24 junio,2019 4:43 am

El video confirma que en el caso de Ayotzinapa se usó la tortura y la CNDH la encubrió, dicen organizaciones

La grabación abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes, dicen Tlachinollan, Prodh, Serapaz y Fundar. Los organismos que representan a los padres de los desaparecidos afirman que en la PGR hubo una inercia para no actuar legalmente contra los responsables del desvío de las indagatorias, y que se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de junio de 2019. Asociaciones que representan a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encubrió actos de tortura en la investigación ministerial de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
El organismo desechó la denuncia de tortura del detenido por el caso Ayotzinapa que aparece en un video siendo torturado, no obstante los antecedentes que existían en un informe de la ONU.
“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde  la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación (sobre Ayotzinapa)”, declararon Servicios Especializados para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis de Investigación (Fundar) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un documento conjunto fijaron una posición sobre el video que muestra la tortura infligida al presunto sicario del grupo criminal Guerreros Unidos, Carlos Canto Salgado, sentado en una silla, amarrado y con los ojos tapados con plástico, en un interrogatorio por el entonces encargado de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.
Señalaron que el video que trascendió el viernes, confirma que durante la investigación de la desaparición de los normalistas, autoridades recurrieron a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento señalaron diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso.
Como referencia, recordaron que la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU reportó en su informe Doble injusticia-Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas en el caso, (marzo de 2018).  Entre éstos, se encuentra Carlos Canto Salgado, identificado como Carlos “N”.
En respuesta a la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía General de la República (FGR), rechazó que la llamada “verdad histórica” se haya basado en torturas, y sólo aceptó que hubo “vejaciones en dos casos”.
Las organizaciones recriminaron que  ni siquiera en esos dos casos hubo acciones legales contra los responsables. “Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”.
Asimismo, denunciaron que en la Recomendación sobre Ayotzinapa, la CNDH evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, y concluyó que sólo hay tortura en ocho.
En cuanto al detenido Carlos “N”, precisaron que la CNDH “expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido”.
Concluyeron  que “el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura; acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el Gobierno Federal, como la ONU-DH; coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso”.
Ante la confirmación de la existencia de la tortura en un caso que se encuentra bajo el mayor escrutinio público e internacional, consideraron que los “importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República”.
Advirtieron que la Comisión Presidencial perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso de Ayotzinapa  “si no avanza decididamente en la investigación de quiénes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales”.
Insistieron en que el video gráfico de la tortura, es un recordatorio de que sigue pendiente una investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia.
“Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual”.
Aclararon que es insuficiente que tras la difusión del video, Gómez Arrieta haya renunciado al cargo de subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, pues lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado.
Aún con un nuevo gobierno federal, ratificaron que el caso Ayotzinapa “sigue siendo la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada”.
Consideraron que también es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia.
Finalmente, mencionaron que en el pasado, videos como el de Carlos “N”, motivaron discursos de disculpas de algunas instituciones involucradas “pero no un reconocimiento profundo de que esta práctica es generalizada y mucho menos sanciones severas a quienes torturan y a quienes instigan o toleran como mandos esta práctica; para que esta realidad cambie, la sanción de los responsables es indispensable”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Issac Esquivel /Cuartoscuro 
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