Humberto Musacchio
A menos de un mes de las votaciones, el proceso electoral se ha convertido en el más sucio que se recuerde. Decenas de candidatos asesinados, dos o tres centenares, abierta e ilegal intervención del Ejecutivo en la competencia, candidatos con antecedentes penales, gastos sin declarar, dinero ilegal que nadie quiere ver, amenazas, agresiones, aspirantes que brincan de un partido a otro, ausencia de ideología y nada de propuestas convincentes y viables.
Para empezar, cabe decir que en tiempos del absolutismo priista sucedían muchas cosas. El dinero fluía torrencialmente en los procesos, pero siempre en beneficio del PRI y sus candidatos. Las campañas eran una especie de fiesta con barbacoa que los aspirantes a un cargo (del PRI, por supuesto) ofrecían a los electores; era usual el manipuleo del padrón para controlar a los votantes de cada distrito y contar con gente de confianza en las casillas. Para redondear la faena, el día de los comicios abundaban las formas de fraude, como carruseles, ratón loco, robo o embarazo de urnas, control de los órganos electorales de todo nivel y diversos dispositivos de la “tecnología electoral” que desplegaba el partido oficial.
Tiempos hubo en que las cosas se resolvían a balazos (contra la oposición, por supuesto), surgieron expertos en el fraude como el Alazán Tostado o más recientemente el Meme Garza, una especie de Mago Merlín de los comicios, pues sus procedimientos alquímicos eran motivo de admiración entre sus compinches del partido tricolor.
Al final, quienes decidían cuántos votos había que asignar a cada partido no eran los ciudadanos, sino los operadores del partidazo, que se encargaban de manejar las cifras para hacerlas creíbles. Pero el cochinero electoral de 1988 obligó a Carlos Salinas de Gortari a hacer concesiones. Las hizo a la derecha y Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador panista, al que siguió Carlos Medina Plascencia en Guanajuato. En 1994, cuando se eslabonaron la insurgencia zapatistas, el asesinato de Colosio y otras desgracias, la agudeza de Jorge Carpizo introdujo importantes cambios en la Comisión Federal Electoral, a la que ingresaron consejeros electorales ajenos a los partidos y promovió que se tipificaran varios delitos electorales.
Empezaba la larga marcha por el respeto al voto que desembocó en la creación del Instituto Federal Electoral, que con altas y bajas organiza las elecciones que dejaron de estar en manos del gobierno en turno. Así, en 1997 perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados y en 2000 el PAN llegó a la Presidencia de la República, lo que se repitió en 2006 en unas elecciones que despedían un fuerte tufo a podredumbre, con un consejo general del IFE incapaz de garantizar respeto al voto. Y ganó Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido”, palabras con las que pretendió explicar el asalto a la voluntad ciudadana.
El hecho es que aquel consejo general del IFE, ciego y tolerante ante el despliegue fraudulento de panistas y priistas, fue sustituido por otros consejeros que eligió la Cámara de Diputados. Hay que destacar que los consejeros son seres humanos, cada uno con su visión política, con su noción del país, fobias y simpatías, pero la integración plural del consejo tiende a garantizar que haya opiniones divergentes y confrontaciones que impiden la unanimidad obligatoria.
Sin embargo, hoy se despliega una impropia, ilegal y tenaz embestida contra el árbitro, al que culparán si Morena pierde la mayoría. Estamos en medio de un proceso signado por toda clase de marrullerías, del partido en el poder, de los opositores, del gobierno y de los poderes fácticos. Es un momento crítico para la democracia. Vale más respetar y apoyar al árbitro. De no ser así, sólo queda el abismo del autoritarismo, de la violencia y el desorden general. Ya tenemos un pie en ese infierno.
