Chilpancingo, Guerrero, a 20 de septiembre de 2025.- Defensores de derechos humanos y abogados coincidieron ayer en el foro Ayotzinapa 11 años: luces y sombras, que las investigaciones del caso Ayotzinapa no avanzan porque no se ha roto con el pacto de impunidad para proteger al Ejército mexicano.
Disertaron sobre el tema Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos; Mario Patrón Sánchez, quien ha sido abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y es ex rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, así como Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
El encuentro se realizó en el comedor de la Normal de Ayotzinapa de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el tercer día de la jornada de actividades con motivo de los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de esa normal.
Ante madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, integrantes de organizaciones sociales y de colectivos de víctimas de desaparición, así como estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), los ponentes criticaron el hecho de que ni en la anterior ni en la actual administración del gobierno de Morena se haya roto con el pacto de impunidad para esclarecer este que es uno de los casos de graves violaciones a derechos humanos.
Patrón Sánchez dijo que, por el contrario, los casos de impunidad se siguen reproduciendo en el actual gobierno.
“Cuando nos preguntamos si después de la tragedia del 26 de septiembre del 2014 hubo en México un antes y un después, la respuesta es categórica: hoy las violaciones graves a los derechos humanos son peores de las que eran hace 11 años”, dijo.
“Hoy Iguala y toda esa región; Huitzuco, Taxco y Tepecoacuilco, presentan síntomas de un modelo de macro criminalidad todavía peor al que presentaban en el 2014.
Patrón Sánchez dividió los 11 años que lleva el caso Ayotzinapa en etapas, en la quinta y última que definió como “la oportunidad perdida”, dijo que “se vino por la borda” todo lo que se había avanzado en las cuatro etapas anteriores, “y, fundamentalmente, el gobierno que enarbolaba la narrativa de: Nosotros no somos iguales, terminaron siendo iguales”.
Agregó que los del actual gobierno asumieron el costo de no llegar a las raíces profundas de la verdad del caso Ayotzinapa y que, la primera hipótesis sería que fue por encubrir a los perpetradores.
Recordó que, en las etapas anteriores, las madres y padres, sus asesores y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no habían hecho un señalamiento expreso sobre la responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa, sino sólo se había hecho el señalamiento a él en el entorno de macro criminalidad.
Pero a partir de esta etapa se supo a través del testigo protegido Juan, Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados del caso Ayotzinapa, que un grupo de estudiantes llegó al 27 Batallón de Iguala, “es decir, el Ejército no solo es responsable en el caso Ayotzinapa en los términos de macro criminalidad, sino que estuvo vinculado directamente en la perpetración de los hechos”.
Insistió que ahí fue donde se topó la investigación “y donde no se abre el sol, por eso la gran oportunidad se convirtió en oportunidad perdida”, dijo.
El abogado agregó que por eso las madres y padres “de dignidad entera” después de 11 años siguen clamando y buscando verdad y justicia”.
Destacó que, con el cumplimiento de 11 años de Ayotzinapa, también es el cumplimiento del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum “y la pregunta es: ¿hasta dónde dará la disposición política de este nuevo gobierno que es el segundo del sello político de la 4T o de Morena?”.
A manera de respuesta, agregó que lo que han demostrado las graves violaciones a los derechos humanos en este país es que los colores y los sellos políticos no importan.
“Lo que importa es que pasan esos sellos políticos y sigue la impunidad que es uno de los mayores cánceres en este país porque el incentivo es que no pasa absolutamente nada y hay permisibilidad y es la impunidad lo que impide que haya un antes y un después, y solo hay un antes y un después a partir de las consecuencias profundas que develan cómo estas redes ilícitas del poder se encaraman en redes lícitas de poder y hay una fusión del crimen organizado con la institucionalidad pública del Estado”.
Concluyó que por eso no ha habido en 11 años, sin importar el sello político, esa voluntad y esa capacidad técnica para develar la verdad”.
