Marina Reyna y Viridiana Gutiérrez cuestionan que según las cifras oficiales, sólo 10 por ciento de los asesinatos de mujeres son clasificados como feminicidios
Chilpancingo, Guerrero, 28 de diciembre de 2020. Para las feministas Marina Reyna Aguilar y Viridiana Gutiérrez Sotelo, peticionarias de las alertas por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado contra las mujeres Guerrero, respectivamente, el hecho de sólo 10 por ciento de los asesinatos de mujeres hayan sido clasificados como feminicidios en el estado, indica que las autoridades ministeriales no están atendiendo los protocolos para la investigación del delito, ni toman en serio la gravedad de problema.
Consultadas por separado vía telefónica sobre las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas emergencia 911), que al 30 de noviembre reportó 127 víctimas mujeres de homicidio doloso, y 12 de feminicidios; en total 139 mujeres asesinadas en Guerrero, coincidieron en que el mensaje del Estado es que los agresores siguen matando a las mujeres sin consecuencias.
Incluso, Reyna Aguilar indicó que son muy pocos casos, ya que el observatorio de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), de muertes violentas con presunción de feminicidio, hasta el 30 de noviembre, tiene reportes de 147 asesinatos que tendría que ser investigados bajo el protocolo de feminicidio. Son ocho más que en el registro oficial.
Añadió que en lo que va del año, hasta diciembre, el seguimiento de casos a través de la prensa, es de 157 mujeres asesinadas, incluidos algunos casos de suicidios con armas de fuego.
Gutiérrez Sotelo confirmó que hay antecedentes en 2020 de presuntos hechos de suicidios, donde los familiares señalan que pudo tratarse de feminicidio.
Reyna Aguilar recordó que en 2010, Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio, que después se reformó para homologarlo con el Código Federal. “Siendo el primero, asume un compromiso de aplicar la ley, así como el Protocolo ministerial y pericial para el delito de feminicidio, y me parece que son muy pocos los que clasifican como tales”.
Cuestionó que en la estadística oficial sólo aparezcan Acapulco y Coyuca de Benítez entre los primeros cien municipios con más feminicidios, cuando en el monitoreo ciudadano de la Agcvim, el segundo no se encuentra entre los que tienen más registros. En el mapa nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública aparece Tixtla en el mapa de 424 municipios con registro del delito.
Reyna Aguilar opinó que las autoridades sólo actúan donde hay presión social, como en Coyuca de Benítez y Tixtla, además Acapulco, donde está el mayor número de asesinatos de mujeres, para responder a la sociedad.
Recordó que en el caso de feminicidio de Coyuca de Benítez, en febrero, donde la víctima denunció en redes sociales que fue hostigada sexualmente por policías, horas antes de que fuera localizada muerta, y en octubre en Tixtla, ocurrió el hallazgo de los restos de una niña desaparecida días antes.
Señaló que algunos municipios de los ocho alertados por violencia feminicida, y no alertados, como Taxco, Huitzuco, Olinalá, Pungarabato y Tecoanapa, tienen más asesinatos de mujeres que Coyuca de Benítez.
Aclaró que duda que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estén reclasificando el delito “cuando pasa a la cancha del sistema judicial”.
Frente a las cifras oficiales, la alertista denunció que las autoridades aún no cumplen el proceso de capacitación en el delito de feminicidio después de 10 años de haberse tipificado en el estado, “para que hagan su tarea como lo establece la normatividad”.
Por ejemplo señaló que la violencia extrema hacia las mujeres también las puede concluir en un hecho con presunción de suicidio, pero a la fecha no hay investigaciones con perspectiva de género. En el acompañamiento de casos, agregó que han constatado que el personal de las agencias del Ministerio Púbico no tienen las herramientas.
Por separado, Gutiérrez Sotelo lamentó que incluso dependencias especializadas como el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), que emitió el informe La Violencia Feminicida en México, Tendencias y Aproximaciones, no hizo una investigación a fondo del problema.
Explicó que este informe no toma en cuenta todo el contexto de violencia feminicida, al dejar fuera los casos clasificados como homicidios culposos de mujeres, donde se integran los presuntos suicidios.
Según este informe, de 2017 a 2019, Acapulco se ubicó en el tercer lugar nacional de ciudades con más Defunciones Femeninas con Presunción de Feminicidio.
Sotelo Gutierrez señaló que en “a medio año de 2020, hubo un supuesto suicidio de una mujer en la unidad habitacional de El Coloso, en Acapulco, donde la familia dijo que la víctima no se quitó la vida. También en Zihuatanejo, una enfermera que supuestamente se suicidó, pero la familia emprendió una lucha para que se reclasifique el delito”.
Señaló como antecedente de estas circunstancias, el caso de Mariana Lima, el primer feminicidio que en 2015 llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de una joven asesinada por su pareja que trató de encubrir el crimen haciéndolo pasar por un suicidio.
Insistió en que la investigación con perspectiva de género es el gran reto de las autoridades que se encargan de prevenir y atender la violencia, porque a la fecha los asesinatos de mujeres se pueden encubrir por un suicidio o por un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada, que termina culpabilizando a la víctima del crimen.
Denunció un caso de la Policía Municipal de Acapulco, en acompañamiento de la activista, le dijo a la víctima a la que fue a atender por un llamado de emergencia, que fuera a un juzgado a conciliar los problemas intrafamiliares.
Cuando la mujer llegó al Ministerio Público, le cuestionaron ¿por qué se tardó? “Parece que la Policía Municipal y MP sólo están atentos a levantamientos de cadáveres. Hemos insistido en que esa violencia da como resultado pérdida de vidas humanas, en el desvanecimiento de las familia, tendría que atender desde los primeros respondientes con toda la prevención que se tendría que dar”.
Ratificó que en el discurso las autoridades asumen compromisos que no se reflejan en acciones ni en presupuestos, “a pesar de que el contexto de violencia es muy grave no se le ha tomado la seriedad necesaria”.
Texto: Lourdes Chávez
