“Se vería muy mal” que se apruebe alargar el plazo para el ministro presidente de la Corte, advierte el abogado constitucionalista. Descarta que AMLO “tenga la pretensión de reelegirse o quedarse más tiempo en el poder”
El Sur / Ciudad de México, 21 de abril de 2021. La Cámara de Diputados discutirá este miércoles el paquete de reformas al Poder Judicial aprobadas en el Senado, que incluyó, de último minuto, la ampliación de dos años al plazo en el cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de modo que permanezca seis años y no cuatro, como establece la Constitución.
Asimismo, los senadores aprobaron dos años más en el cargo para los otros seis integrantes del Consejo Federal de la Judicatura –que encabeza Zaldívar–, aunque en la Constitución se fijan sólo cinco años.
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su apoyo a la propuesta del senador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho –que no había sido discutida previamente en comisiones– y ha insistido en que no es inconstitucional, en sentido opuesto a lo manifestado por distintos especialistas en derecho.
Para el abogado constitucionalista Jaime Cárdenas, que acompañó a AMLO en la formación del “gabinete legítimo” y años después en la fundación de Morena, se trata de un planteamiento precipitado, “no hablado con los demás partidos, ni analizado en comisiones o en la Mesa Directiva ni en ninguna instancia del Senado. Es un mecanismo tramposo, porque no fue deliberado en las instancias competentes del Senado”.
Pero sobre todo, “es una ampliación claramente inconstitucional”, indica el ex consejero de la Judicatura del Distrito Federal. “La Constitución, en el artículo 97, establece el periodo de cuatro años, de manera textual, para la presidencia de la Corte. Y aquí –en la minuta del Senado– se establece en una ley secundaria un plazo de seis años que rebasa el plazo permitido. Viola el artículo 97 de la Constitución”, remarca Cárdenas en entrevista con El Sur.
–¿Tiene posibilidades de prosperar? ¿Y si la ratifica la Cámara de Diputados? –se le pregunta.
–Esperaría que no prosperara, pero en caso de que diputados aprueben la ampliación y ratifiquen lo que hizo el Senado, fácilmente caería en una acción de inconstitucionalidad.
Si el caso llegase a la Corte, dice, Zaldívar “no podría participar, se tendría que excusar y los demás miembros de la Corte votarían. Él quedaría impedido para participar en ese debate. Es un asunto que está condenado a fracasar jurídicamente, no creo que prospere y será desechado en algún momento. Pero deja un mal sabor de boca”.
En opinión del también ex diputado por el PT, la intención de alargar el plazo de los siete integrantes del Consejo Federal de la Judicatura (CFJ) “significa que en el gobierno se quiere un Consejo afín”.
El CFJ, explica, “es el órgano de administración del Poder Judicial, de la carrera judicial, el órgano de disciplina”; es la instancia para investigar a los jueces, para sancionarlos, y a los magistrados también. “Es un instrumento represivo, de supervisión”. Ahí reside su importancia.
Las razones del Ejecutivo
Cárdenas, que fungió fugazmente –tres meses– como director del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, ve el origen de la polémica propuesta en la preocupación del gobierno federal de que “cualquier medida que adopta es inmediatamente impugnada, como vimos con la Ley de la Industria Eléctrica, y la oposición estimula la presentación de amparos o de acciones de inconstitucionalidad.
“Los jueces, y en su momento los magistrados, dan entrada a estos recursos, y aunque la última instancia sea la Corte, paralizan una ley, un acuerdo”.
Si el Ejecutivo logra un entendimiento con el CFJ, éste puede “amedrentar, dividir, amenazar en términos jurídicos a jueces y magistrados. Es una forma de tener el control sobre el Poder Judicial”.
Desde diversos espacios se ha dicho que esto atenta contra la división de poderes, se le menciona a Cárdenas. Responde que, en efecto, “estas decisiones no solamente disciplinan al Poder Judicial sino son contrarias al principio de división de poderes y al principio de independencia judicial”.
Sin embargo, “a todo gobierno, no solamente a éste, le interesa tener un Poder Judicial no muy independiente, aunque la teoría constitucional o la Constitución señalen otra cosa. Porque un Poder Judicial muy rebelde puede paralizar la función del gobierno, entonces se convierte en un instrumento de la gobernabilidad”.
Un asunto de gobernabilidad
Más allá de que el Poder Ejecutivo invada la esfera judicial, algunos analistas han alertado de que podría tratarse de una medida que anteceda o prepare la pretensión de López Obrador de alargar su periodo de seis años en el poder.
Jaime Cárdenas descarta esta interpretación: “Esta última lectura es incorrecta, no creo que esté pensando en eso. Simplemente el presidente desea cumplir su proyecto, su programa, y se ha dado cuenta de que es imprescindible contar con un Poder Judicial que avale sus decisiones y no las revierta. Yo lo leo como un tema constitucional, grave; pero entiendo que el presidente lo vea como un asunto estrictamente de gobernabilidad.
“No creo que él tenga la pretensión de reelegirse o quedarse más tiempo en el poder. No lo veo así. Sí lo veo mal en el sentido de que vulnera la independencia judicial”.
