“Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: ‘no puedo, porque yo tengo otros datos’”, dijo el mandatario luego de que la Suprema Corte eliminó la prisión preventiva oficiosa en delitos de cuello blanco
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal desobedecer a jueces que liberen a defraudadores fiscales.
“Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública, que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y que se aguanten”, reprochó.
Esto, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la reforma de 2019 que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, impulsada por su gobierno.
Los delitos fiscales que la Corte frenó son la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos.
El mandatario destacó que en la sesión del jueves de la Corte, dos mujeres –Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que él mismo propuso para integrar el máximo tribunal– fueron quienes votaron en contra de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa de los delitos fiscales.
“Todos las demás como empleados de los machuchones. Lamentable, de pena ajena”, expresó.
“Porque ahora”, insistió, “si hay un fraude se tiene que justificar la prisión preventiva. Imagínense, 24 horas, a ver el juez buscando cómo justificar”.
“Nada, una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de Estado de derecho. Es lo mismo, igual, es decir”, expuso el presidente y él mismo representó un diálogo.
“—¿Por qué le diste libertad a este delincuente?
“-Ah, es que estaba mal integrada la averiguación. Lo mismo.
“-Oye, ¿y por qué ordenaste que se liberara a las 7:00 de la mañana del sábado?, ¿por qué no lo hiciste el viernes a las 7:00 de la mañana o el lunes o el jueves?
“-Ah, ¿por qué lo hacen el sábado?, porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo. Y además el juez: ‘24 horas; si no, atente a las consecuencias’”, señaló.
En ese contexto fue cuando dijo la instrucción que dio a la SSPC para que “aguanten”.
Los ministros están protegiendo a “la delincuencia de cuello blanco”, reprocha el mandatario
López Obrador arremetió ayer contra los ministros de la Suprema Corte por anular la reforma que imponía prisión preventiva forzosa a los acusados de factureros, contrabandistas y defraudadores por montos superiores a 8.7 millones de pesos.
Consideró que la actuación de los juzgadores fue lamentable, vergonzosa y leguleya.
Sostuvo que, con su decisión, los ministros actuaron como empleados de los potentados, al permitir la impunidad defraudadores fiscales y convertir en una caricatura al Estado de derecho.
“Es muy lamentable, es una vergüenza eso, con todo respeto. Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco”, reprochó.
A pregunta expresa, López Obrador aseguró que se registraron muchas presiones para echar abajo la reforma.
Cuestionado sobre las acciones que tomará tras la resolución, el Presidente dijo que seguirá denunciando las malas actuaciones del Poder Judicial e insistió en la necesidad de que realicen una reforma interna.
ONU-DH lamenta que la Corte no haya podido lograr un acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que la Corte no haya podido lograr un acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En un pronunciamiento, destacó el esfuerzo de quienes han procurado acotar la aplicación de la medida privativa de la libertad, considerada, remarcó, claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.
Recordó que el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con tratados internacionales de los que México es parte.
“Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década”, señaló Guillermo Fernández, representante de la ONU-DH.
La orden de AMLO atenta contra la Constitución: opositores
Diputados de Oposición aseguraron que la instrucción del presidente López Obrador a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que desobedezca órdenes judiciales atenta contra el Estado de Derecho, los derechos humanos, la Constitución, el Poder Judicial y la división de poderes.
La diputad del PRI, Lorena Piñón, calificó como kafkiana la instrucción que López Obrador le dio esta mañana a la dependencia federal y advirtió que ésta podría generar graves violaciones a los derechos humanos.
Piñón lamentó que el jefe del Ejecutivo federal ordene a una institución pública incurrir en un desacato al mandato de los jueces, en un país en donde la percepción de la impunidad es alto.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que lo dicho por el Presidente no sólo es desafortunado, sino un síntoma grave del autoritarismo que ha caracterizado su estilo de Gobierno.
Ven juristas conducta delictiva en el llamado del Ejecutivo
El llamado del presidente Andrés López Obrador a incumplir con sentencias judiciales es en sí mismo una conducta delictiva que atenta contra la autonomía del Poder Judicial, consideraron especialistas en materia legal.
Jorge Lara, ex subprocurador Jurídico de la extinta PGR, advirtió que los funcionarios que acaten la instrucción presidencial se exponen a ser procesados y destituidos del cargo.
“Una instrucción jerárquica de esta naturaleza no tiene respaldo legal y sí podrían configurarse distintos delitos. El propio llamado en sí, ya implica riesgos tanto para el Presidente, que es el que lo emite, porque de aquí pueden derivare abusos de agentes que oficiosamente digan que están siguiendo una instrucción de esta naturaleza”, dijo Lara. “Lo expresado por el Presidente lo ubica en la posible comisión de diversas modalidades de delitos contra la administración de justicia, contempladas en el artículo 225 del Código Penal Federal”, señaló.
Estefanía Medina, ex directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, señaló que la apología del delito, prevista en el artículo 208 del Código Penal Federal, es una figura aplicable para el llamado del Presidente.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
