Con evidencias y testimonios, responsabiliza al Estado mexicano de la política de contrainsurgencia ejecutada por autoridades e instituciones públicas que operaron “de manera sistemática y generalizada” contra disidentes y diversos sectores de la población
Ciudad de México y Acapulco, Guerrero, 17 de agosto de 2024. En el periodo conocido como la guerra sucia, entre las décadas de los sesenta y noventa, al menos 8 mil 594 personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en todo el país, y el responsable fue el Estado mexicano, pues diversas instituciones públicas participaron en las atrocidades cometidas contra ciudadanos en aquel tiempo.
Esa es una de las conclusiones de Fue el Estado (1965-1990). Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico –conocido como MEH– de la Comisión de Verdad y Justicia creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fines de 2021 para investigar los crímenes cometidos en ese periodo y que, como documenta el informe, se trató de una política de contrainsurgencia contra diversas poblaciones.
En un ambiente festivo, de exigencia de justicia y reparación de daños, el reporte de 4 mil 700 páginas fue presentado en el Centro Cultural Tlatelolco por tres de los comisionados del mecanismo: Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart, quienes explicaron los métodos del Estado en aquellos años para desmantelar a grupos y organizaciones políticas que fueron considerados peligrosos.
Al acto, moderado por Halina Gutiérrez Mariscal, investigadora del MEH, acudieron sobrevivientes, familiares de víctimas y activistas, como la historiadora Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida en 1978; y Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, líder social guerrerense víctima de desaparición forzada desde 1974.
“No hay más camino que el nuestro”
El sociólogo David Fernández Dávalos mencionó los hallazgos importantes del informe y la comprobación del papel del Estado mexicano en las estrategias de represión, lo que dio el nombre al informe del MEH, de libre acceso en https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/
El Estado, recalcó Fernández, fue el responsable de las violaciones a los derechos humanos en ese periodo, pues instrumentó y operó la violencia estatal “de manera sistemática y generalizada”.
“Reprimió a una amplia gama de disidencias que amenazaban, según los represores, la estabilidad política, económica y moral de la época”. Había un plan y la estructuración de un Estado, explicó Fernández, para cometer estas violaciones y atacar de manera sistemática a las disidencias, es decir, una política de contrainsurgencia dirigida hacia la población “y que, definitivamente, no se limitó a grupos políticos”.
Fernández detalló que en el periodo de tiempo que abarcó el informe se acotaron todos los canales de participación política, tanto las vías armadas como civiles de quienes buscaron cambiar el país y fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y sufrieron la persecución del Estado.
Se llevó a cabo una doctrina de seguridad nacional cuya tesis era que el enemigo interno se tenía que aniquilar y se aplicó un “disciplinamiento social” guiado por el lema del Estado: “No hay más camino que el nuestro”.
De la contrainsurgencia al combate al narcotráfico
La institucionalidad contrainsurgente tenía como objetivo, añadió el ex rector de la Universidad Iberoamericana, garantizar la seguridad política del Estado, y la supervivencia y continuidad del modelo posrevolucionario del partido hegemónico: el PRI.
Se buscaba, en el fondo, “salvaguardar la reproducción de un modelo económico capitalista, desarrollista y extractivista, y más tarde uno neoliberal. Al término de la guerra sucia el Estado justificó su acción contrainsurgente bajo el combate al narcotráfico. Consistió en prácticas violatorias de derechos humanos, así como formación de economías criminales y circuitos de extorsión e impunidad”, explicó Fernández.
La variedad de responsables y perpetradores fue amplia, de lo federal a lo estatal, pero también organismos no vinculados con la seguridad y colaboración con agencias extranjeras.
Por ellos, la violencia de Estado fue distinta según las regiones del país. “Las autoridades locales tuvieron el respaldo para ejercer prácticas contrainsurgentes frente a conflictos locales con intereses particulares”, puntualizó.
Posteriormente, las técnicas contrainsurgentes migraron hacia el crimen organizado con el consentimiento de estructuras estatales.
Los esfuerzos de verdad y memoria, dijo, son producto de años y resistencia y búsqueda de justicia de las víctimas; el informe da fe de la negación y ocultamiento de información en archivos militares a pesar del mandato presidencial.
