Llevan un año tratando de hablar directamente con el presidente, para que el director del IMSS, Zoé Robledo presente la denuncia por robo de medicamentos pues esa fue la causa del homicidio de la doctora, y que conozca los atropellos que han sufrido “por buscar justicia”, informa su hijo Bolívar Rojas Rivas
Chilpancingo, Guerrero, 19 de febrero de 2024. En la visita de Andrés Manuel López Obrador, en Atoyac, familiares de la doctora Adela Rivas Obé, asesinada hace siete años, interceptaron el convoy presidencial y entregaron en propia mano una solicitud de audiencia al mandatario federal, para explicarle el robo de medicamentos en clínicas del IMSS de Costa Grande, que no ha sido denunciado por la institución, pese a que fue la causa del homicidio de la directora de microzona y conocida luchadora social.
El hijo de Adela Rivas, Bolívar Rojas Rivas, explicó que después de un año en distintos intentos, con su papá Wilibaldo Rojas Arrellano, pudieron entregarle un libro de la vida de Adela Rivas, y una solicitud de audiencia.
En entrevista telefónica, Bolívar explicó que en el breve intercambio, con la camioneta del presidente en movimiento, Wilibaldo le dijo, “ojalá pueda leerlo, para que conozca el caso”, y el presidente, a modo de respuesta expresó: “ya lo llevamos, fundador del movimiento”.
Aclaró que el presidente reconoció a Rojas como “fundador del movimiento”, porque desde los inicios del PRD y de Morena en Guerrero, sus padres fueron activistas políticos en la izquierda.
No obstante, llevan un año tratando de hablar directamente con el presidente, para que el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, haga justicia a la trabajadora del instituto, asesinada porque descubrió el robo de medicinas.
Explicó que en febrero del año pasado, en otra gira del presidente en Acapulco, también intentaron acercarse, pero sólo pudieron entregar la solicitud a alguien de su comitiva, y en marzo, se comunicó la entonces delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez.
Aunque se le dio la información detallada del robo de medicamentos en la microzona de Papanoa, Petatlán, Petacalco y La Unión, que investigaba su mamá por instrucción de su jefa, María Teresa Díaz Martínez, no hizo nada para denunciar ante las autoridades y sancionar el delito.
Luego, indicó que fue al Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde hizo la segunda solicitud de audiencia al presidente, para insistir en la opacidad del IMSS, y las cuentas de correo y la página donde exponen el caso, presentadas en el escrito, fueron hackeadas. Luego los enviaron con la Comisión Nacional de Búsqueda y una Unidad de Justicia, donde tampoco hubo resultados.
Este sábado, en la Costa Grande, finalmente entregaron el tercer escrito al mismo López Obrador, para insistir en que ningún delito quede impune.
Aclaró que el homicida fue sentenciado por homicidio calificado a 38 años de prisión, pero podría conseguir con argucias legales la libertad, a las que está recurriendo.
Recordó que en el acceso a la justicia, la familia insistió en que la Fiscalía General de Justicia también iniciara procesos contra el detenido por feminicidio, y por desaparición de personas porque su mamá estuvo desaparecida 23 días antes de localizar su cuerpo, por casualidad en un basurero clandestino de Zihuatanejo, pero la Fiscalía no aceptó, y al IMSS le corresponde denunciar el robo.
“Por eso nuestra insistencia de que nos brinde audiencia, para hablar de los atropellos por buscar justicia”, agregó.
Denunció que la jefa inmediata de la doctora Rivas, que ordenó la investigación del robo de medicamentos, fue ascendida en su cargo, y no volvió a contactar a la familia. “Nos mintió, nos dijo que iba a atender el asunto, y no lo ha hecho”, señaló.
Aclaró que el robo de medicamentos en la microzona, está casi terminada en la averiguación previa del homicidio calificado de la doctora Adela Rivas, donde se estableció que debido a esta investigación interna, le quitaron la vida.
Sin embargo, a la fecha las autoridades locales del IMSS han sido omisos en la presentación de la demanda formal, en que han insistido como familiares.
Subrayó que la doctora Rivas Obé, no sólo era una trabajadora comprometida con el IMSS, era una activista reconocida por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
En el séptimo aniversario de su muerte, el 22 de septiembre, hubo un foro con amigos y defensores solidarios con esta causa, entre otros, Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem) y Norma Mesino de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
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