Cárdenas habla de cómo eran las cosas en el pasado para explicar lo que sucede en el presente: “Antes, en las épocas del PRI, no había necesidad de estas cosas que hace el actual gobierno porque todo funcionaba en automático. Los abogados, los que llegaban a la Corte, los integrantes del Poder Judicial coincidían en lo fundamental con el gobierno, con el partido hegemónico. Igual ocurrió con el PAN, no había una gran diferencia ideológica.
“Pero ante un gobierno que plantea cuestiones que son o que pueden tener una concepción ideológica distinta, pues no hay muchos jueces, ni magistrados, ni ministros, salvo las dos ministras y el ministro que propuso el presidente de la República, que tengan alguna empatía con Morena”.
En esta situación, añade Cárdenas, “se vuelve un asunto de Estado el contar con el respaldo del Poder Judicial. Y por eso estas medidas que son incorrectas, indebidas. Y además están condenadas al fracaso”.
Augura que la ampliación del plazo en el cargo de los integrantes del CFJ al final “no va a pasar. Va a ser muy desgastante para el ministro Zaldívar y para el gobierno”.
Zaldívar, el profesor de Felipe y Margarita
Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Cárdenas se concentra actualmente en su actividad como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Cuenta que conoció al hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando éste era “muy joven” y estaba en la Escuela Libre de Derecho. “Arturo Zaldívar siempre fue un buen estudiante, aunque no estaba en la UNAM; era una persona reconocida, respetada”.
Al principio de esta semana López Obrador declaró que Zaldívar ayudaría a “moralizar” al Poder Judicial y que nadie más podía garantizar el cumplimiento de la reforma al sistema judicial porque los jueces y magistrados “vienen del antiguo régimen”. Lo curioso es que Zaldívar fue designado ministro por Felipe Calderón, así que viene también del antiguo régimen, se le hace notar a Cárdenas.
“Son generalizaciones apresuradas del presidente”, critica el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE).
“Zaldívar fue, ciertamente, propuesto en el gobierno de Calderón porque fue profesor, es lo que no se sabe, tanto de Margarita Zavala como del propio Felipe en la Libre de Derecho.
“Ellos lo pensaron para la Corte porque vieron que era un abogado serio, lo propusieron por sus méritos. No creo que lo hayan propuesto para manejarlo. Y en poco tiempo él demostró que no estaba bajo el control de Calderón, ahí están sus decisiones, la de la guardería ABC, por ejemplo, que afectó a algunos miembros de la familia de Margarita y del equipo de Felipe”.
Como ministro, Zaldívar “se ha comportado con decencia durante estos años”, reconoce Cárdenas.
Los grandes cambios, de la ley a la ley
–¿Nadie más puede aplicar la reforma al Poder Judicial? –se le insiste.
–Mucho de lo que dice el presidente es resultado de su pragmatismo. Él se siente muy cómodo con Zaldívar, muy a gusto, y quizá piensa que cambiar de presidente de la Corte puede traerle algún problema si quien llegue tiene una manera distinta de pensar, opuesta a su gobierno.
–Pero la ley dice que el periodo de Zaldívar es de cuatro años. En todo caso tendrían que modificar la Constitución para que durara más su periodo, ¿no?
–No sé quién le ha dicho a López Obrador que eso es constitucional, cuando es claramente inconstitucional. Hay cosas en las que el presidente, por más voluntad que tenga, no puede estar en contra o por encima de la Constitución. Como dices, si se desea ampliar el periodo de los ministros o los consejeros de la Judicatura, se tendría que modificar primero la Constitución. Y eso también sería muy mal visto, porque se entendería que se está uniformando, homologando el periodo de los cargos de consejeros y presidente de la Corte al periodo presidencial para reducir el nivel de independencia del Poder Judicial. Eso sería muy negativo, aunque se modificara la Constitución. Son leyes que no debes tocar como jefe del Ejecutivo.
Se le recuerda a Cárdenas que López Obrador también argumentó que en épocas especiales los cambios los hacen las instituciones, pero en una época como la actual son las personas, los dirigentes, quienes hacen los cambios.
–¿Puede ser excusa para que duren las personas en sus cargos más allá de lo que indica la ley?
–El gran riesgo con lo que dice el presidente –responde– es que muchos piensen que él apuesta por un gobierno de personas, hombres y mujeres, y no por un gobierno de leyes. Se requieren muchos cambios democráticos, sociales, pero todos deben hacerse a través de las leyes, de las instituciones. Para eso hay que modificar leyes, instituciones, pero conforme a los procedimientos que establecen las leyes previas. Es decir: de la ley a la ley.
Si se hace brincándonos la Constitución o fuera del marco legal, acota, “ya sería un tema de fuerza. Si se puede cambiar como sea, pues puede llegar alguien más fuerte que diga “para mí el cambio es esto” y lo impone, en violación a los derechos de todos los demás. No sería un cambio civilizado. Esto es para un debate intelectual, académico: si ya concluyeron o no las etapas de las revoluciones, el cambio por la vía armada.
“En México –concluye quien fuera ex diputado constituyente de la Cdmx– los cambios históricos que tuvimos, eso de las tres transformaciones anteriores, fueron cambios violentos, pero el cambio que el país merece ahora debe ser por la vía pacífica, la vía democrática”.
Texto: Viétnika Batres
