Una veintena de organizaciones civiles, coordinadas en Ciudadanía 19S, denuncian que el plan de reconstrucción del gobierno de Miguel Ángel Mancera está concebido para facilitarles jugosos negocios a grandes inversionistas inmobiliarios y renovar el poder de los directores responsables de obra y corresponsables de estructuras, los especialistas más cuestionados por avalar edificaciones que no resistieron el sismo del 19 de septiembre. Por eso, proponen que se sustituya el plan Mancera por uno que sea transparente y en el cual participen los habitantes de la ciudad
José Gil Olmos / Agencia Proceso
Foto: Internet. Protesta del colectivo 19S en la Cdmx
Ciudad de México.- Los recientes sismos de septiembre no parecen haber cimbrado el negocio inmobiliario en la Ciudad de México, sino todo lo contrario: el programa de reconstrucción anunciado por el gobierno capitalino beneficia a las grandes constructoras, las rentas aumentaron, continuaron como si nada las edificaciones en las colonias más afectadas e incluso siguen avanzando los trabajos con maquinaria pesada a un lado de los inmuebles dañados, sin que las autoridades se preocupen por el impacto que esto causa.
A pesar de las quejas ciudadanas, las constructoras e inmobiliarias parecen intocables. Organizaciones civiles agrupadas en Ciudadanía 19S han denunciado que hay intereses financieros muy grandes detrás de estas empresas y que algunos políticos (ex funcionarios y ex delegados) están vinculados con este negocio, que ha generado millones de pesos para las administraciones en la Ciudad de México desde hace 17 años, cuando empezó el boom inmobiliario.
Entre los ex funcionarios mencionados están Elvira Daniel Kabbaz Zaga, hija de José Daniel Kabbaz, director general del grupo Danhos, que ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados, primordialmente de espacios comerciales, como Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontle, Parque Lindavista, Reforma 222 y la Torre Bicentenario II. Estos desarrollos pagan por impuesto predial al gobierno capitalino alrededor de 150 millones de pesos anuales.
Elvira Daniel comenzó a trabajar como asesora jurídica de Alejandra Barrales y luego con el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como directora de Servicios de Transportes Eléctricos.
Los denunciantes también señalan a Simón Neumann Ladenzon, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) vinculado con las empresas Dekah y Desarrolladora Vertical Home, las cuales estuvieron tras la venta de los departamentos de Insurgentes 1260; Canada Building Systems comercializó el edificio de Emiliano Zapata 56 y Baha Inmobiliaria remodeló el de Tepic 40.
También es el caso de Felipe de Jesús Gutiérrez, responsable de Seduvi, quien en 2008, como director general de Desarrollo Urbano en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), autorizó los “polígonos de actuación”, zonas en las que podían hacerse megaobras de 50 niveles en zonas industriales, lo que benefició a algunas constructoras.
Se menciona igualmente al diputado del PAN Jorge Romero, ex delegado de Benito Juárez, que presuntamente está detrás de este negocio inmobiliario con otras constructoras, como Rouz, que hace apenas dos años construyó los condominios Emperadores II en la colonia Portales, dañados con el reciente sismo.
El ex delegado panista de Benito Juárez y actual coordinador de la bancada de su partido en la Asamblea Legislativa capitalina, estuvo involucrado en abril de 2016 en un escándalo.
Según unas grabaciones telefónicas que se hicieron públicas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo gestiones para favorecer uno de los millonarios negocios inmobiliarios del hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Se trató de revertir la clausura, por parte de Seduvi, de una obra en Polanco, propiedad de Omar Yunes, donde se planea construir departamentos de lujo con valor de entre 3 y 5 millones de dólares cada uno.
También se ha beneficiado –según las organizaciones citadas– a Santiago Morales Broc, uno de los hijos del exprocurador general Ignacio Morales Lechuga, quien aparece a la cabeza de la constructora GDC Desarrollo, que también es promotora e inmobiliaria. Según colonos consultados, en dicha empresa también participan las familias Silva Herzog y Aguirre, esta última propietaria de Radio Centro.
GDC ha construido unos 20 desarrollos residenciales de lujo en distintas zonas de la ciudad, los cuales suman más de 387 mil 641 metros cuadrados, con un precio promedio de 10 millones cada departamento, dependiendo de la zona y el tamaño. Sus desarrollos incluyen “amenidades”, roof gardens, albercas, jacuzzi, chapoteaderos y spas, incluso en la colonia Portales Sur, donde el agua está racionada.
“Pacto inmobiliario” y negocio seguro
Las organizaciones que integran Ciudadanía 19S argumentan que Mancera pretende poner en manos de esas firmas los trabajos de demolición de los 2 mil 300 inmuebles dañados por los dos sismos y la reparación de más de 4 mil con deterioros, a pesar de que desde septiembre se presentaron 140 denuncias contra inmobiliarias, constructoras y promotores de vivienda ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.
En Ciudadanía 19S se coordinan 20 organizaciones civiles y colectivos ciudadanos que respondieron de inmediato a la emergencia tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Busca fortalecer y organizar en mediano y largo plazos el espíritu de colaboración, empatía y solidaridad nacido de entre los escombros, y transformar la capital del país en una ciudad incluyente, segura, saludable, sustentable y resiliente.
Al hacer un primer análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del Programa Para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, entregada por Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Legislativa –que aún debe ser dictaminada para que se convierta en ley–, la asociación de ciudadanos sostiene que en realidad se trata de “un pacto inmobiliario que beneficia a los desarrolladores, utiliza fondos y predios públicos, permite evadir la Ley de Desarrollo Urbano, da beneficios fiscales, financiamiento, y exime de trámites a las constructoras”.
Integrantes de Ciudadanía 19S, Josefina MacGregor y Laura Frey advierten que en el proyecto de reconstrucción propuesto por Mancera la información no es pública y abre la posibilidad de evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano, lo que resulta absurdo, ya que en muchos casos el incumplimiento de estos mismos programas es lo que derivó en tragedias vinculadas con el sismo.
La agrupación entregó a la Asamblea Legislativa un escrito con 26 observaciones a la iniciativa de ley de Mancera y sostiene que ésta parte de información general de la ciudad y unos cuantos datos del sismo que no permiten un análisis y mucho menos sacar conclusiones.
“Llama la atención que se subrayen los daños a Seduvi y al Archivo General de Notaría, más bien como justificación a la supuesta caída de información de ambas fuentes. Prácticamente no analiza las condiciones derivadas del sismo, pero sí resalta la necesidad de reactivación económica”, señala la coalición de agrupaciones civiles.
El Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México cuenta con 9 mil 441 millones de pesos. Según Ciudadanía 19S, al poner más énfasis en la parte económica, en la iniciativa de ley de Mancera “los beneficios van dirigidos al sector inmobiliario con alto poder de inversión, utilizando para ello los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo”.
