Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El miércoles 24 de junio será el día de San Juan Bautista, la fecha simbólica que tienen los campesinos e indígenas del estado para la siembra del maíz, frijol y calabaza. Un policultivo que ha permitido a los pueblos de Guerrero mantener una cultura milenaria cimentada en la milpa, es decir, en una comunidad productora de bienes básicos, donde la diversidad de saberes y formas de organización se materializan a través de la asamblea, que es la expresión más sublime de una democracia basada en el consenso.
El programa fertilizante en nuestro estado ha reciclado el control político de la población indígena y campesina del estado. En sus inicios el gobernador Rubén Figueroa diseñó este programa como un asunto de control de la población más insumisa del estado. Fue una propuesta pensada más en la lógica de contrainsurgencia, para poder someter a la población rural más pobre del estado. Las matanzas que se han suscitado desde Aguas Blancas, tienen que ver con esa visión depredadora, de que a los campesinos y campesinas que se atreven a levantar la voz, hay que someterlos por la fuerza y darles “su merecido”, ya sea matándolos o domesticándolos con el fertilizante.
Desde la década de los 1990 hasta la fecha, el Programa de Fertilizante se ha transformado en un programa político que ha servido a los candidatos y a los mismos gobernantes como el instrumento más eficaz para imponer un control a la población indígena y campesina más pobre del estado. El apoyo directo ha sido la forma más clara y contundente para tener una gran presencia en el ámbito rural. El paquete tecnológico del fertilizante, que ha sido impulsado por las empresas agroquímicas del exterior, resultó ser el milagro de la agricultura temporalera.
El fertilizante, más allá de ser un agente depredador, se ha transformado en un programa para cualquier político. No distingue de qué partido sea. Los mismos campesinos e indígenas ven en la autoridad que lo promueve al mesías que viene a redimir el grave problema del hambre, que enfrenta desde que sus padres le enseñaron a cultivar el campo.
En la Montaña, el problema alimentario sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias indígenas ante su extrema vulnerabilidad por la falta de apoyos para una producción suficiente y adecuada de los granos básicos en sus parcelas. Vemos con gran preocupación que en el contexto de la pandemia, los productores de maíz quedan supeditados a los dictados de Segalmex, de los “servidores de la nación” y de los mismos presidentes municipales, quienes sin ser sembradores de maíz, son los que están determinando quiénes serán los productores que recibirán seis o doce bultos de fertilizante.
El gobierno federal, a través del presidente de la República, ha anunciado desde el año pasado que este programa es para apoyar a los pequeños productores, sin embargo, para los presidentes municipales esto se traduce en la oportunidad para fortalecer cacicazgos políticos orientados a garantizar el triunfo electoral de los próximos candidatos de su partido. Más allá del diseño que puede tener este programa, en la práctica, los fertilizantes son al final de cuentas un producto que genera dividendos políticos, porque han hecho dependientes a los productores de paquetes tecnológicos basados en el petróleo.
En la Montaña se reciclan los conflictos comunitarios desde hace un año, con relación a la exigencia que legítimamente han planteado los productores para acceder a los fertilizantes. En el marco de la pandemia, la gente del campo entendió que habría que esperar el momento para registrarse como productores, y al mismo tiempo, dar oportunidad a las instancias de gobierno como Segalmex, que realizaran el traslado de los agroquímicos a las bodegas de sus municipios. El grave problema es que la elaboración del padrón, la distribución del fertilizante y la ubicación de las bodegas, se diseñó en el escritorio. Es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios directos. Simplemente se apostó al volumen de millones de pesos que se autorizaban desde la federación para la compra del agroquímico y se planeó que, a través de Pemex, se iba a realizar toda la maniobra, para resolver los problemas de la entrega en cuanto a volumen y tiempo del agroquímico.
En los hechos resultó que Pemex no estaba en condiciones de atender esta demanda, mucho menos de cumplir con el compromiso asumido por el Ejecutivo federal, de que en este año se daría cumplimiento cabal a la entrega del fertilizante en tiempo y forma. Es más, que se ampliaría este programa a otros estados para demostrar la capacidad del gobierno federal y su paraestatal, de que estarían en condiciones de entregar estos insumos a la población campesina e indígena de la zona sur y centro del país.
