La Fiscalía General de la República acreditó que el ex funcionario cuenta con los antecedentes procesales, los recursos económicos y redes familiares para suponer que puede darse a la fuga, determina Artemio Zúñiga
Ciudad de México, 27 de enero de 2022. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, continuará preso en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht.
El juez de control Artemio Zúñiga resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que el ex funcionario cuenta con los antecedentes procesales, los recursos económicos y redes familiares para suponer que puede darse a la fuga.
Para el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio de 2020 permitieron que Lozoya pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares.
“Es infundado el argumento de que el imputado no quiso sustraerse de la justicia, cuando en realidad se necesitó de una orden de aprehensión en la que quedó justificada su necesidad de cautela e, incluso, fue necesaria la extradición para conducirlo a proceso”, dijo el juez.
“Se considera que otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada no va a garantizar que el imputado comparezca en el proceso”.
La audiencia se celebró a petición de Isabel Porras, titular del Tercer Tribunal Unitario, para que el juez se volviera a pronunciar sobre la medida cautelar de Lozoya, porque la prisión preventiva dictada el pasado 3 de noviembre violaba su derecho a la legalidad.
Ayer, el juez Zúñiga estimó que las condiciones que justificaban el encarcelamiento del ex director de Pemex habían variado.
Recordó que en la audiencia de noviembre pasado, la FGR presentó nuevos datos que acreditan que Lozoya tiene recursos de sobra para darse a la fuga.
El juzgador abundó sobre la información que proporcionó el Principado de Liechtenstein y en la que se detalla que Lozoya era accionista de JF Holding SA y que esta empresa tenía una cuenta bancaria en ese país con 2 millones de euros.
Añadió que el ex director de Pemex cuenta con las redes familiares que le pueden facilitar su evasión y ocultamiento, porque su esposa Marielle Helene Eckes, sus hijos y su familia política son ciudadanos alemanes y viven en ese país europeo.
Adicionalmente, mencionó que la familia de su esposa es dueña de Eckes-Granini Deutschland, una de las mayores empresas de jugos y bebidas procesadas en Europa.
El juez Zúñiga refirió que el acceso a los recursos no es por sí mismo suficiente para mantenerlo preso, pero en una interpretación concatenada con otros elementos, sí puede considerarse un factor de riesgo para fuga.
Reiteró que la pena de prisión de 12 a 39 años de prisión que Lozoya puede recibir por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, también son un aliciente para que pueda tratar de evadirse de la justicia.
Unos momentos antes de que concluyera la audiencia, Lozoya, vestido con su uniforme de interno color caqui, volteó a ver a su abogado Alejandro Rojas Pruneda y le soltó: “esto es una barbaridad”.
Prisión preventiva viola legalidad, dice magistrada que ordenó reconsiderar el caso
Al estimar que la prisión preventiva dictada a Emilio Lozoya viola su derecho a la legalidad, un tribunal federal ordenó a un juez de control resolver de nueva cuenta si el ex director de Pemex debe o no continuar sujeto a la prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.
“La resolución que se analiza carece de debida motivación, congruencia y exhaustividad, en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, lo que desde luego impactó en el sentido del fallo. La normativa transcrita contiene el derecho fundamental de legalidad, el cual establece como uno de los elementos esenciales de todo acto de molestia, que esté fundado y motivado”, dice la sentencia de la magistrada Isabel Porras a la que Reforma tuvo acceso.
Tribunal desecha el amparo de la UIF contra la libertad concedida a Lozoya por Agronitrogenados
Un tribunal federal desechó el amparo presentado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, contra la libertad provisional concedida a Emilio Lozoya en el Caso Agronitrogenados, lo que ratifica el beneficio al ex director de Pemex.
Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, argumentó que son improcedentes los amparos presentados por personas morales oficiales como la UIF, salvo que reclame una afectación a su patrimonio, lo cual no sucede en este caso.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
