A pesar de sus denuncias, familias que migran desde Guerrero hacia distintos puntos del país para emplearse como jornaleras siguen siendo blanco frecuente de abusos cometidos por policías estatales, ministeriales y de tránsito, explica Tlachinollan. Ahora la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa se pone a disposición de aquellas familias que necesiten ayuda por extorsiones y otros atropellos
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021. Extorsiones, multas excesivas y detenciones arbitrarias son algunos de los abusos de autoridad que padece la población jornalera que cíclicamente se desplaza desde numerosas comunidades de Guerrero hacia los campos agrícolas del norte de la República.
De acuerdo con la Alianza Campo Justo –integrada por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar, Centro de Análisis e Investigación– este tipo de ilegalidades se acentuó a partir de 2019 hasta configurar un patrón de actuación por parte de diferentes autoridades que violentan el derecho al libre tránsito de quienes se trasladan dentro del territorio nacional en busca de trabajo.
“Empezamos a indagar cuando vimos que los casos eran recurrentes y con un modus operandi similar”, dice a El Sur Margarita Nemecio, coordinadora de la RNJJA. “Era importante no considerarlos como casos aislados, sino hacer ya la denuncia. Pudimos hacer una documentación más fina: ir a platicar con las familias, a los puntos, ubicar los perímetros”.
Estas investigaciones mostraron que los abusos de autoridad son la característica común en el trayecto migratorio desde el lugar de origen hasta los estados de destino.
En Tlapa, los abusos son cometidos por la Policía Ministerial; durante el viaje quienes actúan son elementos de la Policía Municipal y Estatal (cerca de la caseta de Chalco, Estado de México); más adelante, de la Policía Estatal, Federal y Ministerial –autopistas México-Puebla, México-Querétaro), y de la Policía de Tránsito Estatal (carretera Tepic-Nogales, en Nayarit y Sinaloa).
En las zonas agrícolas de destino se han registrado abusos por parte de agentes de tránsito estatales (Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, Islas del Bosque, Teacapán, en Sinaloa) y de la Policía Ministerial (Arandas, en Jalisco).
Y como no todos los empleadores garantizan los medios o los recursos para que las familias jornaleras se trasladen de forma digna, una parte creciente ha optado por moverse en camionetas de su propiedad.
Las comunidades tlapanecas “son las que se han visto mayoritariamente afectadas por el tema de las extorsiones. Ellas van por temporadas cortas, de cuatro o máximo cinco meses. En este tiempo están pensando en regresar a su lugar de origen o inmediatamente ir a otro estado: el contar con su propia unidad les permite no sólo moverse como familia, sino asegurar trasladar lo que llevan”, explica Nemecio.
A principios de año –el 8 de febrero pasado– la Alianza Campo Justo relató esta situación en una carta dirigida a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, y a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Además de detallar varios de los casos documentados a lo largo de 2020, las organizaciones de la Alianza solicitaron la intervención urgente de estas dependencias del gobierno federal. Hasta la fecha su petición no ha sido atendida.
Secuestro exprés a los más pobres
“Hay algunos trabajadores que ejercen sus derechos y argumentan que la policía no puede actuar de esta manera. Ahí los policías le bajan un poco. Pero no todos tienen esa capacidad de defenderse. Frente a la amenaza ‘me das el dinero o te quito la camioneta’, la mayoría reúne el dinero y se lo entrega”, comenta Paulino Rodríguez, responsable de atención a jornaleros agrícolas y migrantes de Tlachinollan.
En entrevista con El Sur, Rodríguez relata que hace poco más de 10 días se registró un nuevo caso. Rumbo a Arandas, Jalisco, dos familias originarias de una comunidad me’phaa de la Montaña fueron paradas por sujetos vestidos de civil que se identificaron como agentes de tránsito. Los supuestos policías llevaron a las familias a una casa de seguridad en donde las retuvieron una hora y media para obligarlas a pagar 30 mil pesos de “multa” por viajar “con exceso de pasajeros”.
Las familias alcanzaron a reunir 15 mil pesos y sólo así quedaron libres.
“Cuando llegaron a Arandas nos contactaron. Clamaban de cómo hacerle, pero es muy complicado porque ninguna dependencia les puede apoyar para recuperar ese dinero”, reconoce Rodríguez. “Esa extorsión, la famosa mochada, ha sido constante. La policía de tránsito, en lugar de guiar y vigilar, actúa en contra de estas familias que lo poco que traen es para comprar sus granos básicos, maíz y frijol, para los días en que permanecen en sus comunidades o en su trayecto hacia los campos agrícolas”.
