Informa que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados del país, y prevé que aumente por el contexto de violencia. Pide la actualización de la Ley 487, y que el Senado ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno
Chilpancingo, 7 de febrero de 2023. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