“Es un factor de persistencia. Hubo desacato del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”, remarcó.
Fernández añadió que lo presentado es una parte de todo el informe final del MEH. Es sólo la colección Fue el Estado 1965-1990 “y falta otra parte, la del equipo encabezado por (la historiadora) Eugenia Allier”, a presentarse en septiembre. “No es informe que cierre. La investigación de la verdad y de la justicia seguirá y debe seguir en el futuro”.
Represión contra todos los grupos sociales
En un video proyectado durante la presentación del informe mostró que muchas víctimas de la contrainsurgencia fueron comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo, habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, personas marginalizadas y criminalizadas, disidencias político-partidistas y del movimiento urbano, personas refugiadas guatemaltecas e incluso integrantes de las fuerzas armadas y policiales.
En esa proyección, el informe dio cuenta de que sus equipos de trabajo:
Realizaron 149 viajes de investigación en 20 estados del país.
Recolectaron mil 79 testimonios de familiares y sobrevivientes de 22 entidades; así como 197 testimonios presentados en los diálogos por la verdad en todo el país.
Consultaron 97 archivos de instituciones públicas, privadas y de organizaciones sociales.
Visitaron seis zonas militares para reconocer el espacio donde se perpetraron las violaciones.
Identificaron a 8 mil 594 víctimas de diversas violaciones graves a los derechos humanos.
Esas miles de personas, se explicó en el video, son víctimas de los vuelos de la muerte, de la lucha contra el narcotráfico y de políticas de desarrollo. Se trata de personas marginalizadas y criminalizadas, periodistas, agentes estatales; miembros de la diversidad sexual, del movimiento urbano popular, de la lucha agraria, pertenecientes a grupos religiosos, democratizadores y políticos partidistas.
Si bien el informe registra esas 8 mil 594 víctimas, documenta en total 11 mil 743 violaciones graves a los derechos humanos –detalló al final del video el comisionado Carlos A. Pérez Ricart–, pues en muchos casos una sola víctima sufrió más de una violación. En estos casos, fueron identificadas:
4 mil 9 víctimas de detención arbitraria.
2 mil 287 víctimas de prisión política.
2 mil 237 víctimas de tortura.
Mil 63 víctimas de ejecución extrajudicial.
649 personas sujetas a desaparición forzada transitoria.
517 víctimas de desaparición forzada.
385 personas asesinadas en masacres.
282 víctimas de tortura sexual.
216 víctimas de exilio.
83 víctimas de violencia sexual.
Y 13 de violencia reproductora.
Respecto a los perpetradores, se identificaron 591 agentes estatales responsables.
“Estas cifras no están completas, pero son una clara muestra de la violencia política que ejerció el Estado con grupos disidentes”, se señala en el informe.
“Falso, que Sedena haya abierto sus archivos”
Carlos A. Pérez Ricart, doctor en ciencias políticas, empezó su intervención mencionando que otros documentos ya se pueden ver en el sitio del MEH. Uno informa que, antes de 2018, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), “sacó” documentación relacionada sobre el tema del Archivo General de la Nación (AGN), lo que constituye, dijo, “un saqueo a la nación”.
El Cisen “tiene la obligación de darle al AGN al menos los documentos del periodo 1985-1995”, advirtió.
Denunció que las personas investigadoras del mecanismo “fueron maltratadas en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, al punto de que no se pudo continuar con la investigación de esclarecimiento histórico. Es falso que Sedena haya abierto sus archivos”.
Pérez Ricart mencionó un par de casos concretos que aparecen en el informe:
La masacre en Jopala, Puebla, en 1970, donde hubo 50 víctimas, perpetrada por terratenientes en colaboración con el Ejército. Es una de las 46 masacres registradas en el periodo de 1965-1990.
Desaparición forzada en los Altos de Sinaloa en aquella época y masacre de Río Tula, en Hidalgo, donde fueron desaparecidos, torturados y ejecutados entre 12 y 14 hombres en 1982.
El comisionado mencionó también al teniente Irineo Gutiérrez Santana, detenido, torturado y desaparecido por incumplimiento de labores represivas, y, entre otros casos, recordó el desplazamiento forzado y tortura en Chamula, Chiapas, en 1974.
