“Ya no queremos fiscal carnal, fiscales bandidos, fiscales narcos”, dice el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui. Piden a los diputados hacer valer esa candidatura ante la gobernadora Evelyn Salgado. Diana Hernández señala que los diputados tienen esta vez la oportunidad de demostrar que escuchan a las víctimas de la violencia. El abogado de Tlachinollan es una propuesta “del pueblo, con una trayectoria limpia, proba”, afirma Carlos de Jesús Alejandro, en nombre de grupos indígenas y afromexicanos. Llevan el mismo documento a las oficinas del Ejecutivo
Chilpancingo, Guerrero, 17 de noviembre de 2021. Representantes de organizaciones sociales, de víctimas, y defensoras de derechos humanos, acudieron a la sede del Poder Legislativo y a la del Ejecutivo a entregar un documento en el que manifiestan su respaldo al abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, para ser designado fiscal del estado, porque consideraron que es la única opción por su cercanía con las víctimas.
Después de que el ahora ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila renunció al cargo, el Congreso local inició un proceso de selección y designación del nuevo fiscal.
Ayer decenas de luchadores sociales demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Poder Legislativo que no dejen pasar la oportunidad de escuchar al pueblo y a las víctimas, y hacer una limpieza de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la puerta del estacionamiento del Congreso local, la hija del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández Hernández, leyó el documento de respaldo a la postulación de Vidulfo Rosales, firmada hasta la mañana por 62 organizaciones y un centenar de personas, escritores, poetas, periodistas y comisarios.
Entre los asistentes estuvieron también el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz; Francisco Echeverría de Jesús del colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa; el ex diputado federal y en representación de organizaciones indígenas y afromexicanas Carlos de Jesús Alejandro, y representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, del Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero, y de la Organización Popular Vicente Guerrero.
Un reportero preguntó si proponerlo para este cargo, no podría resultar riesgoso para el abogado, y en respuesta, Diana Hernández reconoció que es un peligro inminente pero también que “es importante dar este paso… porque necesitamos un Estado que nos dé la certeza de que verdaderamente va haber acciones que permitan un nuevo transitar en el esclarecimiento histórico de los problemas que arrastra”.
Por su parte Marco Antonio Suástegui Muñoz dijo que cuando se enteraron de que había la intención de postular a Vidulfo Rosales “no lo dudamos ni un segundo” y que, como ellos, decenas de organizaciones, cientos de ciudadanos, comisarios y comisariados se han manifestado a favor de la propuesta.
Explicó que las organizaciones están promoviendo a Vidulfo Rosales porque “ya no queremos fiscal carnal, fiscales bandidos, fiscales narcos”, y recordó que en su momento denunció que Jorge Zuriel de los Santos “era un narco fiscal y Esteban Maldonado Palacios era un narco policía y que no eran una célula del crimen organizado, son el crimen organizado”.
Suástegui Muñoz dijo que no se ha desmantelado a los grupos criminales en el estado porque para eso, primero se debe “desmantelar el que está en las fiscalías, instituciones policiacas” como la estatal, la ministerial y las municipales, así como en el Ejército y la Marina.
Reconoció que además de poner en riesgo la vida de Vidulfo Rosales, también lo está el “deteriorar la im gen de un luchador social como él”, pero aseguró que esta “es la única opción para Guerrero” porque el abogado de Tlachinollan es el único que puede garantizar una verdadera atención a las víctimas.
“Estos narcofiscales han dejado una estela de dolor, de sangre, Guerrero no soporta más”, afirmó el opositor a la presa La Parota, y recordó que las dos pasadas legislaturas han estado “arrodilladas ante el gobernador Héctor Astudillo”.
Advirtió que en esta ocasión no permitirán “que este Congreso se arrodille ante la gobernadora Evelyn Salgado, queremos que escuchen al pueblo, la propuesta de Vidulfo Rosales es del pueblo, de las víctimas, de los que estamos viviendo y hemos vivido en carne propia la represión, el encarcelamiento, la tortura, la persecución, la desaparición y el asesinato”.
Marco Antonio Suástegui dijo que Rosales Sierra está consciente de que ese espacio lo pondría en un estado de vulnerabilidad por los vínculos que hay de funcionarios y policías de la FGE que son corruptos y “criminales a sueldo”, pero que “como es un hombre valiente, probo, honesto, aceptó la propuesta” y adelantó que no lo dejarán solo.
