No se puede equiparar un perdón a narcotraficantes como el que se dio a guerrilleros, señala en el IIEPA el ex delegado presidencial para la paz en Colombia, Freddy Castro Victoria, a propósito de la estrategia planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acapulco, Guerrero, 5 de junio de 2019. A diferencia de las reivindicaciones políticas de los guerrilleros, los narcos tienen intereses económicos particulares, por eso el gobierno no puede negociar con ellos, dijo el ex delegado presidencial para la paz en Colombia, Freddy Castro Victoria.
Lo que sí debe hacer es promover la socialización del conflicto para que se sepa qué pasó con las víctimas y que los familiares puedan perdonar, además de implementar un plan de desarrollo en los territorios violentos que consista en inversión a la salud, educación, ganadería y agricultura.
Este lunes el experto en conflictos armados y procesos de paz colombianos, Freddy Castro Victoria habló de la violencia en su país que se origina en el siglo XIX con el mal reparto de las tierras y una élite excluyente, en un salón del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Después de su presentación de dos horas, la primera de dos que tuvo en Acapulco, fue entrevistado por El Sur para conocer su opinión respecto a la propuesta del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador de negociar con narcos para acabar con la violencia.
Se le mencionó que en la Estrategia Nacional de Seguridad se plantean amnistías, indultos y reducción de penas a integrantes de los grupos delictivos. El entrevistado se remontó a las acontecimientos de las últimas décadas en el país andino para señalar que el gobierno mexicano no puede negociar con el narco.
Recordó que en su país hubo un debate similar con las autodefensas campesinas en los 80. Finalmente el Estado decidió no negociar con los grupos financiados con recursos del narcotráfico que realmente actuaron como paramilitares.
Otro ejemplo es la negociación con Pablo Escobar, el líder del Cártel de Medellín ahora convertido en ícono pop por series televisivas, con el fin de acabar con la violencia que provocaba, que consistió en el encarcelamiento del narcotraficante en una estructura hecha por él mismo.
Fue un fracaso y “un sometimiento del Estado”, consideró Castro Victoria porque el negocio de las drogas se mantuvo desde esa cárcel y tras su escape, Escobar enfrentó abiertamente al Estado con asesinatos selectivos de políticos, policías y coches-bomba. El gobierno después lo abatió con ayuda del cártel de Cali que le dio información.
En 2012 se empezó a negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América fundada en 1964 y que desembocó con la firma del acuerdo de paz en 2016. Castro Victoria, abogado de formación y que ha estudiado de cerca este proceso, explicó que el Estatuto de Roma en el que están adheridos Colombia y México establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Es por eso que fue creada una justicia especial, como mecanismo de justicia transicional, con la que los involucrados en el conflicto colombiano–guerrilleros, militares y terceros, es decir, personas indirectamente involucradas como empresarios y comerciantes que financiaron la guerra,–cuentan su verdad y reciben una condena entre 4 y 8 años en vez de 40 estipulada por la ley. “La negociación con las FARC sí tuvo un una connotación política”, atajó.
–Hay una parte de la estrategia del gobierno mexicano, que no dice explícitamente Colombia, pero señala que hay otros países en los que han existido proceso de paz. Reconoce que los grupos involucrados son políticos armados, pero se parecen a los de aquí por su control de territorio, su capacidad armamentista – se le dice.
–No tiene una causa política (el narco mexicano), la causa es económica y eso lo vuelve delincuencia común. En mi criterio, por el Estatuto de Roma no podría negociar indulto ni amnistía, se puede negociar un sometimiento a la justicia.
–En la estrategia el gobierno reconoce que no puede vencer por las armas a esos grupos armados.
–El Estado no puede asimilarse al particular. El Estado tiene la legitimidad y la fuerza de las armas y está inscrito en un marco jurídico del cual no puede salirse.
Recalcó que las guerrillas tienen ideología, reivindicaciones políticas mientras que los narcos tienen motivaciones económicas, “entonces el Estado no puede entrar ahí porque no es el interés general, es el interés particular de una gente que comete delitos”, por eso debe someterlos a la fuerza pública.
Se le mencionó otra parte del debate que es la sociedad agraviada, el perdón de las víctimas y los familiares. Indicó que “el punto más importante del acuerdo (de paz en Colombia) es la reparación de daño de las víctimas. Primero tiene que haber un proceso de socialización del conflicto. Segundo, un proceso de perdón. Hay audiencias especiales donde se encuentran víctima y victimario para decir lo que pasó con sus familiares.”
Abundó que desde 2016 se lleva a cabo este diálogo para conocer la verdad, lo cual ha ayudado a la sociedad porque la víctima “saca todo, es como expiar el demonio”. Otra parte es la reparación económica.
El también ex delegado presidencial de paz en los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y de César Gaviria (1990-1994) participó en el desarme de 140 autodefensas en 1990, pero “en ese momento sí se podía negociar armisticios y amnistía” porque no había legislación que lo impidiera, aclaró. Esto incluyó un Plan Nacional de Rehabilitación que consistió en obras carreteras, aulas escolares, puestos de salud, proyectos productivos, promoción de la agricultura, ganadería porque la gente se levanta en armas ante la ausencia del Estado que no sólo se hace presente “a través de militares y policías, sino con una política social” que lo ayuda a legitimarse.
Se le mencionó que en Guerrero hay como 20 grupos de autodefensa además de que es uno de los estados más pobres del país: “¡imagínate eso!”, reaccionó con sorpresa el entrevistado, quien dijo que hay una relación directa entre autodefensas y pobreza.
El que fuera líder estudiantil en su juventud y vinculado a la guerrilla M19, una de las más importantes de Colombia y que fue la primera en negociar la paz con el Estado en los 80, dijo que “el tema no se puede suscribir en derrotar a los actores de la guerra sino que se logre la presencia del Estado”. Agregó que “cuando tienes más salud, más educación, más derechos, más libertades, vas a ser menos proclive a la violencia. Esto no es de un día para otro, sino con un plan de desarrollo que no se limite al periodo de un presidente.”
Esta es la idea principal de su libro La seguridad humana frente a la seguridad democrática que presentó el día de ayer en la sala de maestros de la Facultad de Medicina como parte del diplomado Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las violencias que se desarrolla en distintas sedes de la UAG en Acapulco.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Carlos Alberto Carbajal