“Ni siquiera si se investiga por 30 años, habríamos podido tener un número final que se acercara al número real de víctimas”. La violencia fue ejercida en todo el país, “no es una cosa de Guerrero, de Jalisco o de Sinaloa”, dijo. Y ofreció más cifras :
En 46 masacres resultaron 385 víctimas.
Se identificó a 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado.
Se tiene a 4 mil 482 víctimas identificadas con nombre, alias y/o seudónimo; solicitaron permanecer en el anonimato 134.
Hay 591 perpetradores identificados con nombre; además, se documenta la actuación de 59 responsables institucionales de violaciones graves a derechos humanos.
Se realizaron, añadió Pérez Ricart, 142 recomendaciones a 22 autoridades distintas; incluyen disculpa pública, reconocimiento de responsabilidad del Estado, cambio de nomenclatura de espacios públicos y vialidades, un centro nacional de memorias para los derechos humanos y comisiones de la verdad en el ámbito local y para periodos posteriores.
Se recomienda también la desaparición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la creación de un nuevo organismo. Además, es importante la reparación del daño y el reconocimiento a su calidad de víctimas; la publicación en periódicos del nombre de las y los periodistas víctimas, y una ley para una vida libre de violencia de las personas de diversidad sexual.
La Comisión Nacional de Búsqueda no ha hecho el trabajo que se requiere, enfatizó Pérez Ricart. Y comentó que en el informe se recomienda la desmilitarización y el cambio de la política de seguridad.
“No se tuvo acceso a los archivos del Estado Mayor Presidencial y al archivo histórico del Cisen. Urge una reforma a Ley General de Archivos para acceder a los archivos del pasado.
Tiene que haber un mecanismo de seguimiento”, concluyó.
“Justicia” sigue siendo la exigencia primera
Abel Barrera, luchador social y familiar de personas desaparecidas, aparte de ser director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Tlapa, Guerrero, dedicó algunas palabras a las familiares de las víctimas.
“¿Por qué honramos su memoria? Porque en medio del dolor viven con esperanza, porque han sabido caminar en la oscuridad, porque también han surcado los cerros en medio de espinas y han cargado la losa de la impunidad.
“Porque han enfrentado con aplomo la monstruosidad del Estado que se propuso exterminar los sueños de justicia a quienes hoy honramos. Porque en medio de sus precariedades y agobiados por las enfermedades, ustedes se funden con ese acero de su lucha imbatible”.
Barrera homenajeó a todos los familiares de víctimas de Guerrero, pero también del resto del país. Exigió justicia, palabra que fue una consigna coreada durante todo el evento.
El objetivo: delinear la responsabilidad del Estado
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, manifestó que desde la creación del MEH “hemos podido atestiguar cómo las víctimas han estado en el centro con enfoque de derechos humanos. Ha permeado la deliberación robusta, incisiva y vigorosa. Se han realizado importantes esfuerzos para favorecer la lucha y la participación.
“Y ha quedado claro que el objetivo ha sido delinear la responsabilidad del Estado y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, mismas que querían perpetuar un régimen autoritario y de privilegios, someter y controlar a la sociedad, imprimir miedo y anular la responsabilidad.
“Los retos no han sido pocos ni menores, sobre todo es preciso señalar las resistencias para colaborar por parte de las estructurar castrenses y los aparatos de seguridad e inteligencia, así como las limitaciones para hacer realidad que los culpables comparezcan ante la justicia y colaboren con la búsqueda de la verdad.
“Albergamos la confianza que el resultado que se presente el día de hoy brindará un mosaico que hay que terminar de armar, un mosaico en el que se refleje el elemento faltante para materializar el encuentro con el ser querido que fue desaparecido forzadamente y que apuntale al castigo de los culpables”.
Se limitó el acceso a archivos sobre los “vuelos de la muerte”, confirma el MEH
La restricción a consultar los archivos militares no permitió avanzar más en la investigación sobre los “vuelos de la muerte”, con lo que se violó el derecho a la verdad y se desobedeció al decreto presidencial de creación de la Comisión de la Verdad, advirtió el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) en su informe final.
