Chilpancingo, Guerrero, a 17 de junio de 2026.- El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo cuestionó la campaña de canje de armas en Chilapa que anunció la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el lunes.
El promotor de la organización dijo que no es desarmando voluntariamente a la población como se logrará la seguridad y la paz en las comunidades, sino deteniendo y persiguiendo a los integrantes del grupo delictivo responsable de los ataques, Los Ardillos, haciendo justicia a los asesinados y desaparecidos, y cumpliendo las obras prometidas a las localidades.
La Defensa informó que del 17 al 26 de junio el Ejército implementará una campaña de canje voluntario de armas de fuego como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la pacificación en la región.
Explicó que las personas podrán entregar armas de manera anónima y recibirán una compensación económica, cuyo monto dependerá del calibre, marca y estado del armamento.
La campaña se realizará tras los hechos de violencia y desplazamiento de familias en comunidades de ese municipio, “por lo que busca reducir la presencia de armamento en la región”.
La estrategia forma parte de las acciones impulsadas para fomentar la paz y fortalecer la seguridad en las comunidades de Chilapa.
Se informó que el Ejército no hará investigaciones ni cuestionamientos sobre la procedencia de las armas entregadas, garantizando la confidencialidad de los participantes.
El dirigente del Cipog-EZ atajó que esa no es la solución para lograr la seguridad y la paz en las comunidades; “la solución es que detengan a los líderes de la delincuencia organizada, se tiene que desmantelar a todos los grupos del crimen organizado, mientras que no detengan a nadie y sólo desarmen voluntariamente a los ciudadanos, todo va a seguir igual, van a seguir los asesinatos, secuestros y extorsiones”.
Indicó que el problema, además, es la colusión de los funcionarios municipales con la delincuencia organizada, y que se tiene que actuar también en contra de ellos.
Añadió que esa campaña será mediática, “si no se actúa de fondo para resolver la inseguridad, esa campaña no va a servir de nada; se debe investigar, detener y sancionar no sólo a los delincuentes, sino a los funcionarios que desvían los recursos económicos para el crimen organizado, y es la causa que no llegan para las obras de los pueblos”.
Indicó que se requiere que el Gobierno federal realmente tome el control de los municipios y no permita que las autoridades locales estén en manos de la delincuencia.
Concluyó que también se logrará la seguridad y la paz cuando el Gobierno cumpla con todas las obras que prometió y no ha cumplido.
En el caso de las 12 comunidades donde opera el sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Cipog, no les han cumplido desde hace tres años la instalación de un banco del Bienestar, el reencarpetamiento de la carretera de Atzacoaloya a Hueycantenango, (la segunda del municipio de José Joaquín de Herrera), el centro de salud con servicios ampliados, y la construcción de un Bachillerato y seis aulas para la escuela primaria.
Zacarías Cervantes
