Chilpancingo, Guerrero, a 27 de junio de 2025.- La masacre del Vado de Aguas Blancas de 1995 fue planeada por el gobierno estatal “infiltrando” a un “provocador” que al bajar del segundo camión donde viajaban los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) disparó para incitar “la reacción de los policías”, concluyó en su informe la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que investigó los hechos.
El informe de los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios , que se radicó en el expediente 3/96 entregado al pleno de la SCJN el 12 de abril de 1996, subraya, que se creó “confusión” deliberadamente para evitar su esclarecimiento y que por instrucciones directamente del entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, “ante la palmaria gravedad del masacramiento de civiles desarmados, a tan solo dos horas del suceso, altas autoridades del gobierno empezaron a crear una versión artificial de los hechos”.
Derivado de ello, la comisión vaticinó, apenas un año después de la masacre, que “difícilmente” los hechos podrían ser “totalmente aclarados” en los tres procesos “incoados” en el Juzgado Tercero de lo Penal con residencia en Acapulco, porque, “aparentemente en forma intencionada los que podrían aclarar los hechos afirmaron ser ajenos a ellos”.
Sin embargo, los ministros concluyeron que los responsables de las “violaciones graves a las garantías individuales de los gobernados” fueron Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia; José Rubén Robles Catalán, ex secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal Especial y Esteban Mendoza Ramos, exdirector de Gobernación.
Para obtener información de los hechos, los integrantes de la Comisión se auxiliaron de peritos en video con quienes analizaron los dos que existen de la masacre.
Uno denominado “Toda la verdad” con 11 interrupciones o cortes, de 26 mil 635 cuadros y 14:48 minutos de duración, y el segundo llamado “Versión Oficial” con 15 interrupciones o cortes que los peritos no pudieron precisar si con imágenes suprimidas o pausas por cambios de ángulos, de 4 mil 287 cuadros y 2:22, minutos de duración, que, comparado con el primero que fue entregado y publicado en Televisa por el periodista Ricardo Rocha tiene una diferencia de 22 mil 378 cuadros y 12 minutos con 26 segundos.
También se entrevistaron con decenas de funcionarios, entre ellos los directamente involucrados, así como con políticos locales y nacionales y líderes sociales que tuvieron acceso a la información de la masacre.
Antecedentes
De acuerdo con el informe, el gobernador Rubén Figueroa tuvo conocimiento con anticipación de la manifestación que realizaría la OCSS, mediante volantes que se repartieron días antes en el municipio de Coyuca de Benítez.
Además, supo, “muy probablemente” por plática telefónica con la presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez, “que un grupo de miembros de la OCSS provenientes especialmente de Tepetixtla y poblados circunvecinos, pretendían manifestarse en contra de la presidenta, a quien atribuían responsabilidad en la desaparición de uno de los miembros de la OCSS, así como por el incumplimiento en el reparto de fertilizante”.
El informe señala que la alcaldesa Núñez Ramos declaró a los miembros de la comisión de la SCJN, que el gobernador Figueroa le dijo un día antes de la manifestación: “¿ya sabe que Guilebaldo volvió a citar a sus amigos de la OCSS?, quiero pedirle que hable con los de la OCSS de Atoyac para que estos desistan de ir a la manifestación. Hay que tratar que no lleguen ya que son gente muy violenta. Yo por mi parte ya tomé providencias para que el grupo mayoritario no vaya. Vamos a tratar de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar. Le pido que estemos en comunicación”.
En cambio, la versión que el gobernador Figueroa dio a la comisión fue que el 27 de junio de 1995 en presencia del secretario de Gobierno José Rubén Robles Catalán; del director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy y del secretario de Finanzas, Héctor Vicario Castrejón, ordenó al subsecretario de Tránsito Protección y Vialidad, Armijo de los Santos, que se trasladara al día siguiente al municipio de Coyuca de Benítez “y tratara de convencer a los manifestantes que no ejercieran violencia de cualquier tipo en contra del Palacio Municipal de Atoyac, de su presidenta ni de sus regidores”.
Le recomendó que si “persistían en continuar su marcha, los dejara pasar pero desarmados y que, finalmente, si tampoco esto era aceptado, los dejara pasar en las condiciones en que estuvieran, puesto que la protesta que intentaban realizar no era en contra del Gobierno del estado, además que les hicieran saber a quienes protestaban que los visitaría en los siguientes días en Tepetixtla”.
Con esa instrucción, se dice en el texto, Armijo organizó el día siguiente un operativo con más de 30 miembros de la Policía Motorizada, que actuarían como preventivos y otros elementos civiles auxiliares, quedando a la cabeza el mayor Manuel Moreno González, director operativo de Seguridad Pública y Tránsito.
Acontecimientos inusitados
Sin embargo, el encargado del operativo, “persona de la total confianza del gobernador”, Armijo de los Santos, “simplemente no se presentó en el lugar ese día, argumentando ante la comisión que su esposa estaba gravemente enferma de cáncer y le era absolutamente necesario atenderla”.
