Entrevista con Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 4 de julio de 2018. Apenas se acomoda en la silla, en su notaría ubicada en las Lomas de Chapultepec, Olga Sánchez Cordero cuenta que hace poco la visitó la periodista francesa Emmanuelle Steels y le regaló una copia de su libro El teatro del engaño. Buscando a Los Zodiacos, la banda de secuestradores que nunca existió, que habla sobre el caso Florence Cassez.
“Cada que tuiteo, dicen que liberé a una secuestradora. ¡No, liberé a una inocente!”, exclama Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien, de acuerdo con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se convertirá en la primera mujer que encabece la Secretaría de Gobernación.
Cinco años después de aquella polémica decisión, la ex ministra considera que “se liberó a Cassez por el efecto corruptor de un montaje. ¡Qué sentencia tan más importante en la historia jurídica de este país! Qué parteaguas en la historia de los derechos humanos. En México la policía hace este tipo de montajes constantemente para inculpar, pero con Andrés Manuel ya en la Presidencia y yo en Gobernación se acabarán los montajes, la tortura y la extorsión”.
–¿Seguirá el ejército en las calles?
Antes de contestar, Sánchez Cordero se levanta y aparece unos segundos después con una Constitución tamaño bolsillo. “Siempre la traigo conmigo, es mi Biblia”, explica mientras la hojea, y regresa a la pregunta:
–¡No debe estar ahí! –el ejército–. El artículo 21 de la Constitución indica que la policía capacitada es la que estará a cargo de las instituciones de seguridad pública, que serán de carácter civil. El presidente tomará esa decisión y yo esperaría que, lentamente, la policía ocupara esas posiciones de seguridad. Siendo secretaria, lo único que quiero es hacer real la Constitución. Si tengo como eje central a los derechos humanos y acato a la Constitución, no voy a tener problema.
–¿Está a favor del mando único?
–Es una idea de Andrés Manuel. Ese mando tendríamos que estructurarlo en coordinación con los tres niveles de gobierno y en un marco constitucional, que ya contempla en algún otro momento la gendarmería. El tema de prevención del delito es muy importante, y éste sólo lo pueden hacer las instituciones de policía. No el ejército.
–¿A quién propone como fiscal general?
–No creo que acepte, pero el perfil lo tiene Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte, especialista en penal. Una carrera intachable.
Violencia, drogas y amnistía
Por segunda vez en su vida, Olga Sánchez Cordero se convertirá en la primera mujer en México un cargo que había sido ocupado exclusivamente por hombres.
La próxima titular de la Segob estudió derecho en la UNAM. Tiene un posgrado en Política Social y Administración por el University College of Swansea y dos doctorados honoris causa por las universidades autónomas de Morelos y Nuevo León. De 1984 a 1993 ocupó la Notaría Pública 182 del Distrito Federal, lo que la convirtió en la primera mujer notaria. También fue magistrada del tribunal superior del entonces Distrito Federal.
En 1995 fue nominada a ministra de la Suprema Corte, donde se mantuvo hasta 2015. Buscó a López Obrador para ver la posibilidad de ser candidata a un escaño y él le propuso Gobernación. En cinco meses ocupará la cartera más importante del gabinete presidencial.
–¿Cómo se imagina la relación con los estados más violentos del país, como Guerrero y Michoacán?
–No sólo un trato cercano con gobernadores, sino con los poderes judiciales, procuradurías y fiscalías locales. Hay que hacerlos autónomos, que realmente sean eficaces y den una respuesta puntual a los reclamos sociales. Esas entidades violentas son las prioritarias para tener una respuesta del Estado mexicano al tema de la alta criminalidad y de la delincuencia. El país está roto, ensangrentado por las desapariciones forzadas en las que intervienen agentes del Estado.
–¿Qué opina de la Ley de Seguridad Interior?
–Espero la decisión de la Corte, pero mi postura es que es inconstitucional. Tiene varios preceptos en los que, básicamente, la autoridad civil se somete a la militar. Para nada estoy de acuerdo.
–¿Qué drogas se van a legalizar?
–Estoy de acuerdo con la despenalización de la mariguana para uso lúdico. El Estado puede tener recursos e inclusive gravar, tener recaudación fiscal a través de la venta. Estoy a favor del uso medicinal farmacéutico de la amapola. Las farmacéuticas la usan para crear morfina que, en etapas terminales de algunas enfermedades como cáncer, es muy necesaria. Los fármacos podrían ser un mercado interesante, si la amapola es adquirida a través del Estado y es para uso medicinal. Estoy en contra de las drogas sintéticas porque son más dañinas. Anfetaminas, por ejemplo. Si logramos despenalizar algunas drogas naturales, las sintéticas pueden tener una baja en la demanda.
–Existe toda una estructura de comercio de la mariguana. Si se legaliza, los grupos que la controlan continuarían con la distribución.
–Yo le daría al Estado la distribución. Que el Estado monopolice y comercie, como en Estados Unidos, donde ya hay tiendas donde puedes adquirir. Si se despenaliza, esas personas que comercian ya no serían criminales.
–¿Se les daría amnistía, o ésta sería sólo para campesinos, como se ha señalado?
–Tenemos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que son ley vigente en el país. No podemos dar amnistía a violadores, asesinos, genocidas, torturadores, feminicidas. Padecemos violencia, muerte, desolación, desapariciones. Criminales de alta peligrosidad, no.
La amnistía sería para quien siembra y cosecha por necesidad. Veríamos cuál va a ser la temporalidad de esa amnistía, para no tener criminales a futuro. Carlos Salinas de Gortari hizo la suya respecto a los militantes del EZLN y fue un periodo muy corto. Las leyes de amnistía son difíciles de construir. Tienen sus propias hipótesis, temporalidad y destinatarios específicos.
