En septiembre de 2017 policías municipales detuvieron a Yndira Sandoval Sánchez y la agredieron sexualmente.
Chilpancingo, Guerrero, 27 de septiembre de 2019. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo García, y al fiscal general de Guerrero, por la detención de un activista y su pareja por parte de policías municipales, quienes la agredieron sexualmente, y por la inadecuada atención en el Ministerio Público.
Ayer la CNDH publicó la recomendación de los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2017 cuando policías municipales detuvieron a la activista Yndira Sandoval Sánchez y su pareja al alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra las autoridades policiales al momento de su detención y trasladadas a la comandancia municipal, donde la defensora fue intimidada por dos policías municipales quienes la agredieron sexualmente.
Pero después al ser liberada y dirigirse al Ministerio Público especializado en delitos sexuales para presentar la denuncia, el inmueble estaba cerrado, acudiendo al Ministerio Público del fuero común donde le informaron que no podían atenderla porque se encontraba alterada y el delito no era de su competencia y le solicitaron que se retirara, llamando a la policía municipal.
Según la investigación realizada por la CDNH concluyó que la agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas sicológicas consecuencia de la violencia sexual “y resolvió que dichos actos trascienden a la tortura, ya que le fueron realizados con la finalidad de castigarla por su comportamiento y resistencia en su detención”.
En tanto la Fiscalía vulneró el derecho de la agraviada al derecho a la justicia al negarle la posibilidad de presentar la denuncia debido a estereotipos de género, lo que retardó la investigación de la agresión sexual. Además de que una vez presentada la denuncia los exámenes de medicina y sicología no le fueron practicados de manera inmediata.
Además de que ni la policía municipal ni la Fiscalía del estado protegieron los datos personales de la víctima, porque fueron difundidos imágenes y videos en redes sociales y medios de comunicación. También refiere que la fiscalía difundió dos comunicados los días 22 y 23 de octubre de ese año con información inexacta de la detención e información sensible de la activista, “que dieron lugar a discriminación y estigmatización por su calidad de defensora de derechos humanos y su reclamo de ser víctima de violencia sexual”.
La CNDH determinó que el alcalde de Tlapa y al Fiscal del estado reparen el daño a la víctima: a la Fiscalía continuar con la integración de la carpeta de investigación que deberá ser tramitada con perspectiva de género, y colaborar para la queja que se presente ante el órgano interno de la fiscalía contra los servidores públicos responsables.
Además de capacitar a los agentes del Ministerio Público, para la investigación con perspectiva de género, y violencia sexual contra mujeres, además de realizar un diagnostico para evaluar las necesidades del personal del ministerial y pericial.
Al alcalde se le pide colaborar en la denuncia que se presente ante la fiscalía contra las mujeres policías municipales, y en el trámite que se realice ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos municipales involucrados y dar capacitación a los policías sobre derechos de las mujeres.
Texto: Jacob Morales / Foto: Twitter
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