Texto y foto: Carmen González Benicio
Tlapa, Guerrero, 8 de octubre de 2018. En la presentación del 24 informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Montaña: Manantial de la resistencia, torbellino de esperanza se exigió la creación de la Comisión Especial de Investigación por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa.
Además pidieron al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “no se criminalice la lucha, que se respete a los defensores comunitarios, ya que Guerrero es bastión de la resistencia”, y que el Congreso del Estado ya no haga más leyes que criminalizan y permiten la privatización de los territorios.
El encargado de leer el informe fue el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien con el documento en sus manos describió el contenido escrito en más de 500 hojas con fotografías y mapas de concesiones mineras en La Montaña y el estado, y las fotografías de los 43 estudiantes en la memoria de la dignidad.
Empezó con la portada que lleva en primer plano la cara de Minerva Bello, madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que murió por enfermedad en su lucha por los derechos humanos, y ahora es símbolo de resistencia junto a los otros padres por encontrar a sus hijos.
Barrera Hernández dijo que se reunieron con López Obrador, hablaron de la creación de la comisión y éste se comprometió a emitir un decreto el 1 de diciembre, independientemente de la resolución de la Suprema Corte, por lo que esperan que cumpla el compromiso y si no seguirán acompañando a los padres.
Agregó que así como abrazan las luchas nacionales también las regionales como el caso de Valentina Rosendo, a 16 años de que en México no se hizo justicia recurrieron a la Corte Interamericana para que sentenciara al Estado mexicano por la violación sexual perpetrada por soldados del Ejército, y una juez sentenció en el fuero civil a dos militares acusados de tortura sexual, lo que muestra la lucha de las mujeres de La Montaña contra el patriarcado para exigir justicia contra los agentes de los ministerios públicos y jueces que se burlan, las estigmatizan y criminalizan.
Dijo que es muestra de la cuna de las resistencias contra los perversos que cobran y venden la justicia al mejor postor.
Agregó que a esos casos se suma el de Arturo Campos, acusado de más de 49 secuestros por defender a la Policía Comunitaria e impartir justicia desde los pueblos a los que no se defiende, y se les criminaliza y fue ese motivo que redescubrieron su sistema de justicia sin pedir permiso y ejerciendo sus derechos.
Destacó el caso de Juba Wajiín donde el 75 por ciento de su territorio está concesionado a empresas extranjeras sin consultarlos, lo que los llevó a organizarse y ampararse para pelear contra el Estado quien les dijo que la tierra no era su propiedad ni eran indígenas, por lo que recurrieron a la Suprema Corte para inconformarse con la Ley Minera, y eso obligó a las mineras a desistir.
Comentó que el informe es la esencia de la lucha de los derechos humanos como la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), que no permitió la construcción de la presa, y eso llevó a sus líderes a la cárcel como Marco Antonio Suástegui, pero su lucha no se doblegó y ahora están encarcelados 25 integrantes de esa organización.
El informe lleva las desapariciones y las familias desplazadas por la violencia porque el gobierno no brinda seguridad.
Habló del acompañamiento al Consejo de Comunidades Damnificadas por Manuel e Ingrid, cuyos fenómenos naturales provocaron la crisis alimentaria en la región, debido a que los productores perdieron sus cultivos y viviendas.
De las 4 mil viviendas que no concluyeron y fueron objeto de engaños del gobierno federal, con el que se reunieron varias veces, en su momento con Rosario Robles, exigió la reconstrucción.
Señaló que fueron empresas constructoras contratadas por el gobierno federal, provenientes del Estado de México y de Hidalgo, de donde son originarios el presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que abandonaron por completo los trabajos dejando millones de pesos sin comprobar.
Respaldo a Tlachinollan
En el informe los padres de los 43 jóvenes desaparecidos por el Estado respaldaron el trabajo de Tlachinollan, “necesario para los pobres a quienes se les niega el derecho a la verdad y la justicia”, ya que sus hijos llevan cuatro años privados de sus libertad “por el narco gobierno” que encabeza Enrique Peña Nieto y la organización es parte importante en su lucha legal.
Los padres piden acuerparse para que unidos puedan lograr muchas cosas, principalmente que llegue la justicia para los más necesitados de esta región de La Montaña.
Estuvo la hija del luchador social Ranferi Hernández y Juanita Dircio, a quienes asesinaron e incineraron en Chilapa, Lucía Hernández reconoció el trabajo que enfrentan los defensores y luchadores sociales.
Dijo que su padre la hizo darse cuenta de las injusticias para defenderse y siempre reman contra corriente enfrentándose a los problemas, por lo que llamó a organizarse, a no tener miedo para seguir, enfrentar y exigir lo que por derecho corresponde, “los problemas son cuando se intenta despojar al pueblo”.
Se dolió de que su padres ya no estén con ella, pero se queda la lucha que emprendieron contra los caciques denunciando los crímenes.
El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que será un aliado de Tlachinollan ante los abusos de las autoridades.
En el informe participaron diferentes colectivos, organizaciones sociales, representantes de Derechos Humanos estatales y nacionales de la ONU y de la CNDH, y la viuda de líder del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, entre otros.
