Guillermo Álvarez Nicanor
Según notas periodísticas, el Estado mexicano aceptó la responsabilidad de la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, indígena nahua de la sierra de Zongolica, Veracruz.
El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario –la mujer indígena nahua de 73 años víctima de violación sexual, tortura y posterior muerte a manos de militares en 2007– no es sólo una sentencia legal. Es una condena moral a un sistema de justicia que históricamente ha revictimizado, discriminado y negado el acceso a la verdad a los pueblos indígenas.
Aunque los hechos ocurrieron en Zongolica, Veracruz, las repercusiones de este caso resuenan con fuerza en el estado de Guerrero. Aquí, donde la presencia militar es constante y las violaciones a los derechos humanos son una cicatriz recurrente, el caso de Ernestina Ascencio se convierte en un símbolo de la impunidad y la negligencia estructural que pueden repetirse en las mujeres ñuu savi, nahuas, me’phaa y nn’anncue.
El caso Ernestina Ascencio revela una violencia que el Estado mexicano se negó a reconocer durante años. No se trató sólo de una agresión, sino de una triple violación a sus derechos humanos, anclada en su condición de: mujer víctima de violencia sexual y feminicidio; persona mayor vulnerable exacerbada por su edad y; por ser indígena.
El primer peritaje oficial y la Fiscalía de Veracruz, en un acto de cinismo institucional, llegaron a sugerir que su muerte se debió a una “gastritis” o “parasitosis”, desacreditando su testimonio en su lecho de muerte. Esta narrativa oficial refleja el racismo institucional que presupone la incapacidad de una mujer indígena para decir la verdad.
En el caso de Ernestina Ascencio, la militarización, lejos de ser una solución a la inseguridad, se convirtió en una fuente de terror. ¿Cuántas Ernestinas más en Ayutla, Tlapa, Chilapa, la Montaña Alta o la Sierra han sufrido o temen la agresión de quienes deberían protegerlas?
Uno de los puntos más graves de la sentencia de la Coidh es la condena por la falta de debida diligencia en la investigación. El Estado mexicano utilizó la jurisdicción militar para autoencubrirse, una práctica que la Corte ha señalado como violatoria de los derechos humanos.
En el caso de Ernestina fue la falta de enfoque cultural en la investigación, la barrera del idioma (era monolingüe náhuatl) fue una excusa y un obstáculo insuperable para acceder a la justicia.
La sentencia de la Coidh ha ordenado a México fortalecer su sistema de salud con la inclusión obligatoria de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en hospitales y fiscalías. Este mandato es vital para Guerrero, donde la diversidad lingüística (ñuu savi, nahua, me’phaa y nn’anncue) implica que miles de personas están impedidas de denunciar o recibir atención médica adecuada, porque, además, para ir a presentar la denuncia hay que pagar pasajes y sacrificar los días de trabajo. A eso, hay que sumarle la discriminación, malos tratos por parte de algunos trabajadores de la salud; la falta de medicamentos, los prolongados tiempos para las citas médicas, porque algunos especialistas no atienden a más de cinco pacientes por jornada de trabajo, promoviendo que los pacientes acudan a sus clínicas privadas para despojarlos del poco dinero que tienen.
El caso Ernestina es un llamado a la acción para las autoridades, la impartición de justicia debe contar con personal bilingüe y con perspectiva de género e interculturalidad, garantizando que el testimonio de una mujer indígena se respete y se investigue con la máxima seriedad.
Para dar cumplimiento a la resolución de la Coidh, tiene que ser una verdadera reparación, debe ser estructural y simbólica para que el caso no se repita; reabrir y llevar a cabo una investigación penal seria que identifique, juzgue y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de la violación, tortura y muerte de Ernestina; la Coidh ha ordenado la creación de programas de capacitación permanentes para el Ejército en derechos humanos, género y diversidad cultural; realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y colocar una placa en honor a Ernestina.
El caso Ernestina Ascencio Rosario es un faro de alerta para el sistema de justicia en Guerrero; muestra que la impunidad opera con mayor crueldad. Honrar su memoria significa más que lamentar su muerte, desmantelar el racismo y el sexismo institucional que permitieron su asesinato y la posterior negación de justicia.
