Afirma que los “mercados de economía criminal se han podido imponer en zonas pobres por encima de los gobiernos” y que se vive una economía de despojo
Karla Galarce
Durante el segundo y último día del Segundo Foro Ciudadano Anticorrupción convocado Comunidad Creativa de Emprendedores Revolucionarios (Crea), Guerrero es Primero, y el Consejo Municipal Ciudadano de Acapulco, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, sostuvo que en Guerrero ha permeado la economía criminal y puso como ejemplo La Montaña donde están los enclaves más importantes de droga.
En un auditorio lleno, conformado por alumnos de la Unidad Académica de Derecho de la UAG en Acapulco, el antropólogo habló durante más de una hora. Dijo ahí que el actual modelo económico de gobierno está dañando desde hace muchos años a las comunidades, pues no permite que los ciudadanos puedan tener vigentes sus derechos básicos como la alimentación, la educación o la salud.
“Estamos ante una economía del despojo. Las leyes están en contra de quienes defiendan sus territorios, en contra de que se les despoje”.
Dijo que el modelo neoliberal afecta a la vida comunitaria que es la base del desarrollo del país.
Además, añadió, “está la economía criminal, en el neoliberalismo lo que le da fuerza y dinámica al mercado, son estos giros de la economía criminal que tiene que ver con narcotráfico. Hay venta de armas, trata de personas, lavados de dinero. En Guerrero se ha permeado economía criminal. En la Sierra de Guerrero, en regiones hay partes donde se procesa la amapola, se empaqueta esa droga para que se lleve hasta Chicago”.
Criticó que los “mercados de economía criminal se han podido imponer en zonas pobres por encima de los gobiernos. Quienes tienen el poder real no son las personas elegidas por ciudadanos. No son actores del Estado pero sí están fuertemente armados y son los que están sometiendo a los guerrerenses. Guerrero se mantiene en los últimos escalones de desarrollo humano, pero ocupa los primeros lugares de producción de amapola, en la tasa de homicidios, en rezago educativo, en militarización”.
Cuestionó el “tipo de gobierno” que hay en Guerrero y el desarrollo que se quiere implantar: “como si el problema fuera nada más de legalizar la siembra (de amapola), cuando tiene que ver con un problema de corrupción, de impunidad, donde no se toca a quienes violan la ley, cuando existe colusión entre autoridades el estado y la delincuencia. Pasan casos de homicidios, tortura, extorsión no sabemos si son actores estatales o no”.
Barrera Hernández comentó que activistas y personas viven en confusión por la mezcla de actores vinculados entre el gobierno y los grupos de la delincuencia organizada. “Provoca que el estado se repliegue y diga ‘yo no fui’, y le carga las víctimas a los grupos criminales. Hay una descomposición de la vida pública pero las autoridades han sucumbido en su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Debemos generar medidas de autocuidado, replegarnos para sobrevivir, para por lo menos seguir vivos en esta selva de la violencia, es grave y doloroso de lo que está sucediendo”, dijo.
Garantizar autonomía de pueblos originarios
Abel Barrera dijo que el reto de los defensores de derechos humanos, abogados y activistas en Guerrero es saber “cómo garantizar el derecho a la autonomía” de los pueblos originarios y tener la verdad y justicia como verdaderos agentes del cambio para un modelo de transición, ante el nuevo gobierno federal.
Acerca de las luchas por la defensa de la tierra en comunidades como los Bienes Comunales de Cacahuatepec, de la conformación de la CRAC-PC en los pueblos indígenas de la Costa Chica y La Montaña y de la importancia de la primera elección, en la contienda electoral pasada, por usos y costumbres en Ayutla.
Habló a estudiantes de la carrera de Derecho de la UAG, de cómo se conformó el Cecop: “fueron las mujeres las que organizaron plantones. Se dieron cuenta de que había mil millones de pesos autorizados para la presa cuando ellos no contaban con servicios básicos, escuelas, fuentes de trabajo. Ellos dijeron, los habitantes de esas comunidades ‘el gobierno nos va a sacar, se va a quedar con terrenos y nos va a despojar’. Empezamos a llevar los juicios agrarios”.
Recordó que el gobierno estatal comenzó a impedir por la fuerza entrada de campesinos a asambleas y denunció que a 15 años la región sigue abandonada, marginada, con carreteras derruidas, sus habitantes sin drenaje, con aguas negras corriendo por calles.
Además, alertó que quienes conformaron el Cecop siguen siendo perseguidos por el gobierno estatal y son considerados. Hizo referencia a la detención de integrantes del Cecop que permanecen encarcelados en Las Cruces 17 de ellos, acusados de seis homicidios.
Alertó que el gobierno dividió a las comunidades en su afán por imponer el “desarrollo económico y el modelo neoliberal” que las comunidades rechazan.
Expresó a los alumnos que el Derecho debe ser herramienta e instrumento de lucha para los pueblos pues agregó que con la ley van a demostrar la inocencia de los campesinos y comuneros encarcelados y exhibirán cómo autoridades fabrican los delitos de los cuales los acusan.
“Nos ha enseñado a defensores que el derecho puede servir para justificar estado de opresión, sometimiento, corrupción, impunidad, ley puede servir para afectar a la población, afectando sus derechos. Pero ley bien usada es un instrumento que puede permitir que los pueblos puedan liberarse de caciques, de grupos económicos, de la misma delincuencia, (para) que lo dejen tomar en sus manos a los mismos pueblos, ciudadanos y organismos defensores, para usar derecho, con Estado de Derecho, para un gobierno con paz y justicia”, expresó.
Criticó que las mismas herramientas legales del derecho, estén siendo usadas para afectar pueblos.
Familiares de víctimas encarando al poder
Respecto a los movimientos sociales encabezados por las víctimas y sus familiares, los padres de las personas desaparecidas resalto que son ellos quienes han tenido que tomar en sus manos el caso de sus familiares ante negativa de autoridades de buscar e investigar.
“Los padres de los 43 están dando la batalla a nivel nacional. Los 43 (normalistas desaparecidos de Ayotzinapa), en la lógica de la delincuencia pensaron que los estudiantes eran delincuentes. La permisividad es producto del modelo de gobierno que ya ha sucumbido en su responsabilidad de proteger los derechos humanos y ha cedido parte de su poder a grupos de la delincuencia”, destacó Abel Barrera.
Indicó que la atención por resolver la desaparición de los 43 estudiantes ha sido desviada para no destapar la cloaca que vincula agentes gubernamentales con gente del crimen organizado.
“Los familiares impulsaron cambio en elecciones, el hartazgo, la indignación, el coraje, el dolor fueron lo que hizo cambio. El nuevo gobierno está obligado a atender ese llamado, a que a los padres se les considere como actores importantes del cambio hacia un modelo de justicia transicional a una Fiscalía Autónoma”, expuso.
Destacó que las víctimas están dando la batalla para cambiar la historia del estado.
“No queremos que Guerrero sea campeón en la violencia, sino que sea lugar de paz, armonía, justicia, pero el cambio no vendrá de las autoridades”, pues añadió que su agenda no es la de las víctimas, de los ciudadanos, de los comuneros, sino la de los presupuestos públicos, no la del pueblo. Debemos transformarnos en actores principales del cambio. La acción verdadera de la transacción debe darse desde el campo, desde la comunidad”, dijo.
Del nuevo gobierno, añadió, “debe mostrar compromiso de atender a la población, construir modelo de seguridad ciudadana, cambiar paradigma de la seguridad militar, crear una Fiscalía autónoma”.