En tanto que el secretario de Gobierno, Robles Catalán, a quien el gobernador ordenó trasladarse después de los hechos desde Chilpancingo en un helicóptero, llegó a Coyuca de Benítez dos horas después de ocurridos los acontecimientos (10:30 horas) y afirmó a la Comisión que cuando llegó, Armijo se encontrada en un segundo piso de un edificio escolar y al preguntarle lo ocurrido le manifestó que no había atendido personalmente el operativo, sino que fue el mayor Moreno por lo que tampoco sabía con exactitud las causas, “del enfrentamiento que produjo muertos y heridos”.
Para los miembros de la comisión estos hechos son “inusitados” y que “parece ser que Armijo faltó a sus labores y todos sus compañeros no desean aclarar su grave ausencia”.
Otro de los funcionarios, el subprocurador de Justicia, Sotomayor Espino sí estuvo en el lugar de los hechos, “pero permaneció refugiado de la lluvia que se producía en la zona antes y después del enfrentamiento y no tomó a su cargo atender la misión ante la ausencia de Armijo y lo presenció a distancia”.
Por tanto, “el total responsable de los procedimientos de la Policía Motorizada fue el mayor Manuel Moreno”, señala el informe.
Dos funcionarios más que estuvieron en la masacre fueron el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos y el delegado de esa dependencia en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana quien grabó el video del ataque.
Otro acontecimiento que a la comisión le parece “no totalmente claro”, es la llegada de la primera camioneta roja con la que se presentó “un acto rutinario de revisión, incluyendo la sustracción de machetes y palos que traían en el transporte”.
En cambio, cuando llegó la segunda camioneta azul con la que se creyó que ocurriría exactamente lo mismo, “es cuando ocurre un acontecimiento no totalmente aclarado”, pues se escucha un disparo aparentemente de pistola, según los peritos de la SCJN, y según los protagonistas interrogados provino de la parte posterior de la unidad, fuera del foco de filmación, y no deja rastro, “como si lo hace un disparo o explosión posterior que produce mucho humo”.
Para la comisión, estos dos disparos “se traducen en un acontecimiento verdaderamente llamativo que provoca que los policías con poderosas armas de fuego compulsiva e indiscriminadamente empiecen a disparar contra los ocupantes del segundo camión”.
Exponen: “El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos, y una cosa es bien clara y queda de manifiesto: dos policías son heridos de menor gravedad por machetes, mientras que todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados con armas de fuego”.
De acuerdo con los testimonios que recibieron los ministros, los policías actuaron “compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego contra ellos”.
Incluso relatan que el empleado que filmó los hechos les dijo que dejó de hacerlo “por sentirse verdaderamente enfermo y asqueado”.
Los ministros subrayan tres posibilidades de acontecimientos que marcaron el inicio de la matanza: un disparo en la parte posterior del segundo camión azul por persona desconocida, que no puede identificarse si era civil o policía; un disparo o explosión no bien identificado que produce abundante humo blanco y que tampoco se aprecia quien lo hace, y dos machetazos “no bien apreciados” que hieren de forma no grave a dos policías por supuestos miembros de la OCSS.
Pero sostienen que cualquiera de estos tres acontecimientos que marcan el origen de los disparos generalizados no son suficientes para justificar el ataque de la policía, que constituye, “graves violaciones a los derechos de las personas”.
De acuerdo con lo que se plasmó en el informe se deduce que los policías que participaron en el retén “sabían y esperaban una explosión como señal para que todos, al unísono, empezaran a disparar”.
Castro y Castro y Román Palacios cuestionan que a pesar de los antecedentes de violencia en la zona el gobernador no mandó a funcionarios de primer nivel para encabezar el operativo.
Recuerdan que fue hasta después de los hechos que el gobernador pidió a su Secretario General de Gobierno, Robles Catalán, y a su director de Comunicación Social (Carlos Carrillo) que se trasladaran de inmediato en helicóptero, “pero no a investigar los hechos ni a exigir responsabilidades, sino aparentemente a ocultarlos y crear confusión informativa”.
Derivado de ello, los ministros señalan: “las altas autoridades del Gobierno del estado, ante la palmaria gravedad del masacramiento de civiles desarmados, y tan solo a dos horas del suceso, empezaron a crear una versión artificial de los hechos, bajo el supuesto de que fueron los miembros de la OCSS, los que, al ser detenidos, audazmente atacaron al cuerpo de policías”.
Sin embargo, refieren que existe la versión de que en el segundo camión estaba infiltrado un “provocador”, que al bajar disparó “para excitar la reacción de los policías, y después fue protegido por algunos de estos”.
Tras el análisis del desarrollo de los acontecimientos, los dos magistrados concluyen que existió negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y policías incompetentes”.
Señalan que el gobernador Figueroa Alcocer y sus funcionarios “actuaron como cultivadores del engaño, con maquinación y ocultación con la consecuente violación grave de las garantías individuales”.
Zacarías Cervantes
