La investigación del caso Ayotzinapa va llegar hasta donde decida la Fiscalía Especial, dice el presidente. El actual secretario de Marina, Rafael Ojeda, no está involucrado, asegura. El 27 Batallón, Semar, PGR y Policía Estatal participaron en la fabricación de la “verdad histórica”: GIEI. Hubo “Juntas de Autoridades” en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, guiadas por el jefe de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Confirma el informe que autoridades civiles y militares pudieron evitar los hechos: Tlachinollan
Ciudad de México, 31 de marzo de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía Especial, y que “es muy difícil” que el presidente Enrique Peña Nieto no se haya enterado de las acciones de la Marina en el basurero de Cocula, que reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y exculpó de la decisión de esa operación al actual secretario, almirante Rafael Ojeda.
En conferencia matutina, se preguntó al mandatario federal sobre la molestia de los padres de estudiantes desaparecidos, pues se ocultó información sobre la intervención de la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula. Al respecto dijo que se está investigando a los elementos involucrados.
“Se está llevando a cabo la investigación, no termina todavía, este es un informe de los expertos independientes, falta seguir avanzando.
“Apenas y están declarando o acaban de hacerlo los marinos que se ven, que están en el basurero y también los mandos superiores, pero hace poco tiempo”, explicó López Obrador.
Sin embargo, cuando se preguntó por el almirante Ojeda, el tabasqueño aseguró que él no tenía relación con el caso, pese a haber sido comandante de la Octava Región Naval en Guerrero.
“No, porque él no tiene ningún involucramiento en este asunto (…) y los malquerientes de los otros quieren forzar porque el Almirante Ojeda estaba de Jefe de Zona Naval en Acapulco”.
Además, acusó a sus adversarios que querer “hacerlos ver mal” y que incluso, si pudieran, le echarían la culpa a su gobierno de la desaparición de los estudiantes.
Explicó que las decisiones de la actuación de la Marina en el basurero de Cocula se tomaron a nivel central, los marinos que estuvieron en el basurero son de organismos de inteligencia para tareas especiales.
“Saben que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Semar, como la Sedena, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales.
“Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las ordenes, están actuando desde oficinas centrales… desde aquí”, reveló el presidente.
Reiteró que los responsables están declarando y recordó que esto coincide con los esfuerzos para establecer la llamada “verdad histórica”.
“Entonces por eso lo del video, pero tan es importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad, de que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando”.
Rafael Ojeda Durán, fue el comandante de la Octava Región Naval en Guerrero de 2013 a 2015, se intuye que habría estado enterado de la manipulación de los elementos navales al basurero de Cocula, antes de las primeras diligencias oficiales en el lugar donde supuestamente fueron incinerados los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Es muy difícil que el jefe de Estado no se entere de un asunto delicado
A pregunta expresa sobre la presunta responsabilidad del entonces presidente Enrique Peña Nieto en el montaje de “la verdad histórica”, y en las operaciones de la Semar en el basurero de Cocula, López Obrador respondió que “es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado”.
“Yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera (Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa).
“No supe porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, me entré cuando se generó el conflicto, como era una situación muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque se hubieran registrado muchos muertos.
“Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba, entonces sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o el gobernador no sabía. No, sí se sabe”, afirmó.
Acerca de los mandos de la Marina que participaron en la manipulación del basurero de Cocula, el presidente López Obrador dijo que la mayoría de los que han declarado en la Fiscalía especial del caso Ayotzinapa, ya no están en activo.
“La mayor parte de los que estuvieron en los mandos de la Marina del gobierno anterior, ya están en retiro, no hace mucho que se retiraron, acuérdense que, al llegar a determinada edad, 65 años, van al retiro y no hay excepciones”, aseguró el mandatario.
En respuesta a una pregunta sobre la participación del presidente Peña Nieto, López Obrador dijo que “la investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía especial”, y consideró que “es muy difícil” que el jefe del Estado mexicano no se entere de un asunto delicado.
“¿Quién va a resolver? La fiscalía especial del caso Ayotzinapa y tengamos confianza y este grupo de expertos va a seguir ayudando un año más y lo vamos a hacer porque tenemos el compromiso, no sólo el presidente, sino el Estado y la sociedad, de saber dónde están los jóvenes y qué pasó verdaderamente”.
Consideró que la información que está aportando su gobierno es importante como el video donde se reveló que el basurero de Cocula fue manipulado antes de que se diera a conocer la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido, es más, ya hubiesen cerrado el caso, esto es para hablar en plata, con claridad”, indicó.
El 27 Batallón, Semar, PGR y Policía Estatal, en la fabricación de la “verdad histórica”: GIEI
El informe Ayotzinapa III del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) develó avances importantes sobre la responsabilidad de autoridades en la construcción de la llamada “verdad histórica”, que involucra a la Policía Estatal, el 27 Batallón de Infantería, ahora se sabe que también a la Secretaría de Marina Armada de México, además de la Defensa Nacional, como a la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República.
