15 enero,2020 4:31 am

Empresa de la que es socio Evodio provocó que se dispararan impuestos en la capital, denuncian

El Ayuntamiento contrató los servicios de Suimpac-Contable GRP para el avalúo catastral y el cobro del impuesto predial, y en algunos casos el costo adicional es de mil por ciento sobre el impuesto que cobra el municipio. Los cobros son ilegales y arbitrarios, los ciudadanos deben pagar pero en juicio todos serán ganados y la autoridad será obligada a devolver el dinero, afirma el abogado Román Bello.

Chilpancingo, Guerrero, 15 de enero de 2020. El Ayuntamiento que preside el perredista Antonio Gaspar Beltrán contrató los servicios de la empresa Suimpac-Contable GRP, de la que es socio el ex alcalde también perredista de Acapulco, Evodio Velásquez Aguirre, para el avalúo catastral de las casas-habitación y el cobro del impuesto predial en Chilpancingo.

A propuesta de esa empresa y el alcalde, a partir de este ejercicio fiscal se incluyó en el recibo del impuesto predial una cantidad extra de acuerdo al avalúo calculado por Suimpac-Contable GRP a las construcciones, lo que ha provocado protestas de los contribuyentes en los últimos días, pues en algunos casos el costo adicional es de mil por ciento sobre el impuesto que cobra el municipio, denunció José Natividad Catalán Manzanares, uno de los que encabezan el movimiento contra estos cobros.

A su vez, el abogado Román Bello Hernández declaró que a pesar de que los cobros son ilegales y arbitrarios, los ciudadanos deben pagar, pero los conminó a entablar juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues garantizó que todos serán ganados y que la autoridad será obligada a devolver el cobro “ilegal y arbitrario” que está realizando.

El reportero solicitó una copia del acta de Cabildo en la que se aprobó la contratación de dicha empresa, las condiciones del contrato y las funciones que realiza, sin embargo no hubo respuesta.

Algunos regidores consultados aseguraron que el caso no fue deliberado ni consultado en sesión de Cabildo, pero que existe un acuerdo a propuesta del propio alcalde, y que contó con la aprobación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Mientras tanto, con fecha 19 de diciembre, los ciudadanos Jorge Rosas Silva, Severiano Morales Modesto, José Francisco Marín Blancas y Guillermo Aguilar Catalán solicitaron un amparo ante la justicia federal, debido a que el alcalde Gaspar Beltrán no dio respuesta a dos solicitudes en las que le piden copia certificada del contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa privada Suimpac-contable GRP.

Trabajadores del Ayuntamiento aseguraron que el personal de la empresa privada desplazó al de base del Palacio Municipal, que hasta antes de esta administración realizaba las funciones catastrales y el cobro del impuesto predial.

La contratación fue en la opacidad; la empresa opera desde septiembre

A condición de que no fuera citada como fuente, una regidora informó que la empresa de la que es socio el ex alcalde de Acapulco comenzó a trabajar desde septiembre del año pasado, instaló un sistema de cómputo, capacitó al personal y a los peritos valuadores que revisan los terrenos y las propiedades y el cobro del impuesto predial.

Dijo que el alcalde trabajó la contratación de Suimpac-Contable GRP en la opacidad y que no se consultó a los regidores ni se deliberó la propuesta en sesión de Cabildo, sino que fue una propuesta del alcalde que se aprobó, “entiendo que con el acuerdo del gobernador Héctor Astudillo Flores”.

Agregó que hay versiones de que la empresa cobra al Ayuntamiento un 30 por ciento de las ganancias por el cobro adicional al impuesto predial derivado del avalúo a las construcciones.

“Esta empresa es la que está realizando todo el trabajo para el cobro del predial y ha instalado cuatro filtros: el contribuyente tiene que pasar por uno que está en la entrada del Palacio Municipal, luego con un segundo al que se le entregan los documentos, después con otro que tiene los planos y el último es el que informa lo que se tiene que pagar”, explicó.

Asimismo, fue la empresa la que planteó la propuesta de realizar un cobro a los contribuyentes del 12 al millar de los inmuebles, lo que ya generó la inconformidad de los ciudadanos y en algunos casos ha obligado a las autoridades a aplicar descuentos hasta del 4 al millar.

Incremento de cobro de más del mil por ciento

A su vez, Catalán Manzanares dijo que la trampa es que, en efecto, no hay un incremento al impuesto predial como lo ha asegurado el alcalde Gaspar Beltrán, sino que se incrementa el valor de las casas calculado por la empresa privada que ahora es la que realiza el avalúo de las propiedades.

“La causa de que se esté cobrando de mas es que se está valorizando la construcción que se tenga, si es de una planta o dos, si es de madera u otro tipo de material. Están valorizando las viviendas para que si el contribuyente no paga las decomise y las venda”, alertó.

Denunció que por eso en algunos casos el costo adicional ha llegado a ser al mil por ciento sobre el impuesto que cobra el municipio. Citó su caso, él pagaba 500 pesos y ahora le incrementaron a 5 mil, “es decir me están aplicando el mil por ciento”.

