Florencio Salazar
Estudiar las semejanzas y diferencias
de actividades tan distintas
arroja claridad.
José Antonio Marina.
Guerrero es una piñata a la que le pegan duro para agarrar todos los beneficios posibles; y, como a las piñatas, para obtener algo hay que hacer pedazos la olla a garrotazos. Las organizaciones sociales y políticas que marchan, bloquean, cierran calles, toman oficinas y retienen funcionarios, cada una de ellas puede tener razón. Pero con frecuencia la magnitud de las demandas no corresponde a los actos de presión, como ocurre al bloquear las calles de la ciudad por el cambio de adscripción de algún servidor público. Sin mesura se incurre en actos extremos, que también son consecuencia de la sordera oficial. A nadie servirán los tepalcates que queden de la piñata guerrerense.
Generalmente la suscripción de acuerdos establece los tiempos y condiciones para atender las demandas, pero sin cláusulas en las cuales los demandantes establezcan sus compromisos para mejorar los servicios a su cargo y someterse a evaluaciones objetivas y periódicas. El compromiso debe ser en doble sentido: te doy y me entregas resultados. Sin compromiso se acelera la quiebra social, se crean espirales abusivas.
Corresponde al gobierno valorar los alcances de la aplicación de la ley y, por supuesto, sus resultados. Para no reprimir, el gobierno debe contar oportunamente con información que le haga posible anticiparse a los problemas. Diálogo y acuerdo deben ser resultado de la exposición de programas y de la existencia de recursos. Si la administración responde a la presión no hay diálogo y tampoco acuerdo; hay imposición, amenaza, actos de fuerza.
Por la desacralización del poder los ciudadanos ya no ven al Tlatoani como al que todo lo puede. Una simple observación indica que los gobernantes, teniendo más poder que cualquier ciudadano o empresa, cada vez son menos respetados y más vulnerables. La complejidad de gobernar es constante por la presencia de los actores fácticos que disputan el poder. A ello, hay que sumar la insuficiencia de los recursos presupuestales. Al incrementarse los conflictos se incrementan también los riesgos de la quiebra social.
El discurso político carece de sentido como reiteración retórica. Se está gestando un individualismo diferente al de la sociedad de consumo. Ahora se trata del individualismo de los requerimientos básicos y personales (a mí lo mío), lo que conduce a la defensa del interés parcial frente a toda la sociedad. Es decir, el interés general está pasando a segundo término. Se trata de obtener los dulces, aunque se quiebre la piñata.
De ahí la prioridad de integrar los mejores equipos en los diferentes órdenes de gobierno. En una empresa particular ningún propietario, gerente o administrador permite que sus empleados lleguen a la hora que quieran, no cumplan con su trabajo, desatiendan al público, usen los recursos del negocio en su provecho y desperdicien las cosas. Si así fuera, esa empresa iría a la quiebra. El gobierno es una empresa pública y en él debe privar el mismo criterio.
En el servicio público busqué a los mejores colaboradores posibles, fueran o no amigos o conocidos. Prescindí de algunos de ellos por razones de disciplina y lealtad en el trabajo. En esto no hay que equivocarse: los elogios, las manifestaciones de lealtad y muchos ditirambos más, incluyendo penosos actos de servilismo, son para el que ocupa el puesto, no para el ser humano. Considerarlo así evita amarguras en la calle de la ingratitud. No hay que perder la responsabilidad en las sombras del halago.
Obviamente, el actual gobierno –igual que el de Héctor Astudillo– no tuvo bono democrático, ese lapso entre el arribo y la planeación para proyectar la obra sexenal. Se debe empezar por conocer las fortalezas y debilidades de la administración y calibrar la capacidad del equipo. Esa valoración corresponde a la gobernadora Salgado Pineda, a quien toca evitar que rompan la piñata.
