Maltrato en las instituciones que debían proteger a mujeres indígenas
Texto: Lourdes Chávez
Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Segunda parte
Chilpancingo, Guerrero.- María Pineda de la Cruz, la mujer na savi de Tlacoachistlahuaca abandonada en el desierto de Arizona hace dos años y 10 meses por coyotes (traficantes de personas), cuando huía de su marido golpeador que amenazaba con “hacerla cachitos”, vive ahora con dos de sus cuatro hijos, en la habitación de una casa prestada en Chilpancingo.
Como la vivienda tiene piso de azulejo y puertas de madera, le quitaron el pago del programa Prospera para mujeres en pobreza, el único apoyo que tenía de la intervención del Estado en su caso.
Su historia muestra cómo se vulneran derechos de las mujeres, como el acceso a la justicia, a la integridad física, al desarrollo a la personalidad (en su adolescencia y juventud no pudo decidir sobre su futuro), en conclusión, a una vida libre de violencia.
Casi a costa de su vida, el nombre de María Pineda trascendió en la prensa estatal y nacional en febrero de 2014. Después de cinco días caminando con un grupo de migrantes en la frontera, pasó dos noches y dos días vagando sola en el desierto, orando para no encontrarse con “gente mala”, hasta que llegó a un poblado donde la hospitalizaron dos días, estuvo otro más en prisión y finalmente la deportaron.
Con la atención mediática, llegaron las promesas de apoyo institucional que no tuvo antes de emigrar sin documentos.
La respuesta de las autoridades fue la detención de Rufino López, con quien la unieron a los 13 años de edad tras un acuerdo económico de los padres de ambos contrayentes (algo todavía común en algunas poblaciones de la zona na savi), antes de que se cumpliera una semana de la denuncia en los medios de comunicación.
Sin embargo, María Pineda aclaró que su agresor salió de prisión un año después, tras el pago de una fianza, para llevar el proceso en libertad por el delito de violencia doméstica, no obstante que la jueza Teresa Camacho Villalobos aseguró que había elementos para emitir una sentencia condenatoria.
Contó que el agresor también la violó, después la hizo beber blanqueador y terminó internada en el hospital de Ometepec, colindante a Tlacochistlahuaca, pero cuando María presentó la denuncia penal en el Ministerio Público no pudo acusarlo de agresión sexual, porque la mujer que recibió su testimonio le dijo, “eres su esposa, él tiene derecho de hacerte eso, regresa a tu casa”.
Después, cuando María Pineda ratificó la denuncia ante un secretario del Ministerio Público y mencionó la violación, el funcionario la cuestionó, “¿por qué no lo dijo antes?, aquí sólo dice violencia doméstica”. Como no estaba indicado en el primero escrito, el secretario se negó a incluirlo en los agravantes.
Hoy, en entrevista, María Pineda reconoció que sintió vergüenza de insistir en la denuncia. La acompañaba una de sus hijas, como testigo de cargo, y supuso que la funcionaria que se lo dijo tenía razón, que no era delito.
María Pineda, bilingüe, habla con fluidez y decisión en español sobre su experiencia en la oficina de K’inal Antzetik, que dirige la reconocida defensora de derechos de las mujeres indígenas, Hermelinda Tiburcio Cayetano.
Recordó que en su pueblo natal, Yoloxóchilt, era promotora de educación inicial de Conafe, también de educación para adultos y promotora de salud de la asociación civil K´’inal Antzetik, que difunde en las comunidades indígenas los derechos de las mujeres.
Con esta experiencia, intentó en dos en ocasiones dejar su casa, una propiedad que le pertenece a su familia; sin embargo, las dos veces se vio obligada a regresar porque no podía trabajar sin descuidar a sus hijos. La primera vez estuvo en una localidad de Cuajinicuilapa, con tres niños de uno, tres y cinco años de edad, como empleada doméstica.
En 2006, enferma y con 200 pesos, llegó a Chilpancingo, donde tampoco la recibieron en el servicio doméstico con la cuarta niña, la menor.
De vuelta a Yoloxóchilt, sabía que tenía que salir en algún momento porque su agresor también tenía la intención de acordar la boda de la mayor de las hijas, y se opuso.
Es práctica común en algunas comunidades de la zona na savi de Guerrero, la entrega de los padres a las hijas en matrimonio por dinero que, bajo los usos y costumbres se identifican como los gastos de manutención, que en los hechos constituye una venta de mujeres.
