En la manifestación mensual en Iguala, reclaman que se indague la participación del 27 Batallón de Infantería del Ejército en los ataques a los normalistas. Efectivos de la Guardia Nacional se acercaron inusualmente al mitin para tomar fotos de los participantes y preguntar el motivo de su visita
Iguala, Guerrero, 28 de diciembre de 2021. Entre reclamos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por los escasos avances en las investigaciones para conocer la verdad en los hechos, así como la exigencia de que se investigue la probable participación de efectivos del 27 Batallón de Infantería y castigar a todos los involucrados, se conmemoró la tarde de este lunes en Iguala el cumplimiento de siete años y tres meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Una comisión de unas 20 madres y padres de los 43 muchachos, y unos 60 alumnos de la Normal Rural llegaron a bordo de tres autobuses a las 12:40 de la tarde, y acompañados por miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala colocaron una ofrenda de flores e hicieron oración en la estela colocada en memoria del normalista que fue torturado y desollado el rostro, Julio César Mondragón Fontes.
En un hecho inédito, un grupo de agentes de la Guardia Nacional, a bordo de una patrulla rotulada con el número 088, que antes era usada por policías federales de caminos, llegó en la ciudad industrial hasta el lugar donde se realizaba el mitin, tomaron fotografías de los autobuses, de las personas que descendían de ellos y posteriormente en el mitin.
Anteriormente los militares y Policías Estatales han dado seguimiento a estas movilizaciones pero a la distancia.
Uno de los agentes se acercó a un grupo de madres para preguntarles el motivo de su visita a Iguala y por el mitin realizado, posteriormente les dieron seguimiento hasta que se retiraron de la ciudad.
Un estudiante normalista señaló en el primer acto que en esta jornada global a 87 meses “seguimos levantando la voz, seguimos exigiendo justicia, no podemos olvidarnos ni quedarnos en nuestras casas, tenemos que honrar la memoria de los estudiantes caídos, y tenemos que seguir levantando la voz para exigir la presentación de los 43 estudiantes. Y de los miles más que hacen falta en México y en Guerrero”.
En su intervención, el señor Margarito Ramírez advirtió que seguirán en la lucha hasta saber la verdad de lo que sucedió con sus hijos para que haya justicia. “Por eso nosotros aquí andamos, y seguiremos adelante, y esperemos que todos los que están aquí también nos sigan acompañando hasta saber la verdad”, pidió.
Denunció: “este gobierno nos prometió que íbamos a saber la verdad, pero hasta ahorita no hemos sabido nada, por eso nosotros vamos a seguir luchando para saber qué fue lo que pasó con los demás compañeros de los que cayeron aquí”.
Un estudiante reclamó que desde su campaña y al inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que le daría solución a este caso “y hasta la fecha no hay solución”.
Exhortó al Ejecutivo federal y a las autoridades a que “se pongan a trabajar para que castiguen a los responsables intelectuales y materiales de este caso, y que se abra la carpeta de investigación contra el 27 Batallón del Ejército que está en Iguala porque ellos tuvieron participación directa y estaban al tanto de lo que sucedía ese día”.
Después del primer mitin, los padres, estudiantes y organizaciones se trasladaron a la esquina de la calle Juan Álvarez con Periférico Norte para colocar una ofrenda de flores y hacer oración en memoria de los alumnos Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
La señora Bertha Nava subrayó que seguirá exigiendo a este gobierno de la República y al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra que ofreció a los padres y madres de los estudiantes que les dijo que se llegaría a la verdad y les diría dónde están sus hijos, “hasta el día de hoy se sigue burlando, sigue engañándolos diciéndoles que pronto va haber más noticias”.
Dijo que si el gobierno estuviera ajeno al crimen organizado nada de esto estaría pasando, “pero está caminando con la delincuencia, la delincuencia nos está mirando, nos está grabando, nos está tomando fotos y no tenemos miedo, aquí estamos y vamos a seguir estando y exigiendo que queremos a nuestros 43 estudiantes que se llevaron en aquel maldito 2014 que nos dejó este dolor”.
Un alumno de la Normal denunció que hay la certeza de que en los hechos hubo la participación directa de efectivos del Ejército, como se evidenció en investigaciones que soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala sabían lo que ocurría desde la tarde del 26 de septiembre de 2014, y dieron seguimiento momento a momento a los estudiantes, “ellos tenían información de primera mano, y lamentamos que a más de siete años de los hechos no hay ningún responsable que haya sido sentenciado por estos hechos”.
El padre de familia Rafael denunció que las autoridades están sólo “vacilando” en el mismo sitio de los supuestos hallazgos de sus hijos, en el basurero y la barranca La Carnicería de Cocula, y cuestionó que por qué no se extiende la búsqueda en zonas más arriba donde les dijeron que vieron caminando a sus hijos en esa zona.
“Algo están ocultando, no quieren que caigan sus grandes compadres o amigos que tienen en el gobierno, porque todos, los tres niveles de gobierno participaron en esos hechos”, reclamó.
El gobierno ha ido rompiendo el pacto de silencio sobre los 43, dijo Adán Augusto a senadores
La Secretaría de Gobernación (Segob), representada por el secretario Adán Augusto López Hernández, respondió a los senadores de la República cuestionamientos sobre los avances en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. La Secretaría aseguró que hasta el momento, el gobierno de México avanza en el compromiso de esclarecer los hechos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala como uno de los dos compromisos pendientes en su administración.
A pesar de que la comparecencia del secretario de Gobernación se realizó el 29 de septiembre, fue hasta el 14 de diciembre cuando López Hernández entregó las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores. En el documento se destacó que el actual gobierno ha ido “rompiendo el pacto de silencio”, además de que asegura que ha evidenciado vicios en las instituciones de justicia que imposibilitaban la justicia.
El secretario señaló que aún existen tres desafíos, en los cuales tienen que participar tanto la Secretaría de Gobernación como el gobierno federal. El primero es continuar con la llamada ruptura de pactos de silencio tanto en las instituciones como con personas claves. La segunda, el impulso de la creación de una jurisdicción única para agilizar procesos de judicialización.
El tercer desafío que se han impuesto es continuar con el proceso de extradición de Tomás Zerón, que se encuentra en Israel. El pasado 21 de diciembre, el presidente López Obrador, declaró que el gobierno israelí ha sido sensible ante esta situación, a pesar de que no existe una fecha para el retorno del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, responsable de desviar la investigación y desaparecer evidencias para fabricar la “verdad histórica”.
Mencionó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), se ha encargado de brindar asistencia y atención a los familiares de las víctimas, del caso, buscando un acompañamiento transparente y centrado en las víctimas.
Además, aseguró que la Covaj ha solicitado información a diferentes dependencias relacionadas con el caso. Entre las instituciones se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que tal como se publicó el 27 de noviembre pasado fue señalada por el representante legal de padres los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, de ser un “obstáculo” para la investigación.
De igual forma, aclararon que han existido 55 jornadas en siete municipios del estado de Guerrero. Estas jornadas, han funcionado para la elaboración de mapeos relacionados con la posible ubicación de los normalistas desaparecidos. En el documento, López Hernández destacó la identificación genética de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fueron realizadas por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck y corroboradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Resaltó que hasta junio de 2021, se han mantenido 15 reuniones de evaluación y seguimiento con la presencia del Ejecutivo federal. Además de contar con 10 reuniones de trabajo ordinarias y 30 reuniones.
Texto: Alejandro Guerrero / Juan Luis Altamirano Uruñuela
