Acapulco, Guerrero, a 29 de abril de 2026.- El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, tuvo algunas reuniones “públicas” en la playa Icacos con integrantes del grupo criminal Los Rusos para decirles que los trabajadores que dan servicios a los turistas en ese lugar no podían pagar el “cobro de piso” que les estaba exigiendo, reveló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
A los pocos días del asesinato del también fundador y dirigente de la Asociación Turisteros en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi), se supo que había recibido amenazas de muerte. A un año del asesinato, se publicó que el sicario que le disparó era el mismo que lo estaba amenazando, que Suástegui lo reconoció y alcanzó a darlo a conocer. Meses después el sicario fue detenido y liberado. Toda la información, de testigos, familiares y compañeros de Marco Antonio Suástegui, se ha dado a las autoridades. No hay explicación a la falta de avances en la investigación, que los manifestantes que marcharon el pasado viernes 25 en Chilpancingo reclamaron al fiscal general del estado, Zipacná Torres.
En entrevista el sábado tras la ofrenda floral en la tumba del líder comunitario en Cacahuatepec, que fue víctima de un atentado a balazos el 18 de abril de 2025 en la playa Icacos y muerto siete días después en un hospital privado de Acapulco, Barrera Hernández dijo que que Suástegui Muñoz era “un analista de lo que pasaba, de la situación de Acapulco, él sabía cómo estaban controladas las playas, él llegó a tener varios incidentes con los grupos que extorsionaban en la playa”.
Como publicó en su momento El Sur, en tres ocasiones en los años 2014, 2018 y 2024 las motos acuáticas y el mobiliario de playa que rentaba Suástegui Muñoz en Icacos fueron quemados.
El director de Tlachinollan relató que el vocero del Cecop, quien también era representante de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), estuvo en “dos o tres reuniones junto con trabajadores de la playa y gente de la delincuencia, donde él decía que no podían pagar”.
“O sea, que de repente tenían una cuota de mil pesos y ya después era casi como el 100 por ciento (más); como decir, ‘es que nosotros no podemos trabajar nada más para ustedes’; o sea, él mismo los encaraba, ‘no podemos trabajar para ustedes, está bien, vamos a cooperar porque el gobierno no ayuda, no acompaña, pues déjenos trabajar’”.
Barrera Hernández alertó de la situación en la que “la misma gente se ve obligada a tener que confrontarse o negociar o tener que reunirse con gente de la delincuencia precisamente por ese vacío de las instituciones, entonces Marco tuvo que llegar en nombre de sus trabajadores (de sus compañeros “turisteros”, que trabajan prestando servicios turísticos en la playa), de ser un defensor de los trabajadores de la playa, frente a la delincuencia ante la ausencia de las instituciones”.
Fue el otro frente que el vocero del Cecop “se vio obligado a confrontar, aparte de acá con los gravilleros, con los gobiernos municipales, contra la Parota, la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), que empezó a confrontarse con la autodefensa, entonces cruzó la frontera que era la delincuencia”.
El director de Tlachinollan especificó que las reuniones con la delincuencia organizada empezaron un año antes de su muerte y eran “públicas en la playa y por esa razón él los ubicaba y de ahí que no solamente los ubicaba, la gente las ubicaba, pero obviamente que decían, ‘no’; y los ubicaba y a un lado estaba la Guardia Nacional, a 50 metros estaba el vendedor de droga”.
“Estaba la escena criminal: los sicarios, los extorsionadores, los vendedores de droga, los guardianes del Estado, los trabajadores de la playa”.
El vocero del Cecop se lo comentó a sus abogados de Tlachinollan, quienes le decían que “esa frontera no te toca cruzar”; él les contestaba: “es que no puedo, tengo que trabajar, son chingaderas, de las cinco, seis motos que tengo, se llevan tres para hacer sus chingaderas”.
Barrera Hernández comentó que Suástegui Muñoz “sí tenía ubicadas a las personas, los que controlaban esa franja de la playa, los que cobraban, los que extorsionaban, la gente también sabía”.
Expuso que por la desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz el 5 de agosto de 2021, Marco Antonio “señalaba en general a los Rusos, pero llegó a decir en algunas declaraciones de quiénes eran los que tenían que ver con la desaparición, obviamente aparecen los que están detenidos (además de) El Pino (alias de Pedro Santos Cruz, comandante de la UPOEG que no ha sido capturado pese a la orden de aprehensión en su contra) y otros (de los) Rusos”. Esta información se la han recalcado a las autoridades investigadoras, subrayó.