Es increíble que las cifras que dan tanto el subsecretario de Agricultura Miguel García Winder, de que se ha entregado a 167 mil productores el fertilizante, los funcionarios de Segalmex informen que lo han proporcionado a 227 mil 171, cuando la meta inicial era beneficiar a 280 mil productores. La realidad es que hay un gran número de productores que han sido desaparecidos de los padrones, sin que los servidores de la nación puedan informar qué fue lo que pasó en este nuevo sistema de registro, controlado por la Secretaría del Bienestar.
A pesar de las reuniones que el gobernador del estado ha tenido con los alcaldes, cada municipio decidió la forma de apoyar a los productores. En el caso de la Montaña, desde el año pasado tenemos al municipio de Acatepec como el ejemplo más claro del uso clientelar del programa. A todos los productores se les impuso una cuota de 100 pesos por hectárea para la entrega del fertilizante en sus comunidades. Esto mismo sucedió con el presidente de Tlacoapa, que está cobrando a los productores 50 pesos para el traslado del agroquímico a sus comunidades.
Son casos que hemos documentado y que las mismas personas nos han pedido nuestra intervención, sin embargo, no podemos hacer nada, porque resulta que los presidentes son autoridades intocables. Nadie puede obligarlos a cumplir con el compromiso presidencial de que asuman los costos de traslado a las comunidades de los seis o doce bultos que reciben los productores más pobres de país. Ninguno de los alcaldes pondrá de su bolsa, simplemente tendrán que utilizar el Ramo 28 de las participaciones federales.
Es el mismo negocio de los grupos políticos de antaño que en la actualidad siguen reproduciéndose en el estado, porque forman parte de una estructura clientelar, pues al final de cuentas se trata de expoliar al más pobre. En esa pirámide se encuentran tanto los funcionarios federales, del estado y los presidentes municipales, que forman parte del entramado burocrático, quienes lucran con las necesidades de la población más depauperada. Las mafias de los transportistas son los tentáculos de un poder caciquil que se mueven al ritmo del jefe político en turno. Ellos se encargan de movilizar a las clientelas políticas, y al mismo tiempo, de cobrar estos favores a la población más vulnerable, quienes para sobrevivir tienen que pagar el traslado de los agroquímicos para las siembras del hambre.
En el marco de esta pandemia las familias indígenas de la Montaña han tenido que esperar a la Secretaria de Desarrollo Rural y a los mismos presidentes municipales, para que hagan llegar el fertilizante a sus comunidades. Nada es gratis. Todo tiene un costo político y económico. La gente quiere sembrar para que San Marcos les haga el milagro de que llegue la lluvia y puedan cosechar suficiente maíz, sin embargo, para los políticos el fertilizante es una gran oportunidad para afianzar clientelas que les garanticen el voto el próximo año, sufragando en favor de su grupo político o de su propia candidatura.
Hoy el reclamo de la población indígena de la Montaña es que se tome en cuenta a todos los productores y productoras. Que no se discrimine a las mujeres como está pasando en el municipio de Acatepec, a quienes se les asigna la cuota de seis bultos, independientemente de que puedan acreditar dos o tres hectáreas. Por otro lado, también han reclamado, como sucede en el municipio de Alcozauca, que se incorporen 800 productores que han sido excluidos del padrón, por parte de los servidores de la nación, bajo el criterio de que no son personas afines a Morena.
El principio de la gratuidad no se está garantizando entre los municipios más pobres de Guerrero. Por el contrario, las cabeceras municipales que el gobierno federal llamó de La Esperanza, por no haber registrado contagios del Covid-19, sus pobladores son quienes padecen el trato discriminatorio al negarles la atención médica y la aplicación de las pruebas PCR, porque en la Montaña los indígenas no tienen derechos. Estamos ante una realidad que lacera, porque se sigue tratando a las poblaciones que poseen una identidad propia como entes manipulables y sacrificables.
No le cuesta nada al país que varios jefes o jefas de familia mueran por el Covid-19 o por cualquier otra enfermedad, al final de cuentas se trata de población indígena, quienes, desde la colonia, han sido asesinados o contagiados por epidemias trasmitidas por los colonizadores. El fertilizante en tiempos del Covid-19 sigue utilizándose en la práctica, como un programa de control político, más que de justicia social. El agroquímico es una apuesta por el poder político en la siembras del hambre.
