Vidulfo Rosales Sierra
El 6 de junio de 1998 autoridades, principales y vecinos de dieciséis comunidades Ñuu Savi se encontraban reunidas en la escuela primaria Caritino Maldonado analizando temas de alimentación, salud y cómo dar marcha a un programa de alfabetización. Allí se encontraban también, miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) pero la reunión era eminentemente comunitaria. Los rebeldes cometieron un error al pernoctar en la escuela junto con los indígenas, eso está vedado en las reglas no escritas de la guerrilla. Los dirigentes lo han reconocido públicamente.
A las 2 de la mañana resonó una voz autoritaria de alguien que gritaba: ¡salgan perros muertos de hambre! Era el general Alfredo Oropeza Garnica comandante de la 27 Zona Militar que con megáfono y fusil en mano ordenaba a los indígenas na savi que salieran. El imperativo del jefe militar fue seguido de los estruendos de más de 280 municiones y al menos dos granadas de fragmentación. Los indígenas que intentaban huir o alzaban la mano en señal de rendición fueron ejecutados con el tiro de gracia. Sobrevivientes refieren haber visto que muchos los llevaron detenidos a la cancha, los pusieron boca abajo y les dispararon a quema ropa.
Según el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el saldo fue de 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban 4 niños y una estudiante universitaria.
Después de la masacre hasta la casa de Juan García de Los Santos en Mesón Zapote, llegó el comisario municipal para decirle a la esposa que tenían que ir a Acapulco a traer el cuerpo de su esposo. Junto con otros dos del pueblo habían sido asesinados por las balas del Ejército en El Charco. Llegaron a la funeraria Manzanares, le entregaron el acta de defunción de Juan y en una carroza trajeron su cuerpo y los de sus paisanos hasta el Ayuntamiento de Ayutla. De ahí, otro carro transportó los cuerpos de los tres indígenas a su comunidad. En la casa de Juan su familia lloraba y sus hijos no encontraban consuelo. Le rezaron, lo velaron y al día siguiente con todas sus cosas personales, como es la costumbre, fue llevado al panteón del pueblo. Ahí yacía en la tumba el indígena na savi, con flores y una cruz que indicaba la fecha de su nacimiento y muerte. Símbolo inequívoco que el fin de su vida había llegado.
Mientras tanto, Juan García de Los Santos inconsciente, con una bala en la cabeza, estaba en una cama del Hospital Naval Militar de Acapulco. Quince días después recobró la conciencia, y como pudo, pidió hablar con su esposa que no daba crédito a lo que oía. Cuando lo dieron de alta Juan llegó a su comunidad. Su esposa e hijos lloraban al verlo no sabían si lo que presenciaban era realidad o una pesadilla de la que estaban despertando. Pero en efecto, era Juan García de los Santos estaba de vuelta a casa. Al día siguiente se disponía salir al trabajo, pero no encontraba su ropa, huaraches, sombrero y sus herramientas de trabajo, al preguntar le dijeron que las pusieron en el ataúd del que creían era su cuerpo. ¿Entonces a quién sepultamos? Se preguntaban, sin hallar respuestas.
Al mismo tiempo, en la comunidad vecina de Coscatlán Candelaria, María Julia Lucaria lloraba inconsolablemente porque no sabía nada de su hijo Zeferino Damián Marcos. El 6 de junio por la mañana salió rumbo al Charco, le dijo que iba a una reunión y que por la tarde regresaba, pero no volvió. Se enteró que allá mataron a muchos, pero no sabía qué hacer ni dónde ir, sin saber leer, con trabajos hablaba el español y para el colmo estaba lleno de militares por todos lados.
Todos los días hacía tortillas de más y ponía más frijoles a la olla, se paraba en la puerta de su casa con lágrimas y su mirada yerma esperaba que apareciera Zeferino, chiflando, con su sombrero y su machete en mano, así como cuando se fue, joven, alegre, con apenas 18 años de edad. Con esa angustia y dolor pasaron días, meses y hasta el año se enteró de que a su hijo lo habían asesinado los militares en El Charco y que por equivocación lo habían enterrado en el Mesón Zapote, como Juan García de los Santos. Julia le pedía a las autoridades que le ayudaran para hacer los trámites legales y llevar el cuerpo de su hijo con ella para llorarlo y tenerlo cerca. Murió el 9 de mayo de 2019 sin lograrlo.
Por su parte, Juan García de los Santos jurídicamente está muerto, tiene un acta de defunción que lo acredita, no tiene su credencial de elector y está impedido para realizar toda clase de trámites legales.
A la fecha, la masacre del Charco se encuentra en la impunidad. No se inició ninguna investigación contra los militares por los asesinatos, lesiones, tortura y detenciones arbitrarias de los indígenas na savi. Sólo ellos fueron procesados y encarcelados por diversos delitos.
Las comunidades están en el abandono, sin centros de salud, la mayoría de las escuelas son multigrado y los caminos en pésimas condiciones. En tiempos de lluvia mujeres, hombres y niños tienen que caminar largas jornadas cargando sobre hombros sus productos para irlos a vender Ayutla.
La presidenta Claudia Sheinbaum hace días habló del caso en el marco de una disputa partidista con el expresidente Ernesto Zedillo. Pero graves violaciones a los derechos humanos como Aguas Blancas, El Charco, Acteal y otros no se han esclarecido, ni se ha debatido la necesidad de diseñar mecanismos de justicia transicional, para dar verdad y justicia a las víctimas.
Mientras tanto, los afectados por la masacre del Charco siguen en el olvido y la pobreza extrema. Han solicitado una reunión con la presidenta, ojalá los reciba. Sobre todo, que se inicien las investigaciones, se sancione a los militares y autoridades responsables de este crimen y se les repare el daño de manera integral.
