Persisten desigualdad social, criminalización, desplazamientos forzados y discriminación, advierte la Relatora Especial en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas . Victoria Tauli-Corpuz hace público el informe sobre su visita a México en noviembre pasado. Destaca la UNESCO la diversidad lingüística del país.
Texto: Beatriz García / Foto: El Sur
Chilpancingo, Guerrero, 10 de agosto de 2018. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público el informe de su visita a México, donde incluye a Tlatzala, municipio de Tlapa, y en el que destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser prioritario, y requiere una reglamentación conforme al derecho internacional.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan expone que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatorora hizo pública su visita a México del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
En el estado, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
En el informe, la relatora manifiesta los problemas de los pueblos indígenas, la necesidad de preservar y proteger las tierras, territorios y recursos.
Para la experta, éste es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a sus necesidades y no se ajustan a las obligaciones internacionales de México.
Abunda que los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales.
“La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios… en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta”.
San Miguel del Progreso, ejemplo paradigmático de defensa legal de derechos territoriales
En su visita a Guerrero, escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
La Relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y otorgamiento de permisos forestales.
“Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales”, indica el escrito.
San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera.
Agrega que en esta lucha contra los megaproyectos, para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización; y que esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados, a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En el informe, Tauli-Corpuz resalta que, a las comunidades indígen de Ayutla de los Libres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación les validó la consulta para que en el proceso electoral local de este año se eligieran autoridades locales de acuerdo con sus usos y costumbres.
Preocupa a Tauli-Corpuz que desconozca a policías comunitarias la reforma constitucional
El comunicado añade que otro asunto relevante y preocupante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas, por lo que la relatora hace un reconocimiento a pueblos y organizaciones que han presentado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.
“Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”, rescata el comunicado de las palabras de la relatora.
Además, Tauli Corpuz tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de policías comunitarios acusados de diversos delitos.
En el comunicado se lamenta la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional, que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida, tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el fallecido antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU.
Sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comentó que México atraviesa una grave crisis de violencia y de inseguridad con niveles alarmante de asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Por otro lado, la relatora se reunió con padres de estudiantes de comunidades indígenas, y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”.
El crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los pueblos, dice
Otra situación grave que recabó la relatora especial en Guerrero, es la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros y que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Pese a estos grupos, las autoridades impulsan proyectos sin atender el grave problema de la violencia.
Asimismo, para la relatora, los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación histórica y estructural han profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, manifiesta.
“En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial”.
Documenta violencia obstétrica y desatención a feminicidios, niños y jóvenes
También, la relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos, y para tipificar los feminicidios.
Otra grave preocupación es la violencia obstétrica, ya que mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de Salud, cuando requerían atención obstétrica, lo que tuvo como resultado algunas muertes y graves lesiones.
En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de Salud.
Por otro lado, en el caso de niños y los jóvenes Victoria Tauli señaló que en Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado, dada la ausencia de políticas de prevención del Estado y de oportunidades económicas, y que en regiones afectadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas, quedan pocas opciones para los jóvenes, que frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas comunidades indígenas han emprendido acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un número suficientes de docentes.
En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales y humanos; sufren graves problemas por exposición a agroquímicos, falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual de los empleadores.
También expone que le preocupa la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud, en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas.
Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían a la orilla del campo agrícola.
Para la relatora especial, los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares, y desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades, pero autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural.
El informe será presentado por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el trigésimo noveno Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 10 al 28 de septiembre de 2018.
El gobierno de México no ha cumplido compromisos en derechos humanos a los indígenas: ONU
Texto: César Daniel Martínez Cisneros, Agencia Reforma
Ciudad de México, 10 de agosto de 2018. Criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, entre otros problemas, enfrentan los pueblos indígenas en México, concluye un informe de la ONU.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, hizo público ayer su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
Publicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el informe critica que a pesar que desde 2003 el gobierno de México hizo compromisos en materia de derechos humanos, los indígenas no los gozan a plenitud.
“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indica Tauli, en el documento que presentará oficialmente en septiembre.
“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
Estos problemas, agrega la relatora, se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, lo que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
Para la especialista, la situación de los pueblos indígenas refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, sentencia.
Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales.
“Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia”, plantea.
“(El segundo,) adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales”.
Al dirigirse a los pueblos indígenas, Victoria Tauli los alentó a continuar desarrollando y fortaleciendo sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, con estándares internacionales.
El informe fue acompañado por un listado de 100 casos que la relatora recibió en su visita a México, sobre violaciones en 15 estados, principalmente Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
