El abogado de los padres de los normalistas desaparecidos dice que no sabe si el gobierno de López Obrador será receptivo a los señalamientos de los expertos o se va a aferrar a la versión de la Covaj, lo cual generaría otra confrontación
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2022. El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra destacó que la investigación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio por válidas pruebas sin sustento, de acuerdo con el nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ahora les preocupa la reacción del gobierno federal ante el descubrimiento de los expertos independientes, no saben si será receptivo de los señalamientos presentados por los expertos independientes o se van a aferrar a la versión que ya planteó la comisión creada en esta administración, lo cual generaría otra confrontación, advirtió.
Confió en que las autoridades estén dispuestas a reconocer y corregir el camino, pero lamentó que la investigación volvió a quedar “empantanada”.
El defensor de derechos humanos fue consultado vía telefónica sobre la conferencia del GIEI donde expertos señalaron que 181 imágenes de 467 de conversaciones de WhatsApp incluidas en el informe que presentó Encinas el 17 de agosto, presentan incoherencias e inconsistencias entre metadatos e imágenes capturadas.
Agregó que esas imágenes representan la parte medular del informe que establecía que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados de la peor manera y separados en grupos.
“Al ser descartado por las inconsistencias que se establecieron hoy, queda sin sustento esta conclusión a la que el gobierno federal pretendía llegar, al decir que los estudiantes fueron asesinados”, explicó.
Cuestionó que el gobierno esbozó una tesis sin sustento que generó dolor y revictimización de familiares, “presentando una hipótesis como si fuera verdad, causa una gran afectación ya que también generó la expectativa de un probable esclarecimiento y ahora resulta que la versión es inconsistente, volvemos a patinar de nueva cuenta, la investigación sigue empantanada”.
Además dijo que le preocupa la reacción del gobierno federal, porque no sabe si van a aceptar los cuestionamientos o se van a aferrar a sus datos, “si es así se va a desatar otra confrontación que no quisiéramos”.
Aunque los chats tienen fechas de años anteriores, precisó que son datos que obtuvo por diversas fuentes el equipo de Alejandro Encinas, y no fueron sometidos a un peritaje técnico y científico para determinar la consistencia de las posibles conversaciones.
“Así se sistematizaron y se presentaron ya como un hecho, como si fuera la nueva versión, no tanto para cerrar el caso, pero sí para presentar una nueva narrativa”, expuso.
Estimó que el gobierno federal trató de decir a la opinión pública “esto es lo que pasó”, y el informe del GIEI hecha todo abajo.
De la terminación del mandato del GIEI añadió que dos expertos, Carlos Beristáin y Ángela Buitrago permanecerán en México para el monitoreo de las investigaciones, ya sin respaldo de la Naciones Unidas, que creó el mecanismo como medida cautelar para las víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Indicó que el gobierno federal aceptó la medida.
En cuanto a la detención reciente de Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública cuando ocurrieron los crímenes del 26 de septiembre, acusado de delincuencia organizada relacionada a la desaparición de los estudiantes en Iguala, Rosales Sierra indicó que es parte de las indagatorias contra las autoridades de Guerrero por una serie de omisiones.
Ratificó que en el expediente hay investigaciones en proceso contra autoridades estatales, pero hasta ahora sólo ha quedado establecida la responsabilidad de Leonardo Vázquez.
Mencionó que 21 de 83 órdenes de aprehensión fueron canceladas contra 16 militares y funcionarios de Guerrero, entre los que se mencionaba al ex procurador Iñaki Blanco Cabrera y a la expresidenta del Tribunal Su-perior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
Sin embargo, confirmó que el gobierno federal se comprometió a revisar los datos de prueba para que se reactiven donde existan elementos.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Agencia Reforma
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