Reitera la relevancia de investigar si el posible móvil de los crímenes del 26 y 27 de septiembre y la desaparición de los 43 normalistas, fue por la toma del Quinto autobús, como se señaló desde su primer informe en 2015, que podría estar cargado de drogas o dinero
Recordó que desde el principio de sus investigaciones quedó clara la participación en los hechos del crimen organizado coludido con autoridades de diferentes niveles de gobierno, y las informaciones de telefonía incluidas en el Informe Ayotzinapa II, ubicó a integrantes de Guerreros Unidos en lugares clave, en horas críticas, también en conversaciones con agentes de autoridad.
Sin embargo, la PGR desde el principio negó la existencia del quinto autobús Estrella Roja que abordaron normalistas el 26 de septiembre de 2014, hasta que un video encontrado en los archivos de la Central camionera, demostró lo contrario.
El Grupo aclaró que todas circunstancias relacionadas con los hechos del quinto autobús fueron confirmadas, aunque la PGR y las diferentes corporaciones militares y civiles de inteligencia negaron, minimizaron y ocultaron pruebas evidentes.
Desde el primer informe, el GIEI advirtió que el interés de mantener oculto cualquier dato de ese vehículo, indica que puede ser un elemento central en el caso.
“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía el objetivo de obtener transporte para que los normalistas provenientes de otras normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese Estrella Roja”, indicó.
Ahora confirma que, mientras la PGR negaba el tráfico de dinero o droga en autobuses, se contradecía con la captura de un camión modificado antes de los ataques a los estudiantes.
“Desde noviembre de 2014, poco después de los hechos, existía evidencia documental en Sedena de la utilización de buses y responsables de Guerreros Unidos encargados de dichas modificaciones para el transporte. La evidencia de interceptaciones telefónicas en Chicago mostraba relación del pin de la BlackBerry de la persona que se encargaba de dichas modificaciones y llamadas el 26 y 27 de septiembre de 2014 con Illinois”.
Coordinación militar y civil para la “verdad histórica”
Participaron en la construcción de la llamada “verdad histórica”, la Policía Estatal que custodió el basurero de Cocula desde el 4 de octubre de 2014, los integrantes del 27 Batallón de Infantería, que se constituyeron en el lugar el 12 de octubre para indagar sobre el basurero y sobrenombres de quienes luego fueron detenidos.
Asimismo, la Secretaría de Marina estuvo en el basurero el 27 de octubre de 2014, antes que la autoridad ministerial, manipulando la escena del crimen.
Los expertos señalan en su tercer informe que la Secretaría de Marina, la Defensa y la Policía Federal participaron en diversas detenciones de personas que sufrieron torturas y que se “autoinculparon” para sostener la versión oficial de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal y de la SEIDO, responsable de la investigación y custodia de los detenidos.
Pero al menos, desde el 7 de octubre de ese año, comenzó la coordinación entre autoridades civiles y militares para distorsionar las investigaciones.
El GIEI encontró actuaciones paralelas del más alto nivel, como “Juntas de Autoridades” en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, guiadas por el entonces jefe de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Ahí estuvieron personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de la Procuraduría General del Estado (PGJ) ahora FGE, de la Policía Federal, de Seguridad Pública del Estado y el comandante de 35 Zona Militar de Chilpancingo.
También encontraron que el 12 de octubre integrantes del 27 Batallón indagaron en campo sobre El Terco, El Chequel, El Pato y El Guereke, “sin resultados positivos”, pero señalan que localizaron el antiguo basurero y casas próximas, aunque de estos documentos no dieron cuenta a la PGR o a la PGJ, o en las referidas actas de las reuniones de coordinación.
Precisaron que esta coordinación siguió todo octubre “pero ya únicamente con la presencia de autoridades federales, que nunca se volcaron en el expediente ni guiaron la investigación para el esclarecimiento real de los hechos”.
Lo que siguió después fueron una serie de eventos, unos inventados, como una llamada anónima que dio pie a la “verdad histórica”, para llegar a la hipótesis de los 43 incinerados en el basurero de Cocula.
“La primera mención de que los estudiantes habrían sido asesinados en el basurero de Cocula y que sus restos habrían sido arrojados a un río, se realiza en el oficio de puesta a disposición de Salvador Reza Jacobo y Benito Vásquez Martínez, detenidos el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca y consignados al día siguiente”, que adolece de graves irregularidades.
Revela el GIEI que autoridades civiles y militares pudieron evitar los hechos de Iguala: Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el tercer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que revela que la Marina manipuló en el basurero de Cocula, indica que “estamos ante una actuación concertada” por parte de los tres niveles de gobierno y que fue avalada por el ex presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Agregó que esta es una noticia “escalofriante” para los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y para Guerrero, porque indica que “desde lo más alto de las estructuras del gobierno” hubo una actuación “cínica y complaciente” con el crimen organizado para reprimir a los jóvenes.
