Gaspard Estrada
Durante el pasado fin de semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una fuerte polémica tras anunciar su deseo de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución de su país. El lunes, dio más detalles sobre su plan, estableciendo ocho áreas de reforma que incluyen la consagración de garantías para la sanidad y el agua potable, así como el cambio del mandato del Banco Central para priorizar el crecimiento económico y el empleo, manteniendo al mismo tiempo la independencia de la institución. En esta entrevista al periódico El Tiempo, Petro añadió también que no buscaba un cambio constitucional que le permita permanecer en el poder cuando termine su mandato en 2026. Según él, las instituciones creadas a raíz de la aprobación de la Constitución de 1991 no han sido capaces de resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana, lo que justificaría su proyecto.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta varios obstáculos. El primero es de orden legal. Una reforma constitucional en Colombia requeriría el apoyo mayoritario del Congreso, la aprobación de las cortes y un referéndum exitoso. El segundo es de orden político. Hasta ahora, Petro ha sido incapaz de conseguir que los legisladores aprueben sus reformas de la salud y las pensiones, mientras que las últimas encuestas muestran que su índice de aprobación ronda el 35 por ciento, frente al mínimo del 26 por ciento registrado a finales del año pasado. Por su lado, el sector empresarial, si bien ha hecho caso omiso de la preocupación por una posible reforma constitucional en los mercados –la valorización del peso colombiano mantiene su racha a la alza desde enero, mientras que los bonos soberanos denominados en dólares se mantienen estables–, ha dejado claro que la intención del presidente de buscar un cambio constitucional al margen del Congreso envía una mala señal a empresas e inversores.
El problema principal de Gustavo Petro radica en su incapacidad para construir mayorías políticas tanto en el Congreso como en la opinión pública. Si bien durante los primeros meses de su gobierno Petro accedió a montar una coalición con el centro izquierda y algunos partidos de centro (que antiguamente hacían parte de la coalición de los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque), lo que le permitió sacar adelante una reforma tributaria y darle impulso inicial a su plan de “paz total” con los grupos armados remanentes de la guerrilla, así como con los grupos paramilitares, su voluntad de negarse a disminuir el alcance de sus propuestas de reforma (en particular, en materia de salud), ha provocado la salida de los grupos centristas de su coalición. Esto tuvo un impacto considerable en la gobernanza de Petro, y en la orientación política de su gobierno.
Desde entonces, ninguna reforma propuesta por el gobierno ha logrado pasar el obstáculo del Congreso, al tiempo que las inversiones privadas se han estancado. El crecimiento económico en 2023 fue anémico –menos de 1por ciento–, y los problemas de seguridad han vuelto a la vida cotidiana, tras el fracaso (al menos parcial) de la ambiciosa política de “paz total” que constituye uno de los principales ejes del gobierno de Gustavo Petro. A pesar del respaldo dado por su gobierno a la lucha en contra del crimen, los asesinatos y el hostigamiento hacia los dirigentes de movimientos sociales en el campo no han cesado.
Este cuadro ya tuvo una consecuencia política práctica, a finales del año pasado durante las elecciones municipales: la gran mayoría de las alcaldías en juego fueron ganadas por candidatos de la oposición al gobierno. La capital, Bogotá, fue conquistada por Carlos Fernando Galán, el hijo de un importante líder del partido liberal asesinado en 1989 cuando era candidato presidencial, frente al candidato apoyado por Gustavo Petro, David Racero. En este sentido, sin un cambio de rumbo importante en la gobernanza del presidente colombiano, lo mas probable es que la propuesta de asamblea nacional constituyente no pueda prosperar, y mas peligrosamente, que una alternativa conservadora o ultra conservadora aparezca en el horizonte preelectoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
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