18 junio,2025 3:46 am

“El primer problema” con el contrato es el rector, señala un ex secretario del STAUAG

Chilpancingo, Guerrero, a 18 de junio de 2025.- El ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Romualdo Hernández Alvinez, dijo que las modificaciones al contrato colectivo de trabajo “violentan” los derechos, pero que “el primer problema” es el rector Javier Saldaña Almazán.

Romualdo Hernández fue secretario general del STAUAG en el periodo 1993-1996 y fue integrante del Comité Ejecutivo Estatal que encabezó Pablo Sandoval Ramírez en 1976, cuando la organización se denominaba Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, el cual firmó el primer contrato laboral en noviembre de ese año.

En la actualidad, es maestro de la Preparatoria 2 con sede en Acapulco, donde suma 55 años de servicio exclusivo e ininterrumpido, con una categoría de Tiempo Completo Titular C. Él, junto con otros agremiados se amparó en contra de la aplicación del Impuesto Sobre Renta (ISR) a las prestaciones en 2020, así como en contra del nuevo contrato, que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validó el 16 de mayo pasado.

De acuerdo con la versión preliminar del nuevo contrato, a la que El Sur tuvo acceso, se modificación al menos 34 cláusulas de manera negativa, con las que se exenta a la universidad de pago de ISR en algunos casos, se eliminaron beneficios y se colocaron candados que afectan hasta a los hijos de los trabajadores.

Consultado vía telefónica sobre las modificaciones, el académico dijo que “el primer problema” es que el rector Javier Saldaña, quien “no respeta la bilateralidad” que debe haber, mientras que la directiva sindical, que encabeza el secretario general Francisco Hernández Herrera, tiene “vicios de origen”.

Denunció que Francisco Hernández trabajó en la Secundaria Técnica 1 de Acapulco y aunque argumentó que ya se jubiló, para ser integrante de la directiva sindical hay que ser trabajador “exclusivo” de la UAG.

Señaló que la directiva sindical hizo un emplazamiento a huelga directo a la administración central, sin notificar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, “sin eso, llegan a acuerdos, y los acuerdos son lesivos en 30 cláusulas”.

Puntualizó que a pesar de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolvió “en términos muy genéricos favorables a los trabajadores, pero no específica, en nuestra opinión, sobre cuáles son cláusulas que violentan y que son derechos adquiridos”.

Destacó que con la modificación del contrato se borró la responsabilidad de la administración central de pagar el ISR en caso de jubilaciones por decisión de los académicos, “si esto no es atentatorio contra los derechos de los trabajadores, no sé cuál es la visión del secretario”.

Reclamó que se le hayan otorgado facultades laborales a órganos de la universidad como el Consejo Universitario.

Resaltó que, desde 1976, cuando “se conquistó” el primer contrato a la fecha, “todo ha sido mejorar, no al revés, esta involución que estos tipos hicieron es una involución que la van a pagar. Pensaron que podían hacer esta situación y los trabajadores no iban a movilizarse y ya vieron que hay una resistencia, sobre todo, de quienes conocemos el contrato”.

“No solamente hicimos actos de rechazo a esta política de entrega de los derechos de los trabajadores a lo que diga el patrón. Estamos planteando también el proceso de amparo, para dar una lucha de carácter jurídico”, dijo.

Abundó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debió comparar los dos contratos, para resguardar todas las cláusulas que contienen derechos adquiridos, “esta situación ha consumado una política antilaboral, que se ha magnificado en este periodo rectoril (el de Javier Saldaña)”.

Declaró que los agremiados que están en contra de la modificación “queremos plantearle” a Francisco Hernández que se realice “un debate público”, donde se presenten “con documentos en mano” la postura de la directiva sindical y de la oposición.

Llamó a la directiva sindical y a la Rectoría a que “paren la política antilaboral” que afecta los derechos de los académicos.

Texto: Alina Navarrete Fernández / Foto: Jessica Torres Barrera – Archivo