Texto: Karla Galarce Sosa / Foto: Carlos Alberto Carbajal
Acapulco, Guerrero, 22 d ejunio de 2018. El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, informó que en noviembre quedará conformado un padrón de jornaleros agrícolas, sus familias, así como los centros donde laboran y sus condiciones.
Lo anterior luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió, en abril de este año, una recomendación por omisiones que derivaron en la explotación de la que fueron víctimas 62 personas Na Savi, originarias de La Montaña guerrerense –48 adultos y 14 personas menores de 18 años de edad, entre ellos lactantes–, en campos de Colima.
Dicha recomendación (15/2018) también fue dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al gobernador y al presidente municipal de Colima.
En conferencia de prensa, Campa Cifrián advirtió que la trata de personas, el trabajo de menores y su abuso son delitos recurrentes contra los jornaleros agrícolas y sus familias, quienes migran a entidades con campos de cultivo procedentes de entidades como Guerrero.
Campa Cifrián indicó que ha habido “otros delitos” de tipo penal y de los cuales no precisó, y que giran en torno a los jornaleros.
Informó, en conferencia de prensa, que en noviembre quedará integrado el padrón de jornaleros agrícolas, intermediarios o “enganchadores”, así como de los “centros de trabajo” del país, pues se pretenden reforzar las inspecciones para conocer las condiciones de trabajo, vivienda y salud.
Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuya trigésimo novena Asamblea Plenaria se efectúa en la zona Diamante, los procuradores y fiscales, explicó Roberto Campa, se comprometieron a fortalecer las inspecciones en los centros de trabajo para atender “cualquier tentativa de delito que se dé” contra los jornaleros agrícolas y para así “hacerles frente”.
“Atender los derechos de los jornaleros agrícolas, de sus mujeres, de sus familias, porque muchos de ellos no viajan solos, sino con sus familias, por ello los temas que nos ocupan tienen que ver con las familias”, dijo Campa Cifrián.
Mencionó la recomendación que hizo la CNDH, en la que planteó que si las autoridades incumplen con la vigilancia de los derechos de los jornaleros agrícolas, es constitutivo de una violación a sus derechos humanos.
Indicó que de tal resolución, se informó a los procuradores para que cada quien cumpla con su responsabilidad.
Afirmó que existen focos rojos en entidades expulsoras de jornaleros agrícolas, no obstante que se desarrolla el trabajo en todo el país, al igual que en los receptores.
“Hay en el compromiso de trabajar en los estados expulsores, fundamentalmente con intermediarios, y garantizar el cumplimiento de compromisos en los estados receptores por las autoridades. Hay temas que están demandando mayor atención, pero no hay un foro rojo de manera especial”; aseguró el funcionario federal.
Reconoció que Guerrero es el estado de origen de muchas de las personas que trabajan en campos agrícolas.
Adelantó que durante la próxima reunión de los secretarios del Trabajo del país será presentada una primera versión del censo para finalmente publicarla en noviembre, antes de que concluya el actual gobierno federal.
Respecto a la contratación de jornaleros agrícolas que trabajan en Canadá, indicó que más de 28 mil, de los cuales un 3 por ciento son mujeres, viajará a ese país, pero no precisó cuándo ni cuánto tiempo.
