Chilpancingo, Guerrero, a 20 de septiembre de 2025.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reúne firmas para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento que firmaron supuestos familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, que dio paso al cierre del caso desde 2012.
Norma Mesino, dirigenta de la OCSS, informó que en ese documento está la información detallada del monto que recibieron, como indemnización o reparación del daño, así como cuántas personas lo recibieron y quiénes son.
En la edición de este viernes, El Sur publicó que el caso Aguas Blancas está cerrado desde 2012 y se habría hecho público en el 2017, sin que la mayoría de familiares de las víctimas y sobrevivientes hayan tenido conocimiento.
Fue hasta el 1 de agosto pasado cuando Norma Mesino se enteró, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Entrevistada por teléfono, informó que el documento que firmaron los gobiernos federal y estatal, con las supuestas víctimas para que se cerrara el caso, lo tienen la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y la CIDH, pero ya lo solicitaron a la primera y se los negó, “argumentan que eso no se puede informar”.
Dijo que a causa de ello ahora lo van a solicitar a la CIDH, pero para ello están recabando firmas de los familiares de las victimas y sobrevivientes de la masacre, así como de miembros de la OCSS a la que pertenecían las víctimas.
Indicó que necesitan el documento para insistir ante las instancias internacionales en que se reabra el caso y que incluso a través de la Secretaría de Gobernación han pedido al gobierno federal que se reabra, “porque como 4T no pueden quedarse con esa resolución”.
La dirigente social declaró que las masacres no prescriben y que no se puede cerrar el caso, porque no hubo una real una atención integral, “no se ofreció disculpa a los familiares de las victimas ni a los sobrevivientes, ni se hizo justicia”.
Además, agregó que en cuestión de justicia no se detuvieron a los principales responsables intelectuales, que señaló en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que fue el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y todo su gabinete.
Norma Mesino dijo que es seguro que mucha gente que fue indemnizada no era parte de la OCSS y mucho menos sobrevivientes o familiares de las víctimas de la masacre.
Declaró que la forma en como se cerró el caso de Aguas Blancas “fue de una forma mañosa por parte de los gobiernos federal y estatal”.
El caso, según le informaron a la dirigente, se cerró en 2012 cuando estaba al frente del gobierno estatal Ángel Aguirre Rivero y en el federal Enrique Peña Nieto.
En tanto que se dio a conocer, se asegura, en 2017, cuando estaba al frente del gobierno estatal Héctor Astudillo Flores y seguía en el gobierno federal Peña Nieto.
El argumento fue que se reparó el daño, pero de acuerdo con la dirigente de la OCSS, no hubo tal y a algunos de los supuestos indemnizados sólo les dieron migajas cuando hacían peticiones al gobierno estatal.
“Empezaron a darles 110 mil pesos en diferentes partes, al grado que les llegaron a dar 2 mil pesos, y cada vez que recibían cierta cantidad les hacían firmar un documento, que ahora, se supone, era la renuncia a sus derechos”.
Norma Mesino aseguró que la mayoría de quienes son en realidad familias de las víctimas o sobrevivientes ni siquiera tuvieron conocimiento del convenio de las autoridades con el grupo que recibió el recurso.
También declaró que hay quienes firmaron el documento, a pesar de que nada tienen que ver con la masacre, con la OCSS, ni con los familiares de Aguas Blancas. Una de ellas, dijo, es Virginia Galeana, “todo fue muy a escondidas, bajo la mesa, de manera preparada, fue un plan con maña”, denunció.
Zacarías Cervantes
