Chilpancingo, Guerrero, a 22 de mayo de 2026.- Con un mensaje para las autoridades del estado, a fin de que atiendan el problema de las desapariciones, la integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ana Lorena Delgadillo Pérez presentó el informe: Defensa de la Tierra y Desapariciones en Guerrero.
Asimismo, impartió un taller a representantes de colectivos de víctimas y organismos de derechos humanos, quienes le expusieron el grave problema de desapariciones “que ya ha hecho crisis” en la entidad, y le hablaron de omisiones, negligencia y desatención al problema por parte del Gobierno.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández le dijo que Guerrero “es el epicentro” de las desapariciones forzadas desde la década de los sesentas, “y un terreno escabroso” para tener acceso a la justicia”.
Delgadillo Pérez se reunió durante casi tres horas con representantes de colectivos de víctimas de desapariciones, representantes de organizaciones sociales y con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, en la sala de juntas de este organismo.
Pese al problema grave no hay cifras en Guerrero
El Grupo de Trabajo ha documentado mil 733 defensores asesinados en el país entre 2012 y 2022, dijo Delgadillo, y agregó que esto “es importante para Guerrero porque 43 por ciento son de pueblos indígenas, defensores de la tierra, recursos naturales y del medio ambiente”, pero no dio cifras locales.
Reconoció que no cuentan con cifras oficiales y que sus datos son de organizaciones; “no hay ningún país que esté documentando cuántos casos de defensores de la tierra, de los recursos y del medio ambiente están desapareciendo, no tenemos estadísticas, y es muy grave porque (las víctimas) son de poblaciones vulnerables”.
Recomendó a la titular de la Comisión de Derechos Humanos comenzar a documentar los casos, “qué importante sería que a partir de este taller, ésta sea la primera Comisión que empiece a documentar”, pidiéndoles a los colectivos que les informen de todos sus casos, “en un estado donde sabemos que esto (las desapariciones) ocurren, para que podamos exigir políticas públicas, investigaciones y búsquedas específicas”.
¿Por qué las desapariciones?
Explicó que cuando desaparece una persona en una comunidad la intención es debilitar a todo un movimiento, todo lo que esa persona estaba defendiendo, pero sobre todo debilitar a la comunidad.
“Han habido muchas comunidades, y a lo mejor aquí en Guerrero ustedes me podrán contar que cuando hay desapariciones la gente termina desplazándose porque no tiene opción, la obligan a desplazarse”.
Explicó que una vez que la comunidad es desplazada, quienes la atacan ocupan la tierra y se adueñan de los recursos naturales, “esa es la intención de desaparecer”.
Una de las conclusiones del informe es que los países y empresas más poderosos del mundo están adueñándose de los recursos y de los territorios de las personas más pobres y vulneradas del mundo.
“Es decir, -se explicó Delgadillo Pérez-, estos países están viniendo a través de sus empresas a adueñarse de lo que es nuestro, a quitarnos nuestro territorio y en muchos de los casos se coluden con el crimen organizado y con el Estado para quitarnos de en medio”.
Detalló que el proceso del despojo comienza por la criminalización a los defensores por parte del Estado, enseguida viene la militarización, luego entra el crimen organizado para hacer las desapariciones y los desplazamientos y adueñarse del territorio, para que, después, entren las empresas.
Dijo que regularmente esto pasa en países muy débiles institucionalmente, “muy corruptibles donde fácilmente pueden comprar; saben que es un terreno fértil para la corrupción y que teniendo una colusión con el crimen organizado quitan de en medio a las personas, y la desaparición se utiliza como un medio para eso”.
La activista sugirió que se documenten cuántos casos de éstos hay en Guerrero, “porque para ustedes son muy comunes acá”.
Indicó que lo típico que argumenta el Estado cuando hay una desaparición o un asesinato de los defensores es que “es un conflicto entre comunidades, cuando lo que pasa es que las empresas o el Estado tienen infiltrados en las comunidades para generar ese tipo de conflictos.
Las recomendaciones
Delgadillo Pérez recomendó a la presidenta de la Codehum documentar las desapariciones de quienes defienden el territorio, acompañar activamente a las familias de las víctimas y actuar conforme a los estándares internacionales.
Concluyó que el informe se puede aterrizar en el estado, incluso, elaborarse guías específicas en materia de prevención, de búsqueda, investigación, reparación del daño, “y capaz de que Guerrero es el primero que empieza a poner la naturaleza como víctima”, alentó.
Asistieron al taller los representantes del colectivo Cocuyo, Teodoro Gallegos; del Lupita Rodríguez, David Molina; la esposa del desaparecido Vicente Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Samantha Colón; la representante del colectivo Luciérnaga, Neil Arias; la viuda del diputado local asesinado Armando Chavarría, Martha Obeso Cázarez, y el dirigente de pueblos nahuas, Carlos de Jesús Alejandro.
Durante las intervenciones, Teodoro Gallegos denunció que en Guerrero, las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y el Centro de Resguardo Forense, “están repletos de cadáveres”, y no existe un Centro de Identificación Humana para agilizar las identificaciones.
David Molina, en cambio, señaló que no existe una Comisión de Búsqueda de Personas independiente y con recursos suficientes para agilizar las búsquedas, “a pesar de que ya hay una crisis de desaparición”.
Samantha Colón habló de la impunidad, la omisión y la complicidad de las autoridades con quienes desaparecieron a su esposo Vicente, lo que ha impedido su localización.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, alertó que Guerrero es “el epicentro” de las desapariciones forzadas desde la década de los setentas, “y ha sido un terreno sumamente escabroso para tener acceso a la justicia”.
Aclaró que este no es un problema de los gobiernos del pasado, sino que sigue siendo de los gobiernos actuales, pero que lo grave es que ahora hay una colusión y una aquiescencia en cuanto al patrón de desapariciones forzadas, “saben que están sucediendo pero no están interviniendo ni previniendo”.
Denunció que en Guerrero hay varios “focos rojos prendidos”, habló de las comunidades nahuas de Chilapa que recientemente fueron atacadas y donde hay cinco desaparecidos; de la violencia en Huitzapula, municipio de Atlixtac, donde desde hace seis años se han documentado 13 casos de desapariciones, informó.
También de la violencia en Carrizalillo, donde opera la minera canadiense Gold Corp, “y se ha permitido que los del crimen organizado sean los que hagan a un lado a quienes se oponen a la minera”.
Destacó que en todos los casos es el crimen organizado el que toma las riendas con el consentimiento de las autoridades, “que han permitido que haya un poder de facto y que sigan desapareciendo a la gente”.
Explicó que para justificarse, la autoridad argumenta que la violencia es por la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, y cuestionó: “¿si ya saben por qué no actúan?
Ante las quejas y denuncias, Delgadillo informó que el informe que presentó es precisamente para mirar directamente el estado, “el informe está mandando un mensaje específico a las autoridades de Guerrero”.
Indicó que lo que se busca es que sea una herramienta para que las autoridades del estado implementen políticas públicas específicas para quienes defienden la tierra, los recursos naturales, el medio ambiente y han desaparecido.
Insistió que lo primero que se debe hacer es una estadística clara para saber cuántos defensores y defensoras están desaparecidos, “porque no tenemos una estadística clara, y una de las recomendaciones es que la Comisión local ayude a generar esa estadística e información específica sobre lo que enfrentan las familias en estos casos”.
Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