Por separado, Hermelinda Tiburcio opinó que este intercambio es posible por la migración. Explicó que permite a los hombres tener dinero para ofrecerlo a cambio de un matrimonio acordado, y asumir que las esposas son de su propiedad, al grado de tener derecho de golpearlas, e incluso de quitarles la vida. Sin embargo, no necesariamente se hacen responsables de la familia, y al salir de los pueblos abandonan a las mujeres con sus hijos. Asimismo, dijo que afecta a las mujeres el alto consumo de alcohol de los hombres.
Siendo niña, María Pineda fue casada con un hombre de 20 de años, y el año siguiente tuvo su primer hijo.
“Siempre fue violento, me decía que sus papás decidieron que yo me juntara con él, que no me quería, me insultaba: que yo no servía para nada, que estaba fea, que estoy flaca, y estaba bien, porque primero no tomaba mucho, nada más trabajaba. Después cada vez que tomaba me empujaba, me pateaba, me tiraba de la cama, me jalaba la greña y me arrastraba en la calle. También sacaba machete, gritaba, ‘voy a hacerte en pedazos, te voy a matar’”.
Cuando comenzó a colaborar con Hermelinda, su agresor se enojó mucho más, “decía que nunca estaba en casa, ‘ahora sí te voy a hacer en pedazos porque no me obedeces’; para entonces, ya no me importó nada, cómo no voy a servir, si yo le deba dinero para el líquido (químico para limpiar la tierra de cultivo) y fertilizante. Sí puedo trabajar, aunque él diga que no”.
Recordó que juntos viajaron como jornaleros agrícolas, y ella ahorró para cambiar el techo de cartón de la casa, por otro de teja, mientras él gastaba todo en alcohol. También pagó el trámite de documentación de la casa, que él puso a su nombre.
Aclaró que sus padres, le decían que se aguantara, que era su marido, que no podía criar sola a sus hijos. A la distancia, considera que ellos también le tenían miedo.
En el tercer intento, cuando el hombre dio con su paradero en Chilpancingo y volvió a amenazarla, pidió dinero prestado para cruzar la frontera. Tras cinco noches caminando y esconderse en el día para que la policía de migración no los descubriera atravesando el desierto, el grupo de migrantes y el coyote que los guiaba la abandonaron a media noche en el camino, esperando que una patrulla fronteriza la encontrara por la mañana.
“Ya no tenía agua, por eso me dejaron, ‘si te vas, todos nos vamos a quedar sin agua y sin comida’, se les hizo fácil dejarme. Así que caminaba y un rato descansaba, hasta que por la noche vi luces y dije tengo que llegar, caminé toda la noche y todo el día hasta la siguiente noche.
“Socorro, ayúdenme”, dijo al llegar al lugar, “¿viene del cerro, verdad?, y sí, era pura bajada, por eso aguanté”, y antes de probar agua o alimentos se desmayó.
En la Ciudad de México, la recibió Eva García, de la organización Camino con Alas, que la acompañó, hizo la denuncia pública en los medios de comunicación. Después de aparecer en los periódicos y en televisión, la Secretaría de la Mujer ofreció a María becas para que sus hijos siguieran estudiando. Recibió terapia, pudo concluir sus estudios de secundaria, pero nunca llegaron las becas de estudio para sus hijos. Aún en la adversidad, sus dos hijas mujeres, están estudiando carreras universitarias.
Indicó que un abogado de la Secretaría de la Mujer asumió su defensa en el caso de violencia intrafamiliar, y supone que a la fecha sigue abierto, porque no le han notificado lo contrario. Siguen vigentes las medidas cauterales para que no se le acerque su agresor.
En cambio, denunció que su agresor ha atacado al papá de Hermelinda, que vive en Yoloxóchilt, y a la misma luchadora social, cuando ha ido a la comunidad de donde también es originaria, “dice que ella me aconsejó, que hace tiempo que me trataba así, y no me salía. Quería que yo estuviera ahí, hasta que me matara. ‘Eres mía, yo te puedo hacer lo que yo quiera’, decía”.
Lamentó que no haya justicia para los agresores, mientras las mujeres violentadas llevan la carga de la familia, y las secuelas de los golpes.
En junio pasado, le retiraron quirúrgica mente “una bolita” de un seno, y debe seguir en tratamiento porque han aparecido otras. Aclaró que no sabrían si pierde el seguro popular. “Aquí (en la ciudad) el dinero no alcanza, debo pagar servicios de la casa, luz, internet, comida, los pasajes, para las hijas”.
Confió en recuperar el bono de Prospera, porque la vivienda que utiliza pertenece a una migrante en Estados Unidos. María le da cierto mantenimiento a cambio de usar una de las habitaciones con sus hijas. Trabaja como empleada doméstica en casas particulares. Aclaró que le dijeron que no era seguro, pero no pierde la esperanza.
