el Ministerio Público mediante resolución de fecha 6 de junio ordenó a la procuradora del DIF de Tlapa y al presidente municipal entregar al menor a la abuela no a la madre. “No es opción del presidente entregar al menor es una orden que se niega a cumplir”, aclaró.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo El Sur
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