Marina Reyna Aguilar explica que una cifra tan baja, comparada con el total de 2 mil 56 mujeres víctimas de homicidio doloso, tiene que ver con la mala aplicación del protocolo para la investigación del delito feminicidio con perspectiva de género
Chilpancingo, Guerrero, 8 de marzo de 2021. En 10 años, sólo 90 asesinatos fueron consignados o judicializados como delitos de feminicidio de un total de 2 mil 56 víctimas mujeres de homicidio doloso, según datos de la Fiscalía General del Estado, proporcionados a través de varias solicitudes de información a la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim).
Para la representante de asociación civil, Marina Reyna Aguilar, una cifra tan baja, 4.3 por ciento del total, tiene que ver con la mala aplicación del Protocolo para la Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito Feminicidio.
La información a la que tuvo acceso El Sur, no es consistente con los datos de incidencia delictiva publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se alimenta precisamente de las fiscalías estatales.
Por ejemplo en 2018, el Secretariado reporta 262 homicidios dolosos de mujeres y 18 feminicidios en Guerrero, en el oficio del 28 de enero de 2021, la FGE indicó que hubo 227 muertes dolosas de mujeres. También reporta que ese año se judicializaron 12 carpetas de investigación por feminicidio.
En 2020, cuando el sistema nacional señala 12 casos de feminicidio, la FGE judicializó 13 carpetas de investigación, un caso más de los registrados este año.
Marina Reyna Aguilar advirtió la falta de cuidado de la dependencia de proporcionar cifras actualizadas, pero la lectura de las cifras a través de la Plataforma Nacional de Transparencia también refleja el retraso de las investigaciones, “las averiguaciones previas o carpetas de investigación ahí están durmiendo el sueño de los justos y pasan mucho tiempo para que se judicialicen”.
Denunció que la ruta que tienen que seguir las víctimas indirectas, familiares de las mujeres asesinadas, está lejos de ser la justicia pronta y expedita que deberían garantizar de manera complementaria la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia.
A la familia le dejan la carga de prueba, dar información, porque no hay investigación para llevar a buen término la etapa de procuración de la justicia.
“Las víctimas indirectas, la familia de víctima de feminicidio, tienen que batallar con las instituciones encargadas de procurar la justicia para que avance la carpeta, enfrentando obstáculos: mala atención, omisiones, y los hacen responsables de la carga de la prueba. Llega el momento que las víctimas abandonan las carpetas por hartazgo de la mala atención, la FGE no hace nada, quedan ahí. En otros casos, aún con la presentación de pruebas y ejerciendo presiones, no hacen nada”.
Es el caso de cuatro carpetas de investigación: por homicidio doloso con una víctima mujer de enero de 2020, un feminicidio de diciembre de 2019, por violencia intrafamiliar con tentativa de feminicidio de 2020, la desaparición de una joven el 30 de junio de 2018, donde Marina Reyna requirió el pasado 24 de febrero la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que se presenten sus avances en la Mesa Técnica para la Revisión de Delitos contra Mujeres y Niñas que se instaló en Guerrero en septiembre de 2020.
La feminista cuestionó también que en una mesa de trabajo la FGE dijo que estaba en proceso el cambio de nombre de la fiscalía para la investigación de feminicidios, pero a través de la solicitud de información confirmó que no es cierto, la oficina se sigue llamando Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y demás personas con orientación o prevención sexual por identidad o expresión de género.
En este tenor, la FGE informó que en 2019 hubo 128 homicidios dolosos de mujeres, sin datos de feminicidios consignados. En 2020 fueron 183 averiguaciones previas por el delito, y seis casos consignados como feminicidio.
En 2016 los registros del delito de homicidio doloso se duplicaron, llegaron a 341 víctimas, y llegaron al TSJ cinco averiguaciones previas consignadas y tres carpetas judicializadas, del anterior sistema tradicional y del penal acusatorio, respectivamente.
En 2017 fueron 211 mujeres víctimas de homicidio doloso, y ese año, la FGE consignó dos averiguaciones previas y judicializó 12 carpetas por el delito de feminicidio.
Los datos oficiales también muestran una disparidad con el Observatorio de muertes dolosas de mujeres con presunción de feminicidio de la Agcvim, que se nutre de hechos publicados en la prensa.
Mientras la FGE reporta 172 víctimas mujeres de homicidio doloso en 2019, Marina Reyna indicó que el Observatorio ciudadano documentó 191. En el 2020, la cifra oficial fue de 141 víctimas, en el observatorio fueron 165.
Explicó que de 2016 a 2018 los registros de la FGE son más altos, y es entendible porque no todos los hechos trascienden a los medios de comunicación, lo extraño es que en los últimos dos, sean menos. Aclaró que el observatorio no ha cambiado sus criterios de calificación, tomados del Protocolo para la Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito Feminicidio.
Aunque la Fiscalía Especializada respondió que fortaleció la oficina con la creación de unidades de investigación en las siete regiones, equipadas con computadoras, impresoras, archiveros, escritorios, sillones y aire acondicionado con una inversión de 3.3 millones de pesos, la activista aseguró que estos espacios siguen acéfalos en las dos Costas y en Tierra Caliente.
Para corroborarlo pidió el directorio de las unidades de investigación en las regiones, y recibió por respuesta “los funcionarios son Agentes del Ministerio Público especializados y se encuentran ubicados en las fiscalías regionales”.
Aunque el ejercicio del presupuesto debe ser información pública que se difunda en portales oficiales, la respuesta a la solicitud en este tema sólo fue que en el presupuesto de Egresos de 2020, la FGE asignó 5 millones 895 mil pesos a la unidad especializada arriba mencionada.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Tomada de Internet
