10 octubre,2023 10:36 am

El problema de las fosas clandestinas no tiende a mejorar, dice el colectivo Lupita

 

Madres Igualtecas señala que la realidad es más grave que los datos oficiales porque muchas familias no denuncian por temor a represalias. Urge que se apruebe la Ley en Materia de Desaparición Forzada, insisten

 

Chilpancingo, Guerrero, 10 de octubre de 2023. El presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, declaró que “es una triste realidad” que Guerrero ocupe el tercer lugar a nivel nacional en fosas clandestinas y en el número de cadáveres recuperados, lo peor, dijo, es que “la situación no tiende a mejorar”.

Por su parte, la presidenta del Colectivo Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, aclaró que las cifras publicadas no reflejan realmente la gravedad del problema porque muchas familias no presentan denuncia por temor a las represalias, debido a que las autoridades ministeriales siguen infiltradas por la delincuencia “y cuando vas a denunciar, aun no llegas de regreso a tu casa, cuando el delincuente ya está enterado”.

En la edición de ayer El Sur publicó un reportaje de Quinto Elemento Lab, en el que se reveló que Guerrero ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el hallazgo de fosas con 498 y sólo en el 2019 se encontraron 99.

En tanto, Acapulco, de acuerdo con este mismo reportaje, se ubicó entre el 2011 y 2021 en el sexto lugar a nivel nacional, y sólo en el 2019 se registraron 56 fosas.

Entrevistado por teléfono, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, Molina Rodríguez, dijo “que es la triste realidad que se vive en Guerrero” y que por ello los colectivos exigen que se apruebe la Ley en Materia de Desaparición Forzada, pero que los diputados se niegan a darle trámite.

Reprochó que tampoco se está haciendo nada en cuanto a las tareas de prevención del delito; “mucho se comenta que el gobierno está avanzando, que está preocupado por el problema de la desaparición, pero en realidad no hay una estrategia integral de prevención del delito para acabar con el flagelo de la desaparición”.

Para el activista, no hay una corresponsabilidad de las autoridades con respecto a la gravedad del problema que se está viviendo.

Informó que el colectivo que encabeza, en lo que va del año ha recuperado más de 30 cadáveres en fosas clandestinas, y que sólo en el operativo más reciente encontraron tres.

Reconoció que cuando se envían los restos a la Fiscalía General de la República (FGR), en tres meses ya tiene el perfil genético y todo el proceso que se requiere para saber quién es y entregarlos a sus familiares.

Molina Rodríguez, agregó que los colectivos vienen presionando para que junto con la Ley se cree en Guerrero el Centro de Identificación Humana, porque a diferencia de la FGR, en la Fiscalía Estatal del Estado (FGE) “pasan meses los cuerpos sin que se identifiquen.

El representante del Colectivo Lupita Rodríguez, declaró que ayer se reunieron con la ex presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Mosso Hernández, a quien le insistieron los representantes de los colectivos en la aprobación de Ley en materia de desaparición de personas.

Informó que la diputada les informó que sólo hace falta la firma de un diputado para que esté listo el dictamen; “seguramente por cuestiones políticas o partidistas algún diputado no quiere firmar y esto lo van a utilizar a su favor”, reprochó.

Dijo que la realidad es que aún no hay fecha para que se apruebe la ley “y estamos planeando un plantón permanente en el Congreso para presionar, si no se va a pasar la actual legislatura y no va a avanzar la ley”.

Mientras tanto, lamentó que el problema de los desaparecidos en Guerrero “es lacerante”, puesto que ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en personas desaparecidas y en fosas clandestinas.

Criticó que el hecho de que el problema sea grave y aún no se haya aprobado la ley y no se haya creado el Centro de Identificación Humana, “difiere mucho de los discursos de justicia social, y cuando se dice que están con el pueblo y que primero los pobres, porque la mayoría de las victimas desaparecidas son gente humilde y pobre”.

Aunque aclaró que ahora ya no hay un grupo en específico, la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 17 a 24 años, y que más del 50 por ciento son hombres.

La presidenta del Colectivo Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, opinó que la realidad del problema no se refleja en las cifras que se publicaron porque muchas familias no denuncian a sus desaparecidos.

“El problema es que cuando vas y pones una denuncia, todavía no llegas a tu casa cuando ya el delincuente sabe. “Eso me sucedió a mí el viernes (pasado); hay filtración de información”.

Explicó que fue a denunciar el caso de un abuso sexual de una niña de 9 años y ahora están recibiendo amenazas para que retiren la denuncia, ¿y cómo la retiramos?

Se dijo molesta y decepcionada porque la misma Policía Ministerial y el Ministerio Público se prestan a ello, “entonces ¿cómo no nos van a matar? y ¿cómo no va a haber tantas fosas clandestinas?, y ¿cómo no se va a desbordar toda esta delincuencia que existe?”, cuestionó.

Denunció que en el Ministerio Público no existe un protocolo, “y si lo tienen se lo pasan por el arco del triunfo, por eso hay muchas víctimas que no denuncian a su desaparecido, por el miedo”.

Informó que en su Colectivo tiene 87 casos de desaparecidos que ni siquiera se han ido a parar sus familiares al Ministerio Público. “Dígame cómo van a ir al MP a decir falta mi hijo o le pasó esto, si ahí filtran la información”.

Explicó que ante ello, el comentario de los familiares es que “si ya está desaparecido mi familiar, para qué busco que me desaparezcan a mí también”.

Además, denunció que no se cumplen con los protocolos, dos de ellos el de la privacidad y el anonimato: “Llegas a presentar la denuncia y casi te están gritando que informes a qué vas y cómo fue, cuando las denuncias deben ser anónimas”.

“Así ¿cómo no va a haber tantas fosas clandestinas si el gobierno no nos apoya. Si el gobierno no apoya a nadie, ni siquiera a una niña víctima”, dijo en referencia al abuso sexual de la menor que ahora está siendo presionada para que retire la denuncia.

Román Jaimes quien desde el 24 de octubre del 2012 busca a su hija Ivet Melisa Flores Román, explicó que como madres buscadores de fosas clandestinas, no ven medidas preventivas, “por eso se va al alza todo esto”.

Denunció que, además, como representantes han tenido problemas en Iguala a consecuencia del apoyo que dan, pero aclaró que ellas sólo apoyan y escuchan a los familiares de las víctimas y hacen búsquedas con ellas, “sin pensar ni mirar atrás, sin ver qué hay atrás de cada desaparecido, de eso no sabemos”.

Dijo que el problema va creciendo por la apatía de las autoridades y que, incluso, en ciertos predios donde hacen búsquedas y encuentran cuerpos vuelven a ser reutilizados por la delincuencia.

Recordó que en el 2015, abrieron en un paraje 58 puntos (se reservó el nombre) en donde encontraron cuerpos y el lugar, después, volvió a ser reutilizado para depositar más cadáveres.

“Vamos de mal en peor, yo creo que el problema de todo eso es que no tenemos garantías de seguridad”.

Denunció que hay mucha gente que fue detenida y de inmediato liberada “y andan como si nada, y es gente que tuvo que ver con la desaparición de mi hija, lo peor es que siguen ocupando buenos puestos en el Gobierno”.

La activista contó que en su colectivo tiene 250 familias registradas, de ellas 87 no tienen denuncias en el Ministerio Público, el Colectivo Madres Igualtecas se fundó el 17 de abril del 2017.

Informó que actualmente tiene 44 niños que son hijos de desaparecidos o de padres asesinados, “pero todos sufren económica, sicológica y educativamente”.

Platicó que actualmente tiene el proyecto de contratar a un maestro para que instruya a esos 44 niños y los ayude a salir adelante en su educación, porque la mayoría por las secuelas sicológicas van mal en la escuela, “y no queremos que vayan a enredarse con la delincuencia organizada o vayan a agarrar malas costumbres. Hay que darles educación para que después, algún día, sean adultos con alguna carrera”, lamentó que ni siquiera de eso se haga cargo el gobierno.

 

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo-Jesús Eduardo Guerrero

 

 

 

 

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