Sostuvo que hoy, México, está más devastado, más herido, “es más un país de víctimas de lo que era hace 11 años, basta ver lo que hoy es Iguala, Taxco y toda esa zona en términos de macro criminalidad”.
En su turno, Alan García, agregó que, efectivamente, la principal sombra en una estela de oscuridad es el pacto de silencio que ha favorecido el ocultamiento de la verdad.
Pero aclaró que no es la única; “aquí hay una multiplicidad de oscuridades y puntos de sombras, una confabulación criminal que se gestó en esa noche y madrugada fatídica”.
Añadió que no solo fue ese 26 y 27 de septiembre, sino también la confabulación criminal para generar una versión oficial insostenible, “esa sombra de la mentira que lamentablemente al día de hoy perdura, sumado a la sombra de la impunidad”.
Dijo que es inconcebible que a 11 años no haya una sola persona sentenciada penalmente por los hechos de Ayotzinapa, “hay personas presuntamente involucradas en los hechos de Ayotzinapa pero han sido sentenciados por otros delitos”.
El funcionario de la ONU, expresó que la “sombra abismal” del caso Ayotzinapa es la principal pregunta que aún no cuenta con respuesta: ¿dónde están los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa?, ¿Cuál es su suerte? ¿Cuál es su paradero?, ¿Cuándo regresarán a casa?, ¿Cuándo sus familias los podrán volver a abrazar?
Explicó que en este contexto de ambivalencia da la sensación de lo que prevalece en el caso Ayotzinapa y es la oscuridad, pero que en medio de este caminar completo y tormentoso que han enfrentado las familias hay luces y estímulos para seguir adelante “y la mas fuerte y poderosa es la luz de las madres y padres de los 43 estudiantes y en sus movilizaciones que mensualmente realizan, porque son la fortaleza, la dignidad y el amor a sus hijos”.
Destacó que el Caso Ayotzinapa desde 2014 tuvo la capacidad no solo de desmontar una versión oficial, sino también de quitar un velo alrededor de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en México desde tiempos remotos.
Indicó que este despertar no es menor en un país en el que tradicionalmente a las víctimas se les pretende silenciar, y en donde a las víctimas en su mayoría no se les escucha y, fundamentalmente, no se les atiende.
Abel Barrera denunció por su parte que en este estado desde hace 50 años hay “actores perversos dentro de las instituciones y esos actores tienen nombres, se llama Ejército, el mismo que desapareció a Rosendo Radilla hace más de 51 años y hasta la fecha no se tiene indicios de su paradero, igual que a más de 600 personas de la Costa Grande, Costa Chica y Montaña y hasta la fecha no hay ningún militar investigado, mucho menos en la cárcel”.
Indicó que es ese mismo Ejército al que ahora se está protegiendo en el caso Ayotzinapa.
Añadió que ese México adolorido no ha cambiado a pesar de que otras personas llegaron al poder, “sigue intocada la estructura del poder militar, antes por lo menos podíamos cuestionar y llevar a los tribunales internacionales al Ejército, pero ahora es más difícil”.
Añadió que se han obstruido muchos caminos y se ha denigrado el apoyo internacional, “todo porque sigue el enconchamiento y porque ese pacto de impunidad se ha reafirmado por parte de los poderes del Estado con el Ejército y le han dado más poder, le han dado una ley a la Guardia Nacional para que tenga muchas funciones y suplanten en algunas ocasiones al mismo Ministerio Público y se meta en espacios civiles”.
Recriminó que las consecuencias están en lo que ha pasado con los marinos a los que les dieron a cuidar las aduanas, “ahí están las consecuencias de la militarización y las consecuencias de proteger a los que han cometido graves violaciones a los derechos humanos”, cuestionó el activista en referencia al señalamiento de elementos de la Marina por sus vínculos con los grupos delictivos.
Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