–¿Cómo nació el tema de la amnistía?
Olga Sánchez sonríe. Luego cuenta que se enteró “por los medios”.
–Lo dijo Andrés Manuel en un mitin. Nunca lo habíamos comentado anteriormente. Ya me había invitado a Segob y comencé a trabajar sobre la idea porque, después, personalmente me dijo que quería llevar el tema.
–Usted ha hablado de los empleos directos que genera el narcotráfico, pero la gente no se alarma de eso, sino de una amnistía a campesinos.
–Alejandro Hope –analista que trabajó para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen– critica mis cifras, pero no son invento mío (son del investigador de la UNAM José Luis Calva Téllez, quien señaló desde 2011 que el narcotráfico ha creado 600 mil empleos). Según estos cálculos, son empleos directos en estos últimos 12 años, más los indirectos y las familias que viven de los mismos. El gobierno no quiere admitir una realidad. Ni la misma autoridad cuenta con un estudio así.
Trabajar incluso con sacerdotes como Solalinde y Rangel
Cuando decenas de soldados del ejército ocuparon Ciudad Universitaria en 1968 y detuvieron a participantes del movimiento estudiantil –lo que dejó varios muertos y desaparecidos–, Olga Sánchez era alumna de la carrera de Derecho y, junto a su entonces novio y compañero de aula, burlaron el acordonamiento y se unieron al coro de universitarios que exigía “¡Clases, clases! ¡Queremos clases!”.
“Esa vez casi nos detienen pero logramos escapar en nuestro vocho”, recuerda Sánchez Cordero, y cuenta que estaba en contra “de un régimen autoritario, de censura previa a medios y películas. Nos manifestamos en Rectoría. Pero no fuimos a la Plaza de las Tres Culturas porque decidimos ir a ver una película al entonces cine Diana”.
Ese novio se convertiría en su compañero de vida. El notario Eduardo García Villegas ha sido su esposo durante 50 años. Juntos tienen tres hijos y siete nietos.
En 1984, Olga Sánchez se convertiría en la primera notaria pública del entonces Distrito Federal. En ese tiempo, recuerda la ex ministra, el Colegio de Notarios, situado en la en la colonia Cuauhtémoc, no tenía sanitarios para notarias.
“En otro piso estaba el destinado para las secretarias del consejo. Y se tuvo que construir uno, para mí y las que vinieron después. Fue complicado. Todo mundo decía: ‘la primera notaria’, y sí, pero hay que romper el techo de cristal. Ahora, primera secretaria de Gobernación, pero que vengan muchas más”.
–¿Qué opina de que en 2018 sigan a debate temas como el aborto, la diversidad sexual?
–La gente que quiere seguir debatiendo eso no conoce la Constitución ni las decisiones de la Corte. Eso ya no debe estar a debate. Ya son derechos. Yo estoy a favor.
A propósito de derechos, se le comenta a Sánchez Cordero que, en entrevistas con El Sur, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han denunciado que desde que tomó el cargo el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, no ha dado señales para efectuar una reunión con ellos.
Sánchez Cordero responde que “charlar con los familiares de los estudiantes es primordial”, y opina que “todos aquellos padres y madres cuyos hijos están desaparecidos merecen la misma atención. Todas son víctimas y serán atendidos en las comisiones de la verdad que proyecta crear Andrés Manuel”.
–¿El caso Ayotzinapa puede resolverse?
–Difícil dar una respuesta anticipada. Vamos a ver qué dicen las comisiones de la verdad y la CIDH. Andrés Manuel y yo pensamos que esas comisiones deben integrarse con personas de la sociedad civil, incluso con sacerdotes como Alejandro Solalinde, pues conoce casos de migrantes desaparecidos, o el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, y también expertos internacionales.
Fuero, revocación, espionaje
–Hay dos cosas con las que no está de acuerdo con Andrés Manuel: quitar el fuero y la revocación de mandato. Dice que el país puede entrar en crisis de gobernabilidad.
–El fuero protege al presidente. Como tenemos un sistema presidencialista, es unipersonal. Por eso se le protege, porque un fiscal y 40 senadores pueden destituirlo. Es un tema trascedente. Luego, imagínate una revocación del mandato, con el INE otra vez, es desgastante. Se hablará en su momento, pero yo le diré a Andrés que no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos situaciones.
–¿También hablarán de disminuir una pensión para ministros que rebasa los 250 mil pesos en un país donde la mitad vive en pobreza?
–Sólo tengo mi pensión, ¡espérenme a que tenga otro ingreso! El monto pudiera llegar a ser no adecuado, pero una de las garantías institucionales más importantes en los poderes judiciales del mundo es una pensión de retiro para la autonomía-independencia de los juzgadores.
–La pregunta es si el monto debe revisarse.
–No lo sé, son poderes autónomos (los que tomarían la decisión) en los que no tendría manera de inmiscuirme.
–¿Por dónde se empezará a terminar con el espionaje político?
–Replanteando el sistema de inteligencia del Estado mexicano. ¿Vamos a tener inteligencia? Sí, pero no espionaje político, se acabó eso. El Cisen ya está desmantelado. Vamos a dejar lo que sirve, claro, lo que hicieron los otros gobiernos bien.
–López Obrador criticó en campaña a la Suprema Corte. ¿Cuál mencionaría usted como la mayor aportación del máximo tribunal del país?
–El control de la regularidad constitucional de todas las normas y actos de autoridad que ha tratado. Ese control es lo más importante en un Estado de derecho. Es decir, que las normas que expidan los congresos federal o estatales vayan empáticamente con la Constitución, y si no se invalidan. Es una aportación enorme.
