Chilpancingo, Guerrero, a 10 de agosto de 2024.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, declaró que el documento que contiene la lista de víctimas que fueron arrojados al mar en Acapulco en los “vuelos de la muerte” es clave para abrir otras puertas en la investigación; “es algo que tiene que profundizarse, sobre todo porque vienen los nombres de personas cuyos familiares han luchado durante cinco décadas”.
Barrera Hernández, quien también es comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, cuya vigencia termina en septiembre próximo, opinó que lo que revela el documento “es algo muy grave y doloroso; es una radiografía de la represión que se dio” y que apunta a que el Ejército tiene que abrir necesariamente sus archivos”.
Pero indicó que quien tiene que tomar muy en serio el documento es la Fiscalía General de la República (FGR). “Ahora tiene una alta responsabilidad, y el Poder Ejecutivo también, para ordenar, y sin simulación alguna, entregue toda la información que tiene el ejército de la guerra sucia”.
El activista opinó que la lista de las víctimas de la guerra sucia, es una fuente importante para que las autoridades tengan que investigar y responder, “no se puede de antemano descalificar, sino tomarlo como un documento que muestra una información que tiene que ser corroborada”.
Para Barrera Hernández, el documento llega en un momento propicio para que se pida cuentas al ejército; “este documento tiene que servir para la exigencia al ejército que rinda cuentas y tenga que ser investigado.
“Es (el documento) un hilo y una pieza del rompecabezas en el que hay que seguir hurgando para ir armando todo el entramado delincuencial que se urdió al interior del estado con el ejército y las corporaciones policiales que trabajaron y se especializaron en la represión y desaparición”.
“Creo que es un documento clave para abrir otras puertas. Creo que es algo que tiene que profundizarse sobre todo porque vienen los nombres de personas cuyos familiares han luchado por cinco décadas”, insistió el activista.
Añadió: “Es ahí donde se demuestra que sigue la herida viva de todo lo que pasó, yo creo que se vuelve a remarcar esta página dolorosa de los vuelos de la muerte y que las autoridades no han querido investigar a pesar de que es una práctica que se acentuó en Guerrero, sobre todo en Atoyac”.
Declaró que el documento confirma la represión que se especializó para poder deshacerse de quienes el gobierno catalogaba como enemigos del régimen “y merecían ser tirados al mar, para que nunca más se pudiera saber de ellos”.
Dijo que ahora, el documento abre una nueva etapa en cuanto a una investigación más profunda, pero sobre todo apunta a que el Ejército tiene que abrir sus archivos.
Sin embargo, denunció que estos archivos están vetados.
Informó que el equipo del Mecanismo Histórico fue adentrándose al acervo, pero en la medida que fueron identificando algunos documentos les fueron cerrando las gavetas por decisión de los mandos militares.
“Creo que aquí hay una alta responsabilidad de las autoridades civiles para comprometerse con las víctimas, familiares y sobrevivientes, con los colectivos y con la gente que ha estado en primera línea señalando y denunciando estas atrocidades”.
Abel Barrera dijo que el gobierno no puede soslayar la alta responsabilidad que tiene el Ejército porque con la lista de víctimas se confirma como realmente participaron en estas acciones “cruentas y terroríficas”.
“Es algo muy grave, muy doloroso, esto es una radiografía de la represión que se dio, centrada sobre todo, en los vuelos de la muerte, imagínense cuantos guerrerenses fueron víctimas, puesto que esta solo es una lista de alguien que se dice fue testigo y participó”.
Para el activista el documento es una fuente importante para que las autoridades tengan que investigar y responder, “no se puede de antemano descalificar, sino tomarlo como un documento que muestra una información que tiene que ser corroborada”.
Dijo que si las autoridades están encubriendo estas acciones como el caso Ayotzinapa, este documento tiene que colocar en la opinión pública la exigencia de justicia, para que el Ejército rinda cuentas y en verdad tenga que ser investigada su participación y su alta responsabilidad en todos estos hechos atroces.
Fue insistente en que, conocido el documento, la FGR tiene que realizar las investigaciones a través de su Unidad para investigar crímenes del pasado que cuenta ya con varios expedientes abiertos.
Agregó que este documento le marca la pauta a la Fiscalía para que siga profundizando en las líneas de investigación que apuntan al ejército “y de ahí, la misma Fiscalía tendrá que hacer lo conducente para pedir más información al Ejército e ir identificando quienes son los responsables”.
Sin embargo, dijo que también es procedente que los familiares de las victimas acudan ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como lo anunciaron algunos de ellos en la conferencia de prensa el jueves.
“Son delitos muy graves que aquí en México no han avanzado, ya llevamos cinco décadas sin que se investigue, toda la carga se ha trasladado a las víctimas que son las que en todo momento investigan y hacen todo lo posible para conocer el paradero de sus familiares, entonces ante la falta investigaciones exhaustivas y comprometidas con las victimas está abierta esa ruta”, dijo.
Explicó que el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que llegó hasta la Corte Interamericana marca la pauta porque al no haber justicia en nuestro país se acudió a los tribunales internacionales.
“Sí, es una alternativa, pero aquí en México también, debe haber ese compromiso de las autoridades de investigar y no haya impunidad, que no haya límites para que se conozca toda la verdad, que se hurgue en los archivos y si hay responsabilidad se castigue a los responsables”.
Añadió que precisamente este documento es una prueba de fuego para que de verdad se ordene que se entregue toda la información y se castigue a los responsables.
“Es el momento propicio para demostrar ese compromiso con las víctimas”.
Informó que como integrantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, no conocieron el documento, hasta ahora que se encontró.
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jessica Torres Barrera