Indica que esta información se encuentra en los archivos de concentración de la Dirección General de Archivo e Historia (DGAH) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI) resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN).
En la Parte 1 Violaciones graves a derechos humanos en contra de comunidades campesinas indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia, del Volumen 2 ¿Qué pasó? Violaciones graves a derechos humanos y sus consecuencias (1965-1990), el mecanismo reconoce que no tuvo éxito alguno para ubicar los nombres de las personas arrojadas al mar desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta.
El documento agrega que los “vuelos de la muerte” son una práctica de origen militar para estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa o Veracruz, “durante el periodo de 1965 a 1990 en adelante”.
El MEH denuncia “grandes dificultades” para la documentación de las violaciones de los derechos humanos y los “vuelos de la muerte” en el archivo resguardado en el Archivo General de la Nación (AGN).
“Con la restricción de la consulta al archivo de la DGAH se violó el derecho a la verdad porque los estados deben poner a disposición toda información relativa a la violación, precisamente, de los derechos humanos”, al igual que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para crear la Comisión de la Verdad en 2021 y que establece como prioridad para el gobierno de implementar acciones para esclarecer las violaciones de derechos humanos de 1965 a 1990.
Un “botón de muestra” de que sí hay información sobre esta práctica es el hallazgo de la adquisición de parte del gobierno mexicano de las aeronaves IAI Arava-201, en Israel.
Insiste: “no obstante, los obstáculos que se presentaron en las consultas de los archivos ya indicados, el MEH realizó todas las acciones posibles, sin éxito alguno, para ubicar los nombres de las personas arrojadas mar adentro”.
Un testimonio recabado por el MEH cuenta que participó en la construcción en 1973 de los bungalós dentro de la Base Aérea de Pie de la Cuesta y que servían como centro clandestino de detención y sede de la brigada blanca, donde las víctimas eran ejecutadas y luego subidas a la aeronave IAI Arava-201 matricula 2005 para luego ser arrojados en el mar; los bungalós también fueron usados para alojar a jefes o altos mandos.
“En el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, los testimonios de las personas detenidas coinciden que escucharon sobre los “vuelos al mar” o bien presenciaron prácticas como la de introducir en costales de ixtle a personas o colocarles zapatos de cemento”.
Otros testimonios de pescadores de Coyuca de Benítez señalan que durante la década de 1970 en la Barra de Coyuca “el mar regresaba cuerpos a la playa y que estos fueron enterrados por ellos mismos o bien entregados a las autoridades municipales quienes depositaron los cadáveres en el panteón”.
El informe cita testimonios recabados por la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) de sobrevivientes después de ser arrojados a ríos y matorrales desde helicópteros, la mayoría partiendo desde el cuartel de Atoyac rumbo a Pie de la Cuesta.
En el volumen 4 del informe, el MEH indica que “se sabe” que la información sobre los “Vuelos de la muerte” se encuentra en los archivos de las instituciones señaladas como omisas, además recapitula las solicitudes de información que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ya había dado a conocer en los últimos meses y con las que tampoco tuvo éxito.
El 7 de agosto pasado, una presunta lista oficial de 183 nombres de víctimas de los “Vuelos de la muerte” fue dada a conocer por el representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano.
Es un documento que un militar entregó a la madre buscadora Rosario Ibarra de Piedra en 2004 y del que la comisionada Eugenia Allier Montaña precisó en un comunicado posterior que fue encontrado en las consultas que durante varios meses su equipo de trabajo realizó en el archivo del Comité Eureka!, que actualmente resguarda el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMENA) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Allier Montaño entregó por su cuenta a la Secretaría de Gobernación (Segob) el informe Verdades innegables. Por un México sin impunidad; los responsables del documento citado por El Sur, los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, señalan que una de las consecuencias de la separación con el equipo de la comisionada fue la falta de cruce de información.
Familiares, organizaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside una de las hijas de Ibarra de Piedra, Rosario Piedra Ibarra, demandaron al gobierno mexicano el esclarecimiento de esta lista.
Texto: Guillermo Rivera y Ramón Gracida Gómez/Foto: Red social X
