De acuerdo con un grupo de trabajadores de apoyo a la educación, tampoco se ha pagado el 2 por ciento proporcional que les corresponde del SAR por el periodo 2001-2014, según datos obtenidos de una solicitud de información
Chilpancingo, Guerrero, 11 de junio de 2025. Integrantes del Grupo Estatal de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de Guerrero (GEPAAEG) denunciaron que el gobierno estatal adeuda más 184 millones de pesos a la aseguradora Argos y tampoco ha pagado el 2 por ciento proporcional, que le corresponde del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por el periodo 2001-2014.
En conferencia de prensa, los voceros de las regiones Centro, Álvaro Palma García y Jesús Adame Agüero; y Norte del GEPAAEG, Lourdes Ayala Castilleja; la gestora del Movimiento de Jubilados y Pensionados del Estado de Guerrero, Lourdes Roldán Monroy, y el representante del Movimiento Oro, de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Julio Cruz Ortiz, coincidieron en que hay “una mala administración” de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Lourdes Ayala explicó que el gobierno estatal dejó de pagar a Argos la aportación que se descuenta directamente del salario de los trabajadores administrativos y maestros de Guerrero, que cuentan con plazas federales, desde el tercer trimestre de 2022.
De acuerdo con una solicitud de información hecha por el GEPAAEG, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta abril de este año, la deuda es de 184 millones 665 mil 671 pesos con 81 centavos, y afecta de manera directa a las familias de 636 trabajadores, activos y jubilados, que fallecieron por diversas causas.
“La situación es doblemente indignante, porque las autoridades han sido omisas, evasivas y poco transparentes en este caso”, reclamó.
Puntualizó que esta situación también afecta a los burócratas, “haciendo una estimación general, el adeudo total a la aseguradora Argos podría superar los 500 millones de pesos”.
De acuerdo con la póliza general de 2022, en ese año Argos tenía asegurados a 80 mil 210 trabajadores del sector educativo en la entidad, por 240 millones 602 mil 362 pesos con 12 centavos; sin embargo, las autoridades estatales no pagaron lo correspondiente al periodo octubre-diciembre, y deben el pago de los últimos años a la fecha.
Álvaro Palma dijo que el pago del seguro de vida de los trabajadores varía entre 200 y 350 mil pesos, aunque hay “algunos privilegiados” que cuentan con un seguro individual por 7 millones de pesos. La cantidad más alta no sólo beneficia a funcionarios, sino también a los trabajadores que cuentan con varias claves, de acuerdo con la labor que desempeñan.
No obstante, aclaró que la Ley de Acceso a la Información protege los nombres de los asegurados y el monto particular de su seguro de vida, por lo que desconoce quiénes son los trabajadores con la cantidad más alta.
El GEPAAEG destacó que fue el titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alejandro Moreno Lira, quien proporcionó la información detallada en la solicitud hecha mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, pero en su momento no accedió presentar los datos a la organización, a pesar de que el gobierno afirma que está comprometido con la transparencia.
Además, el pasado 12 de marzo, el GEPAAEG entregó un oficio al Congreso del Estado, para pedirle que se realice una auditoría.
El prodecimiento, según abundó Álvaro Palma, es que cada estado licita su aseguradora, el gobierno la contrata, retiene el dinero correspondiente a los trabajadores y la reporta a la aseguradora.
Resaltó que ninguna organización magisterial, ya sea sección 14 del SNTE, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) o Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), “está tocando el tema. Estamos indefensos ante las autoridades”.
“Ni los sindicatos ni los líderes sindicales han tomado cartas en el asunto. No sabemos si están de una forma muy servicial ante las autoridades o son lacayos del gobierno en turno”, expresó.
Lourdes Roldán informó que a los jubilados y pensionados se les debe el pago del SAR, debido a que el gobierno federal dejó de enviar al gobierno estatal el 2 por ciento que le corresponde aportar al ISSSTE para ese rubro.
Entre 2001 y 2014, “cada gobernante del estado de Guerrero y cada representante de la SEG tomaron esos montos para situaciones diversas, nunca dieron esos dineros que aportaba el patrón al ISSSTE, hasta 2015 el gobierno federal dijo basta. Por eso ahora esa aportación se da directo”.
Indicó que la deuda es “institucional, lo tiene que pagar por fuerza el gobierno en turno, es decir, ahorita la maestra Evelyn”.
El GEPAAEG también expuso que las autoridades no han cumplido con la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) de más de 3 mil trabajadores administrativos y maestros, lo que impide que accedan a prestaciones o beneficios, como solicitar su cambio de adscripción interestatal.
También demandó la reapertura del proceso de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), para que los egresados de escuelas formadoras de docentes en Guerrero puedan concursar por una plaza en el sector educativo.
De la misma forma, se debe dar la posibilidad a los trabajadores que cubren una carga de maestros con claves administrativas, “no pedimos privilegios, pedimos justicia”.
“Esperamos que el nuevo titular de la Usicamm no continúe con esta dinámica (de procesos cerrados) y que se les permita a quienes cumplan el perfil que accedan a una plaza”, dijo Álvaro Palma.
Señaló que los egresados que no logran obtener la plaza mediante concurso son inhabilitados en la entidad y tienen que ir a otro estado a presentar el examen correspondiente.
Mientras que las organizaciones magisteriales, como el SNTE y CETEG, “tienen una movilización diferente”, debido a que sólo gestionan la regularización para sus agremiados, aunque estos no cumplan con el perfil.
“Nosotros exigimos que se cumpla la ley. La ley no es mala simplemente cuando se llevó a cabo no se regularizaron los procesos, lo que exigimos es la apertura”, concluyó.
Texto: Alina Navarrete Fernández/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