Entre 2019 y 2020, Tlachinollan atendió varias denuncias hechas por familias jornaleras que enfrentaban multas de hasta 90 mil pesos por viajar con exceso de pasajeros. A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa los casos se canalizaron al Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad y las multas excesivas impuestas por los inspectores de Vialidad y Transportes fueron invalidadas.
Otro abuso detectado por la Alianza Campo Justo son las “extorsiones hormiga” ejercidas por agentes de tránsito municipal en el sur de Sinaloa. Cada día, esas autoridades interceptan a las camionetas de jornaleros y les aplican un cobro ilegal que oscila entre los 50 y 100 pesos. Durante la temporada de pizca, de diciembre a marzo, en esta zona agrícola se mueven alrededor de 200 camionetas.
Atención personal o por teléfono de la CEDHS
Fermín Núñez, encargado de la Visitaduría Regional de la Zona Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, reconoce que la movilidad de las personas jornaleras que se desplazan de forma autónoma representa un problema complejo.
Por un lado, muchos vehículos que no cuentan con los permisos para operar este tipo de traslado tampoco cuentan con las condiciones mecánicas adecuadas y se dan accidentes que pueden llegar a ser trágicos. Por el otro, el servicio de transporte público y regulado representa un gasto inaccesible para la población migrante jornalera. Este contexto propicia la actuación arbitraria y violatoria de las autoridades.
“Los jornaleros intentan el traslado por sus propios medios y si son inspeccionados existe la irregularidad en el sentido de que o los multan o por dejarlos trasladar sin permiso hay hostigamiento, la llamada extorsión que aquí es el delito de cohecho: te dejo hacer lo que está prohibido pero tú me pagas a mí cierta cantidad”, menciona Núñez.
En el nuevo gobierno del estado de Sinaloa “observamos mucha disposición para atender esta problemática tan sensible”, asegura. La intención es empezar a tomar cartas en el asunto en previsión del inicio de la inminente temporada agrícola invernal.
“Es importante que cuando sucede algún hecho de este tipo se informe a la CEDH para determinar la responsabilidad de algún servidor público de manera específica. Con la cuestión de las multas, hemos canalizado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado brindando acompañamiento a las personas.
“El Tribunal pone a disposición asesoría jurídica gratuita para combatir el acto administrativo: ahí la autoridad tiene que sustentar el porqué de la aplicación de la multa, de la cantidad que se fijó, y además se tiene que averiguar qué oportunidad te dieron para alegar a tu favor, de defenderte. Estoy seguro –continúa Núñez– de que muchos casos, si no es que la mayoría, entrarían en la anulación de la multa porque no cumplen con muchas formalidades de la ley”.
El encargado de la CEDH Sinaloa aclara a El Sur que por parte de esta instancia existe la total disposición de apoyar a toda persona que enfrente alguna situación de vulnerabilidad mientras permanezca en esa entidad. Si el caso lo amerita, la Comisión está dispuesta a coordinar, orientar y acompañar mecanismos de queja en contra de cualquier autoridad. De ser necesario, integrantes de la CEDH se desplazarán a los lugares en donde se encuentren las personas afectadas por los abusos de las autoridades.
En la zona sur de Sinaloa, las oficinas de la CEDH se localizan en Mazatlán y pueden ser contactadas por teléfono en este número: 669-9868599.
Se requiere el apoyo desde Guerrero
En materia de movilidad, Fermín Núñez sugiere el establecimiento de subsidios para que el transporte público concesionado esté al alcance de las posibilidades económicas de las personas jornaleras; otra opción sería la activación de convenios entre el gobierno de Sinaloa y los empleadores para que éstos operen servicios de traslado asequibles hacia los campos agrícolas.
Dado que las extorsiones suceden principalmente cuando las personas o familias jornaleras se encuentran en tránsito, la Alianza Campo Justo decidió dirigir las denuncias inicialmente hacia autoridades federales y buscar el apoyo de instancias sinaloenses como la CEDH.
Sin embargo, Margarita Nemecio subraya que también es esencial el apoyo y la coordinación de las autoridades locales o estatales de Guerrero.
“Sobre todo pensando en quienes se desplazan de manera autónoma, es complicado llevar un registro. Las autoridades municipales podrían de cierta manera tener un control y por lo menos saber cuántas personas se van, cuántas de estas camionetas efectivamente cuentan con documentación, para prever que en sus trayectos no sean víctimas de extorsiones”, expresa.
“Podrían, por ejemplo, trabajar un registro con los comisarios y eso permitiría saber que si te pasa algo puedes hablar a la unidad de transportes de tu municipio”.
Texto: Caterina Morbiato/Foto: Archivo