Después, habló Carlos de Jesús Alejandro en nombre de organizaciones indígenas y afromexicanas aglutinadas en el Foro Estatal de dichos sectores, quien destacó que Vidulfo Rosales es una propuesta “del pueblo, una propuesta con una trayectoria limpia, proba, de un hombre que se ha distinguido por estar en la lucha social”.
Posteriormente intervino una representante del colectivo, Gema Antúnez, quien manifestó su respaldo a Vidulfo Rosales, “todos los grupos de derechos humanos necesitamos a una persona sensible”, y también envió un mensaje a la gobernadora “le pedimos que escuche al pueblo porque la Cuarta Transformación es que el pueblo pone, y el pueblo quita”.
Una integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, calificó a Rosales Sierra como “una persona recta, honesta, con la preparación suficiente para estar a cargo de la Fiscalía”.
A los luchadores sociales que intervinieron se les recordó que todos los gobernantes anteriores han decidido quiénes son sus fiscales y que el Congreso local únicamente avala la decisión ya tomada, al respecto llamaron a Evelyn Salgado que esta vez no ocurra lo mismo, y que en su lugar escuche a las organizaciones sociales.
Después entraron al Congreso, como pocas veces ha ocurrido en la sede del Poder Legislativo, los representantes de organizaciones sociales, de víctimas y defensores de derechos humanos cruzaron la explanada coreando “justicia, justicia”.
El grupo de unas cuarenta personas llegó hasta la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, donde lanzaron consignas “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
De inmediato salió el presidente de la Jucopo, pero no se acercó, “no pasa nada diputado, acérquese, no lo vamos a morder”, le dijeron, hasta entonces se aproximó.
Le entregaron el documento y le explicaron los motivos por los que están proponiendo a Vidulfo Rosales “no está manchado” como otros aspirantes que recordó, ya han estado en el cargo o en otros espacios encargados de la seguridad pública.
Diana Itzel Hernández dijo a Sánchez Esquivel que los diputados tienen esta vez la oportunidad de demostrar que escuchan a las organizaciones sociales y a las víctimas.
Sánchez Esquivel dijo que informará de ese documento a los integrantes de la Jucopo y que en su momento lo discutirán y tomarán en cuenta en la bancada de Morena, y reiteró que no habrá “fiscal carnal” y que no hay línea.
“Que quede el mejor… que técnicamente pueda controlar un ente tan particular, porque es un ente que no es muy sencillo, tiene cientos y cientos de millones de pesos que implica toda una estructura que se tiene que limpiar, comparto con ustedes”.
Por su parte el diputado Macedonio Mendoza Basurto le dijo a Sánchez Esquivel que Vidulfo es la persona idónea para ocupar ese espacio “conoce los derechos humanos y está cerca de las víctimas, el pueblo no se equivoca, hay que escucharlo”.
Después el presidente de la Jucopo les firmó de recibido el documento y se despidió, “no se preocupen, yo creo que algo se va a avanzar”.
A las 2 de la tarde, los líderes sociales se trasladaron a las oficinas del Poder Ejecutivo y en la Oficialía de Partes entregaron el mismo documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En el documento se apunta que durante décadas las organizaciones “hemos padecido la criminalización a nuestra lucha, los órganos de procuración de justicia se han usado de manera facciosa para colocarnos fuera de la legalidad, implementando acciones penales para perseguirnos y encarcelarnos” además de que no les han permitido el acceso a la justicia por los casos de familiares asesinados y desaparecidos. Y que las investigaciones han sido dilatadas, y adolecen de irregularidades y en la mayoría de los casos existe impunidad, y mencionaron casos como los de Miguel Ángel y Rocío Messino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares, Ranferi Hernández.
También manifestaron la preocupación por la violencia generada por el crimen organizado “que actúan en connivencia con autoridades”, y no se realizan búsquedas efectivas para localizar a los desaparecidos. Mencionaron que persiste la corrupción en la fiscalía, la carencia de servidores públicos para dar atención de calidad o son arrogantes e insensibles.
Y propusieron al licenciado Vidulfo Rosales Sierra “persona de probada honestidad, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos, con una trayectoria de 20 años en litigio en la defensa de luchadores sociales criminalizados, asesinados y desaparecidos”.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
