“La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo aumenta la mortalidad materna y no disminuye el número de abortos” en la región, señala el Consenso de Montevideo
Chilpancingo, Guerrero, 5 de mayo de 2022. Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México enviaron al Congreso de Guerrero diversas consideraciones para el debate del proyecto de decreto de reforma que propone modificaciones en materia del aborto.
Entre estas el Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo, el cual demostró que “la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo aumenta la mortalidad materna y no disminuye el número de abortos” en la región latinoamericana.
En oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo, a los presidentes de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, de las comisiones de Justicia, Jesús Parra García, de Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, y de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández, y a demás integrantes del poder legislativo, ofrecieron asesoría y cooperación técnicas en los términos que convenga a la legislatura.
En el documento fechado el 1 de mayo, que trascendió ayer, se refirieron al dictamen sobre la despenalización del aborto hasta 12 semanas aprobado en sesión extraordinaria el 28 de abril por integrantes de la Comisión de Justicia, sin mencionar la controversia que el tema desató en el poder legislativo.
Los representantes del ONU en México sólo reconocieron la voluntad de avanzar “en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la no discriminación, a la integridad física, a la autonomía y a una vida libre de violencia”.
Sin embargo, recordaron los compromisos y acuerdos internacionales y regionales firmados por Mexico, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo.
Este último dicen que confirma que “en la región latinoamericana se ha demostrado que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo aumenta la mortalidad materna y no disminuye el número de abortos”.
De las recomendaciones de mecanismos internacionales a México señalaron que desde 2012 de la CEDAW, planteó que se “armonicen las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal…”.
En 2018, la CEDAW volvió a expresar preocupación por “las disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.
Ahí pidió que “ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal… armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.
Igualmente, el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones finales de 2015, recomendó a México homologue las legislaciones federal y estatal con miras a la despenalización del aborto y garantice el acceso al aborto legal, “por lo menos en los casos de violación, incesto y aquellos que pongan en peligro la vida y la salud de la niña, y que el acceso al aborto legal no requiera de la autorización especial de un juez o un fiscal”, al igual que a adolescentes embarazadas.
Aclaró que la interrupción voluntaria del embarazo no se deben traducir en la violación del derecho a la vida de la mujer o la niña embarazada, ni de los demás derechos que se les reconocen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es decir, las restricciones a la capacidad de las mujeres o las niñas de recurrir al aborto no deben poner en peligro su vida ni someterlas a dolores o sufrimientos físicos o mentales ni suponer una discriminación contra ellas o una injerencia arbitraria en su vida privada, puntualizó.
En conclusión, los Estados de la comunidad internacional no deberían adoptar medidas como la penalización del embarazo.
De la norma nacional, destacan que los estados deben legislar en acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, donde el poder judicial sostiene que “impedir a las mujeres ejercer sus derechos reproductivos a través de la penalización del aborto, constituye una práctica discriminatoria”.
En la misma sentencia, incida que la SCJN precisa que el derecho a decidir incluye tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, “concepto fundamental de textura inclusiva en el que subyace una finalidad de reconocimiento y visibilización de aquellas personas que, perteneciendo a diversas identidades de género distintas del concepto tradicional de mujer, sus cuerpos sí tienen la capacidad de gestar (por ejemplo hombres transgénero, personas no binarias, entre otras)”.
A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, los indicadores reconocen como un avance la iniciativa de Guerrero para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, “en el camino hacia el pleno reconocimiento, protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres y las niñas”.
Al mismo tiempo, alertaron a continuar estos esfuerzos de armonización legislativa a nivel local en la materia, de conformidad con los compromisos y estándares internacionales y nacionales aplicables.
Firman el documento, representantes en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández Maldonado Castro, de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Belen Sanz, y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Alanna Armitage.
Texto: Lourdes Chávez