El director de Tlachinollan recordó que un hombre fue detenido por la venta de droga, pero estaba “vinculado con la situación de Marco”. En su artículo semanal en El Sur en octubre, Tlachinollan reveló que este hombre ligado presuntamente al asesinato fue detenido un mes y medio antes aproximadamente, y luego fue liberado.
El diario español El País publicó el viernes pasado un reportaje sobre el asesinato del vocero del Cecop en el que señala que antes de perder la conciencia en la arena de la playa, “logró decirle a su esposa el nombre del atacante, una persona que conocía: le había amenazado de muerte antes. Meses más tarde, el sicario sería detenido, pero por un delito distinto, venta de drogas al menudeo. Apenas pasó unos días en prisión: luego las autoridades lo liberaron”.
Barrera Hernández reprochó en las declaraciones a El Sur que la Fiscalía General del Estado (FGE) primero informó que sí había una detención, pero luego la negaron y que continuaba la investigación, “no se transparenta todo, obviamente que eso debilita las mismas líneas de investigación y a las víctimas las dejan en estado de indefensión”.
Insistió que Suástegui Muñoz recibió amenazas, “tanto como las que hizo públicas como las que le llegaban a su celular, entonces es lo que le hemos insistido a las autoridades, todos esos elementos, tanto del contexto como de las amenazas, como de los seguimientos, como de estas reuniones, todo eso debe de obrar en el expediente, por lo menos como líneas que hay que atender”.
“Y que todo tenía que ver con su trabajo como defensor, pero que cruzó varias líneas peligrosas, varias fronteras, y pues al final se topó con gente de la delincuencia; y no es porque haya tomado una decisión, sino que las circunstancias, de que su trabajo, de que le llegó directo la extorsión, que ya le estaban afectando su patrimonio; y acuerpó a la gente para poder enfrentar este problema que hasta la fecha sigue y que las autoridades no hacen caso, lo han dejado crecer”.
Enfatizó que las autoridades “no han desmontado estas estructuras, siguen intactas y eso es lo más grave porque entonces Marco estaba luchando contra un aparato donde la criminalidad está enquistada”.
–¿Se va perfilando que la idea del crimen fue por la extorsión en las playas?, se le preguntó al director de Tlachinollan.
–No necesariamente, sino más bien que los grupos del crimen están haciendo un trabajo sucio para otros intereses, como para debilitar el movimiento social. Por ejemplo, esta lucha de Marco de que las playas son para los que trabajan la playa, de afectar intereses económicos, empresariales, delincuenciales y obviamente hasta de grupos políticos”.
Barrera Hernández argumentó que el crimen “es una telaraña, eso es lo peor, que ahora los crímenes contra defensores tiene varias capas y varias redes y están usando a la red más perversa que es la delincuencia para desarticular acciones”.
Dijo que el movimiento de Suástegui Muñoz con los trabajadores de la playa podía replicarse en otros lugares como Puerto Marqués, lo que impediría un “modelo de negocios de alta inversión sobre las playas porque Marco estaba en la otra lógica, del trabajador de la playa”.
“Entonces usaron a estos cuates precisamente para que no creciera esta conciencia de los trabajadores de recuperar las playas, de pelear las playas, de que ellos también tuvieran derecho de estar ahí”.
De esta forma, formuló el defensor de derechos humanos, “ahí tejes lo económico, lo político”, esos intereses veían a Marco Antonio como alguien que les estaba haciendo mucho ruido, que les estaba causando broncas, que los estaba golpeando desde el Acapulco rural, porque no se estaban beneficiando a las comunidades damnificadas.
Barrera dijo que “los empresarios, muy calladamente, pero sí, como diciendo, ‘yo coopero para la causa, yo coopero para que no me vayan a quitar lo que yo ya agarré de playa’; es decir, hay imbricaciones no muy visibles, pero entrando al terreno se empieza a dibujar el arcoíris de intereses que había”.
Se le preguntó si está identificado el grupo con el que dialogó Suástegui, y respondió: “En general, creo que fueron los Rusos”.
Ramón Gracida Gómez
