Gaspard Estrada
Desde la toma de posesión del nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, ese país vive en un estado permanente de tensión y crisis. En efecto, el ex analista financiero y economista ha publicado una serie de decretos de urgencia y proyectos de ley que, en caso de ser aprobados, transformaría profundamente al país. El Decreto Nacional de Urgencia (DNU), primera medida legal anunciada por el nuevo jefe del Ejecutivo de extrema derecha, modificaría o suprimiría más de 350 normas económicas en un país acostumbrado a una fuerte intervención del Estado en el mercado.
Entre otras cosas, elimina el precio máximo de los alquileres, varias garantías para los trabajadores y las leyes que protegen a los consumidores contra los aumentos abusivos de precios, en un momento en que la inflación anual supera el 160% y el nivel de pobreza ha superado el 40%. Otros aspectos del decreto son el fin de los aumentos automáticos de las pensiones, la restricción al derecho de huelga y la flexibilización de los precios máximos de los servicios sanitarios privados. También pone fin a unos 7 mil contratos de trabajadores del Estado, con el pretexto de recortar el gasto público.
Frente a esta iniciativa, que ya entró en vigor (y que seguirá válida a menos que el Congreso argentino vote en su mayoría contra ella en ambas cámaras), varias personalidades y sindicatos presentaron un recurso judicial para que el decreto sea declarado inconstitucional. Un juez de primera instancia declaró la admisibilidad del recurso, aunque es muy probable que esta queja termine en la Corte Suprema. La pregunta es saber cuándo, teniendo en cuenta que el Congreso argentino deberá pronunciarse para avalar o rechazar el DNU propuesto por el gobierno.
El partido de extrema derecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene 40 de los 257 diputados del Congreso y siete de los 72 senadores. Es decir, no dispone de la mayoría suficiente para validar ninguna reforma, y mucho menos cambios constitucionales, a pesar de que exista buena voluntad de parte de los congresistas electos por el partido del ex presidente Mauricio Macri (PRO), para respaldarla. Es por ello que ante la fragilidad de su representación legislativa, el nuevo gobierno argentino ha decidido ir por el todo o nada: además de presentar el DNU, Javier Milei introdujo un proyecto de ley, llamado por los medios “ley ómnibus”, que haría cambios en no menos de 660 leyes. Su aprobación se traduciría en un cambio significativo del propio régimen político de ese país, en detrimento de los poderes del Congreso, al tiempo que las reglas de financiamiento de la vida política del país serían transformadas para dar paso a un financiamiento privado sin límites. Si esto viniera a confirmarse, se trataría de una evidente regresión democrática. Los grupos de interés privados podrían financiar sin límites las campañas de candidatos, lo que les permitiría más tarde tener influencia sobre la toma de decisiones de las autoridades electas.
Ante este “plan motosierra” contra la democracia, las principales centrales sindicales y los movimientos sociales han convocado una serie de protestas contra el gobierno Milei. Los sindicatos, en particular la Confederación General de los Trabajadores (CGT), anunciaron una huelga general a partir del próximo 24 de enero. Frente a ello, el gobierno del ultraderechista incluyó una serie de disposiciones dentro del DNU para facilitar la represión de la protesta social y la acción de la policía, en aras de intimidar a los ciudadanos que quieran expresar su repudio a la política de Milei.
Al día de hoy, las encuestas de opinión dan muestra de un rechazo a las medidas de Milei (55% en promedio), aunque el presidente mantiene un nivel elevado de aceptación. Sin duda, la lógica detrás de esta estrategia política está ligada a la gestión desastrosa del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Este último había hecho la apuesta inversa, es decir, llevar a cabo una política “gradualista”. Ahora, se trata de una ruptura política y económica. Que podría terminar destrozando a Argentina, sin resolver sus problemas políticos y económicos.
* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter :@Gaspard_Estrada
