Madrid, España, 4 de diciembre 2017. – El Tribunal Supremo español decidió hoy lunes mantener en prisión al destituido vicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras y al cesado consejero de Interior Joaquin Forn, mientras deja en libertad bajo fianza de 100 mil euros (118 mil dólares) a otros seis antiguos integrantes de ese gabinete.
Todos ellos están acusados de presuntos los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista impulsado en esa región española.
El juez considera que no hay riesgo de fuga, ante el importante arraigo de todos ellos, pero hay riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.
El cesado vicepresidente del gobierno catalán, en su declaración ante el juez el pasado viernes, se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía, como tampoco lo hizo el antiguo responsable de Exteriores del gobierno catalán, Raül Romeva.
Junqueras es cabeza de lista por ERC (republicanos independentistas de izquierda) en los comicios regionales del próximo 21 de diciembre, por lo que su estancia en prisión afectará directamente a la campaña electoral que comienza esta medianoche, en la que la mayoría de los investigados son candidatos.
Además de Junqueras y Forn, el juez Pablo Llarena decidió mantener en prisión por los mismos delitos a los líderes de las dos asociaciones secesionistas más importantes de Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómniun, respectivamente.
En cuanto a quienes salen en libertad bajo fianza, deberán comparecer semanalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado que elijan; les prohíbe salir del país y les retira el pasaporte, bajo advertencia de que si incumplen estas medidas deberán ingresar en prisión.
Por otra parte, el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro integrantes de su antiguo gobierno comparecen hoy ante un juez en Bruselas, que deberá decidir sobre la petición de Esspaña para que regresen a responder ante la Justicia de ese país, por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Texto y foto: EFE