Dijo que eso explica las “inercias e intereses oscuros”, que hay adentro de las instituciones que no quieren que se conozca la verdad.
En declaraciones por teléfono, el director de Tlachinollan, organismo que da acompañamiento a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, opinó que para Guerrero la noticia de que el Ejército siguió paso a paso el movimiento de los estudiantes es algo “escalofriante”, en el sentido de que la desaparición de los normalistas y la ejecución de sus compañeros fue algo que las autoridades, tanto civiles como militares pudieron evitar, pero nadie hizo nada por impedirlo.
“Dentro de sus competencias pudieron hacer algo para proteger la vida y la seguridad de los jóvenes y no lo hicieron”, reprochó.
Denunció que esta es la historia cotidiana que enfrenta la población; no hay autoridades comprometidas para proteger los derechos fundamentales, al contrario, sus actuaciones están diseñadas para reprimir, asesinar, desaparecer y torturar a quienes levantan la voz, a quienes se organizan, a quienes enfrentan a un sistema impune y que están decididos a transformar las estructuras”.
Y luego, del hecho de que la Marina manipuló en el basurero de Cocula, dijo que “es una mala noticia para Guerrero y para los padres” porque implica que desde lo más alto de las estructuras del gobierno federal y estatal hubo esa actuación “cínica y complaciente”.
Frente a estos nuevos datos, agregó que los papás y mamás de los estudiantes desaparecidos reforzarán sus acciones “en términos de una exigencia mucho más rigurosa” para que se investigue, sobre todo, a quienes intervinieron en esta acción de borrar evidencias y al mismo tiempo se hicieron cómplices de esta actuación criminal”.
Declaró: “Si esto (la intervención de la Marina) se dio a casi un mes de los hechos, imagínate todo lo que pasó en esos 30 días, desde el 26 y 27 de septiembre”.
“Obviamente que estamos ante una actuación concertada por parte de los tres niveles de gobierno y que fue avalada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto”, denunció.
Con respecto al papel del actual gobierno federal, Barrera Hernández admitió que de parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hay voluntad política para esclarecer el caso Ayotzinapa.
“Eso se ha ido verificando en la medida de que se van tomando acuerdos en las reuniones, pero vemos que no tiene la misma voluntad y el interés el personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina”.
Dijo: “Vemos que hay inercias e intereses oscuros, adentro de las instituciones que no quieren romper con esas formas de actuación contraria al respeto de los derechos humanos”.
Añadió que ojalá el presidente pueda intervenir de manera mucho más drástica en términos de no tolerar más simulaciones, “porque sí, hay mucha simulación de parte de las autoridades; en el discurso dicen que sí, y se muestran muy dispuestos, pero en la práctica hay cerrazón, ocultamiento de información, hay argumentos que orientan a burocratizar los procesos de acceso a la información”.
Dijo que con ello queda claro que todavía la estructura del “poder presidencialista y represora” sigue vigente, a pesar de que hay un nuevo gobierno y nuevos aires de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, “pero esto todavía no trastoca las estructuras que están dentro de la Fiscalía, los institutos castrenses, la Marina y de las mismas corporaciones policiacas”.
Añadió que también de parte de los grupos políticos hay intereses muy fuertes en el caso Ayotzinapa; “se niegan a que se les desenmascare porque ejercieron un poder a contrapelo de los derechos de la población, y porque no están dispuestos a desarraigar una estructura que por décadas generó negocios, prebendas y corrupción”.
Por eso agregó que los padres y las madres van a seguir insistiendo y van a pedir una reunión con el presidente de la República para plantearle acciones concretas y favorables en la búsqueda de la verdad y que ordene a la Marina, Ejército y a la Fiscalía que se sumen.
Aclaró que el presidente ya les ha dado la orden pero que se necesita verificar, hacer un monitoreo y un seguimiento para que realmente se profundice y se abran los expedientes, además de que se faciliten los documentos para que se sepa qué más actuaciones irregulares hubo y se corrijan las deficiencias en las investigaciones.
Para Barrera Hernández, a raíz de la nueva información que se dio por parte del GIEI, más que desandar el camino, hay que profundizar la investigación.
“Porque, imagínate, si eso hizo la Marina, cómo estarán involucradas las autoridades municipales y estatales, porque entendemos que todos hicieron causa común para actuar contra los estudiantes”.
Añadió que “ahora ya entendemos que fue una acción concertada para reprimir, para causar terror a los estudiantes. Concertada desde lo más alto de las instituciones castrenses”.
Añadió que afortunadamente los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos han tenido fuerza, osadía, valor y compromiso para llegar a conocer la verdad, al grado de que son los que lograron desnudar y desenmascarar este entramado delincuencial.
“Aquí lo que sigue es profundizar estas investigaciones y que en verdad se investigue a los altos mandos de la Marina”, declaró.
Texto: Agencia Reforma, Lourdes Chávez y Zacarías Cervantes / Foto: Agencia Reforma
