Reaccionan feministas a la aprobación por el Congreso de la iniciativa para sancionar conductas que promuevan la cohabitación forzada
Chilpancingo, Guerrero, 22 de octubre de 2022. Después de la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso local para sancionar con prisión y multas las conductas que induzcan a uniones tempranas o matrimonios forzados, feministas señalaron que falta la política pública que articule a todas las dependencias estatales para erradicar esa práctica, y cambiar la costumbre arraigada no sólo en comunidades indígenas.
En consulta telefónica, la directora de la Asociación Guerrerense contra la violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, señaló que la ley debe estar acompañada de medidas de prevención del delito, porque el nuevo sistema penal evita que haya mayor carga en las prisiones.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, confirmó que lo punitivo no garantiza nada, “ya hablamos que la discusión debía ser mucho más profunda; es una costumbre tóxica, sobre todo en comunidades indígenas y afromexicanas, también tiene que ver con una pobreza profunda y desconocimiento de las familias, aunque la ignorancia no implica que pueden violentar derechos humanos”.
La académica María Luisa Garfías Marín llamó a involucrar a las autoridades comunitarias agrarias y municipales, a las líderes comunitarias y de las organizaciones, antes de imponer acciones del Estado, las cuales debieron ser consultadas con actores sociales.
Por separado, Reyna Aguilar aclaró que el hecho de que haya una reforma al Código Penal, no implica que habrá muchas detenciones, porque el nuevo sistema penal fue diseñado para reducir la carga de las prisiones.
Por ello, señaló que esta reforma debe considerar la prevención del delito, cambiar un aspecto cultural muy arraigado en algunas comunidades con todas las instancias involucradas trabajando fuertemente en ello; las secretarías de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de la Mujer, de la Juventud, de Educación para prevenir estos delitos.
“No se trata de llenar las cárceles, sino de que haya medidas preventivas. Hoy se considera delito y la idea es que se deje de hacer y que cambie, desde cómo piensa la gente en las comunidades que lo validan y lo tienen normalizado”.
Aclaró que todavía muchas personas no ven mal los matrimonios infantiles y forzados, porque faltan acciones de intervención.
En cuanto a la estrategia que lanzó en diciembre pasado el gobierno del estado contra esa práctica dijo que espera que sea articulada para ir reeducando a adolescentes, jóvenes y adultos, que no haya más actitudes permisivas hasta su erradicación.
Destacó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se comprometió a coadyuvar en este proceso, “lo importante es que no sólo sea discurso. Si es así, me parece buena la iniciativa; creo que, sumando esfuerzos, vamos a lograr el objetivo con todas las instituciones. Por algo se empieza, falta verificar que se lleve a cabo”.
Camino incierto de las víctimas que escapan: Gutiérrez Sotelo
Gutiérrez Sotelo reconoció la aprobación de la iniciativa por la preocupación que se observa finalmente de las autoridades en los temas de las mujeres.
Añadió que el gran reto será desmontar la violencia estructural que tiene que ver con marginación, pobreza, ignorancia muchas veces de personas que se ven envueltas en estas “prácticas tóxicas”, tanto de quienes la padecen como quienes participan para que ocurran.
“Habría que hacer mucha acción de prevención, muchísima labor de atención porque ya hemos visto que otras leyes punitivas y no han garantizado los derechos de las mujeres”.
Señaló que las penas máximas a feminicidas no son suficientes para inhibir el delito, si no hay trabajo de investigación.
En el caso de los matrimonios forzados, coincidió que tampoco se trata de meter a las personas en la cárcel, que no alcanzarían para quienes cometen delitos contra las mujeres, sino más bien enviar el mensaje de cero tolerancia y que se haga conciencia en que los derechos de las mujeres se tienen que respetar.
Sobre la reforma penal de “delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”, la cohabitación forzada, cuestionó: “¿serían sancionadas autoridades que aparezcan en medio de esta violencia?, ¿o quienes sean omisos a atenderlas”.
Recordó que en el Sector Salud denunciaron que atendían a las mujeres que solicitaban interrupción de embarazos por violación, después de la despenalización del aborto en el Código Penal.
Insistió en que debe cerrarse el círculo de prevención, atención, sanción para finalmente llegar a la erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres, y un paso es tener el marco legal como garantía de que se van a sancionar estas prácticas, pero el gran reto es el cómo y qué hacer para que no siga sucediendo.
“Porque una vez que esta niña, adolescente, mujer es dañada en su vida, su cuerpo y su alma, ¿cómo se reparan los daños, cómo se garantiza la no repetición? Y en medio de esto, ¿cómo se atiende a quienes están siendo víctimas en este momento? Quienes denuncian o escapan de sus agresores, luego son víctimas de desplazamiento forzado, no pueden regresar a las comunidades y tienen camino incierto”.
Recordó que la gobernadora Evelyn Salgado ha destacado que la erradicación de la violencia hacia las mujeres es uno de sus principales objetivos, “le quedan cinco años para que se aplique la política pública, luego de la aprobación de la ley”.
También en la Sierra hay cohabitación forzada: Garfías
La activista feminista y académica, Garfias Marín, compartió que los matrimonios infantiles, forzados y la venta de niñas no se va a solucionar con la penalización si no hay un proceso de sensibilización, de promoción de los derechos humanos en comunidades indígenas y rurales.
Subrayó que no es exclusivo de una zona en Guerrero, en la Sierra también se encuentra niñas de 14 años cohabitando con personas adultas.
Enfatizó que los acuerdos prematrimoniales son parte de usos y costumbres, por lo tanto, para erradicarla, debe estar involucradas autoridades comunitarias, que desde ahí se realice este trabajo.
Además de buscar contactos las lideresas indígenas, afromexicanas, representantes de organizaciones de mujeres para atender este problema. No se trata de imponer y sancionar, sino de cambiar mentalidad de habitantes de esas comunidades. Como se acaba de aprobar la iniciativa de la gobernadora, prácticamente se va a pensar que está penalizado”.
Destacó que la CRAC-PC va a desarrollar una estrategia de formación y sensibilización, y va a someter a reeducación no sólo a quienes vendan sino a quienes compran a una menor de edad, porque regresan muchos de Estados Unidos con dólares, y fácilmente pueden comprar a una niña, una adolescente, y también deben ser sancionados.
Texto: Lourdes Chávez