Informó que otro caso emblemático es el de Margarito Gallardo Analco quien tiene su casa en la Cooperativa de Vivienda y quien de 450 pesos que pagaba, este año le llegó su recibo de 113 mil pesos, “que es algo desorbitante y garrafal”.

Catalán Manzanares protestó: “estos malditos nos están valorando las viviendas al estilo Porfirio Díaz, cuántos pisos, cuántas puertas, cuántas ventanas…” y explicó que para realizar el avalúo la empresa trabajó con drones y clasificó por zonas la ciudad.

Ante la opacidad de las autoridades municipales el 19 de diciembre un grupo de ciudadanos encabezado por Rosas Silva, Morales Modesto, Marín Blancas y Aguilar Catalán solicitaron un amparo ante la justicia federal, debido a que el alcalde Gaspar Beltrán no dio respuesta a dos solicitudes en las que le piden copia certificada del contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa privada contable Suimpac-contable GRP.

En su demanda de garantías constitucionales reclaman la omisión para dictar y dar a conocer los acuerdos recaídos a sus peticiones formuladas por escrito “de manera pacífica y respetuosa”, que formularon en las fechas 15 de octubre y 13 de noviembre pasado al presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán.

En esos escritos solicitaron ante la Oficialía de Partes de la Presidencia municipal copia certificada del acta de Cabildo en la que se aprobó el incremento del impuesto predial y otros conceptos, del convenio celebrado con el gobierno del estado para realizar cobros de impuestos a los habitantes del municipio, así como copia del contrato de prestación de servicios con la empresa Suimpac-Contable GRP, para conocer las condiciones y el trabajo que realizará la empresa en el área de Catastro municipal.

Llaman a no pagar el impuesto

Por su parte, el comisionado de prensa del movimiento contra el alza del impuesto predial de Morena, Isidro Lázaro Encarnación convocó a los ciudadanos a no pagar el impuesto hasta que se establezca la tabla de valores y se cumpla el acuerdo con las autoridades de reducir esta tabla del 12 al millar a 4 al millar del avalúo de las construcciones.

“Que aguanten a la próxima semana para actualizar el sistema y haya un acuerdo y se establezca la tabla de valores”, pidió.

Informó que en estos días se reunirán con las autoridades de Catastro municipal.

Otra de las inconformes, Roberta Campos Adame explicó que los contribuyentes no es que se nieguen a pagara el predial, “lo que queremos es que sea lo justo y que sea lo que dice la ley”.

Se quejó de que, sin embargo, fue la contratación de la empresa privada Suimpac-Contable GRP por parte del presidente municipal lo que elevó hasta en un mil por ciento los pagos del predial.

Advirtió que el movimiento en contra de esta medida va a seguir, “a ver hasta dónde podemos llegar porque hay muchos intereses políticos de gente que se está incorporando a esta lucha, y cuando es así se complican las cosas”, reconoció.

El abogado Román Bello Hernández, quien ha presentado 100 juicios administrativos desde la administración del alcalde José Luis Peralta Lobato (1999-2002) por cobros arbitrarios del impuesto predial, aseguró que todos los ha ganado, declaró que los incrementos que están llegando ahora en los recibos por el impuesto predial, son ilegales, arbitrarios y abusivos.

“Ninguna empresa o despacho contable puede venir y decidir el incremento al predial”, advirtió.

Agregó que aunque el cobro de los impuestos es un acto de autoridad, “ningún acto de autoridad puede hacerse si no está establecido en la ley”.

Aseguró que el actual incremento al impuesto predial no está establecido en la ley porque la Ley de Ingresos se publica en diciembre de cada año y la tabla de valores catastrales se expide cada año, los 30 o 31 de diciembre, “y Antonio Gaspar comenzó a cobrar el impuesto predial a partir de noviembre y para que lo cobre necesita estar establecido en la ley y si esa ley todavía no se publica, es un incremento ilegal”.

En su caso informó que pagaba mil pesos al año, mientras que ahora le están cobrando 4 mil 300.

“En principio, checando la Ley de Ingresos del 2020 ésta todavía no se publica, la tabla de valores anual tampoco se ha publicado, entonces yo me pregunto con base en qué se está cobrando. Aunque sea autoridad no puede ejercer algún acto si no está soportado en la ley. Son cobros ilegales”, señaló.

Dijo que eso es lo que está generando la inconformidad, el acto arbitrario del presidente municipal, “al incrementar nomás porque sí, sin tener un fundamento legal para emitir el incremento del predial”.

También reclamó que en los recibos no se especifica el fundamento de qué es lo que está generando el incremento.

“No está fundado ni motivado. El recibo no dice el motivo ni el rubro”, por lo que insistió que se trata de un acto arbitrario porque no está fundamentado en la ley.

Sin embargo, dijo que el ciudadano está obligado a pagar y que en todo caso debe recurrir a los juicios administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues garantizó que estos serán a favor de los ciudadanos y que el Ayuntamiento será obligado a devolver los cobros arbitrarios.

Aseguró que en su caso ha presentado 100 de estos juicios desde la administración del edil Peralta Lobato y que todos los ha ganado.

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera