Bruselas, Bélgica, 4 de noviembre 2017. España emitió el viernes una orden de detención el viernes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros de su Gobierno que se encuentran en este momento en Bélgica, con lo cual se inició oficialmente un proceso judicial que puede durar meses.
¿Qué ocurre en primer lugar?
El fiscal general belga explicó el viernes por la tarde que había recibido los documentos y que los estudiará hoy. Su oficina comunicó que trasladará en los próximos días a un juez de instrucción la “euroorden” emitida por una jueza española por presuntos delitos vinculados al plan independentista de Cataluña.
Las autoridades belgas detendrían entonces a Puigdemont y a los otros ex miembros de su Gobierno, a quienes deben presentar ante un juez en un plazo de 24 horas, señaló el ministro de Justicia belga, Koen Geens. Durante esta comparecencia el juez decidirá si mantiene a los cinco en prisión preventiva o si los deja en libertad provisional a la espera de que resuelva si deben ser entregados al país que los reclama.
¿Cuáles son los plazos?
Según la legislación europea, si el afectado acepta ser entregado, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento. Pero si el afectado se niega, el país ejecutor -en este caso Bélgica- tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la extradición. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90. Si la decisión final es entregar a los dirigentes catalanes destituidos por el Gobierno de España, Bélgica tiene 10 días para hacerlo.
Sin embargo, los plazos de la Justicia belga son más cortos. Incluidas las posibles apelaciones, según la Fiscalía hay sólo un plazo total de 45 días para el procedimiento.
¿Tienen libertad de decisión los jueces belgas?
Sí pueden decidir libremente, ateniéndose a la legislación de la Unión Europea (UE) y de Bélgica. Los Estados de la UE acordaron en su momento reconocer mutuamente decisiones en causas penales y entregar a las personas buscadas sin poner problemas. Sólo hay excepciones en unos pocos casos.
¿Cuáles son esos casos?
La ley incluye 32 categorías de delitos graves en las que no se exige que el motivo por el que se ordenó la detención sea considerado delito en ambos países. Si no aparece en esa lista, la entrega puede depender de que el delito también lo sea para la legislación del país ejecutor (Bélgica, en este caso). La rebelión y la sedición, dos de los delitos por los que se investiga a Puigdemont, no aparecen en la lista ni como tal en el derecho belga. Pero en la lista sí figuran el fraude y la corrupción, categorías en las que podría encuadrarse la “malversación” de la que también son sospechosos Puigdemont y sus ex consejeros.
¿Hay otras posibilidades?
La Justicia belga podría negarse a entregar a Puigdemont y los suyos si se constatase que debido a las “condiciones generales de detención” en España existe “un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante”.
En el pasado, los jueces belgas denegaron la entrega a España de una presunta integrante del grupo separatista armado vasco ETA. Sus abogados argumentaron que España fue condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar la Convención Europea de Derechos Humanos. Dichas condenas estaban relacionadas con las acusaciones de tortura presentadas por parte de presos de ETA.
¿Qué tribunales belgas intervendrán en el procedimiento?
La Cámara del consejo (un tribunal de instrucción) decidirá si se ejecuta la orden de detención, es decir, si los políticos españoles deben ser entregados a España. Si Puigdemont y los suyos apelasen la decisión intervendría la corte de apelaciones. Tras ese paso, sólo se podría apelar ante la Corte de Casación, el mayor tribunal ordinario belga. Si también ésta confirma la decisión, en Bélgica se habría agotado la vía legal. Si no lo hace, debería volver a decidir una instancia inferior.
¿Puede haber influencia política?
No. La directiva de la UE sobre la orden de detención europea lo dice claramente: “Las decisiones deben tomarlas únicamente las autoridades judiciales, sin tener en cuenta consideraciones políticas”.
