El gobierno de AMLO se encamina al autoritarismo: Vidulfo Rosales. Es una herramienta más de la pedagogía del escarmiento: Centro Minerva Bello. Se trata de generar tipos penales más severos para evitar las protestas: Centro Zeferino Ladrillero
Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 24 de febrero de 2022. Con la aprobación de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que penaliza de tres meses a siete años de prisión a toda persona que “perjudique” las vías generales de comunicación, interrumpa los servicios de peaje o busque obtener un beneficio económico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se encamina hacia el autoritarismo”, opinó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y asesor de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
Dijo, además, que en este gobierno “empiezan a ganar las posiciones duras” y que “no está siendo congruente con el compromiso que tiene con los pobres, con la gente de abajo con la gente que tiene inconformidades sociales”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) Filiberto Velásquez Florencio, opinó que esa ley “es una herramienta más que va a tener este gobierno para seguir lastimando al pueblo pobre, al pueblo que es consciente y que protesta, porque son los que han recurrido a estas actividades de toma de casetas”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara, quien defendió a la activista guerrerense Kenia Hernández, sentenciada el domingo a 10 años de prisión por la toma de casetas, dijo que con esta ley “estamos retrocediendo hacia un régimen con características mucho más autoritarias que los anteriores”.
Consultado por teléfono, Vidul-fo Rosales Sierra opinó que esta reforma “limita y restringe de manera arbitraria y autoritaria el derecho a la protesta”, y que esto es riesgoso en una sociedad democrática.
Dijo que es cierto que la protesta conlleva a actos que generan molestia, principalmente los cortes a las carreteras, la toma de casetas y de edificios públicos, porque altera la convivencia y puede complicar otros derechos, pero que al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que esas molestias y alteraciones a la vida cotidiana es parte de una sociedad plural y democrática en donde convergen una diversidad de intereses contradictorios.
Pero que la misma CIDH sostiene que los gobiernos deben garantizar que cada uno de estos derechos, aun contradictorios, tengan una forma de expresarse, es decir, no tienen por qué limitar ni restringirlo, y “más bien lo que deben hacer es apelar a la solución de las causas que generan la protesta”.
Rosales Sierra agregó que esto indica que el gobierno, lejos de acudir a la restricción o a la limitación de los derechos a la protesta debe atender las causas.
“Me parece que el gobierno mexicano se está apartando de este principio, y un gobierno que dice que entiende las causas sociales y las demandas que conllevan a la protesta social, “no está siendo congruente con el compromiso social que tiene con los pobres, con la gente de abajo, con la gente que tiene inconformidades sociales”, reprochó.
Dijo que con estas acciones, el actual gobierno de López Obrador está actuando igual que los priistas y panistas; “hay un endurecimiento de la política, un endurecimiento contra los que se inconforman, contra los que protestan”, declaró.
Para el abogado, no hay razón para criminalizar la toma de casetas.
Denunció que esta reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación es una forma de criminalizar la protesta social porque está elevando esa conducta a un tipo penal, “es decir, llevas un conflicto social a la arena penal; un conflicto que se puede resolver mediante el diálogo, atendiendo las demandas de los grupos inconformes, pero en cambio, lo que se hace es penalizar un conflicto meramente social”.
Explicó que el gobierno está restringiendo todo un conjunto de derechos, mismos que se están limitando de manera innecesaria y desproporcionada en contravención a lo que establece la propia Constitución y los tratados internacionales en materia de libertad de expresión.
Además, denunció que no se están acatando los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad en este gobierno.
Dijo que el gobierno está actuando contrario a los principios que dice postular; de que está comprometido con los pobres y que entiende las causas sociales que originan una inconformidad de un pueblo como Guerrero y como México, donde tenemos una población inconforme, una sociedad diversa, una sociedad con una multiplicidad de intereses y que debe tener una forma de expresarse.
“Pero este gobierno parece que no lo está viendo de esta manera y está actuando como han actuado los anteriores gobiernos priistas y panistas, y merece una especial preocupación porque ha planteado que es un gobierno diferente, que es progresista, o por lo menos eso se creía, pero que, en los hechos, se encamina hacia un autoritarismo”.
Reiteró su preocupación por que insistió que empiezan a ganar las posiciones duras. “Se empieza a criminalizar cada vez más la protesta; hay un endurecimiento, y la aplicación desproporcionada de la fuerza contra las normales rurales. Se reprimió, por ejemplo, en Michoacán a la sección 18 de la CNTE”.
Alertó que en Guerrero “vemos como con prepotencia y autoritarismo la Guardia Nacional llega a Radio Universidad; una radio nacida del pueblo, que nació al calor de los movimientos sociales y que tiene un compromiso con la ciudadanía”.
Y abundó: “¿Era necesario realizar esas poses autoritarias?, yo creo que no, pero estamos viendo que en este gobierno están ganando esas posiciones, hay un endurecimiento contra la protesta social”, reiteró.
Además, dijo que le parece que el discurso del presidente en las conferencias matutinas no están abonando a la distensión; “está conduciendo peligrosamente a que el gobierno se corra hacia una ala autoritaria que está ganando alentada por un discurso supuestamente contra los conservadores”.
Sin embargo dijo que, en opinión del presidente, “si estás contra él eres conservador, o por lo menos alcahuete o le haces el juego a los conservadores” y Vidulfo dijo que ese es un discurso que polariza porque o estás a favor del presidente o en contra del presidente.
También entrevistado por teléfono, el director del Centro Minerva Bello, Velázquez Florencio, quien da acompañamiento a víctimas de la violencia, opinó que con la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación se va generando una pedagogía del escarmiento y que dentro de la misma estrategia está la sentencia por 10 años de prisión que le impuso un juez federal a la activista Kenia Hernández Montalbán por la toma de casetas.
El abogado Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo que la reforma a esa ley se da justo para la criminalización de la protesta social que implicó el encarcelamiento de la activista Kenia Hernández.
Explicó que de lo que se trata es de generar los tipos penales más severos para evitar las protestas, en las autopistas de cobro. “Todo ello en el marco de una estrategia muy agresiva para defender a las empresas concesionarias, a fin de evitar las protestas en lo que ellos consideran suyo, lo cual evidentemente es una falacia”.
Son medidas punitivas, contradictorias con lo que creíamos que sería el actual gobierno: CETEG
El responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Walter Emmanuel Añorve Rodríguez, dijo que la nueva ley es una forma de intimidación a la lucha social y dijo que son decisiones contradictorias ante “lo que creímos que se iba a dar en este gobierno”.
Dijo que entiende que los grupos de empresarios de derecha han presionado mucho apuntalando este tipo de iniciativas para terminar con la lucha social; es un mal “tino” de los legisladores de la mayoría de Morena que aprobaron la ley y subrayó que no existirían esas acciones si se resolvieran “los problemas fundamentales” de la sociedad.
Señaló esas son reformas punitivas y es importante aclarar que “finalmente esto permea en un ambiente en el que cuando menos, acá en Guerrero, el movimiento social no se va dejar intimidar por estas iniciativas. Se entiende que el contexto que se vive acá es muy distinto al que se vive en otros estados de la República y que en ese sentido el movimiento social, el movimiento estudiantil, el magisterio democrático va a continuar con sus tácticas y estrategias en torno a la reivindicación de sus demandas”.
Añadió que al haber marginados, desprotegidos, derechos que siguen soslayados, un ambiente tan adverso, lleno de violencia, van a seguir las manifestaciones y “aquí yo creo que el gobierno tendría que pensar muy bien si le va a apostar a estar deteniendo a luchadores sociales.
Texto: Zacarías Cervantes y Karina Contreras / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
